OPORTUNO Y TRANQUILIZADOR

Motivado por un reciente señalamiento de que se estaba ejerciendo presión sobre los oficiales de los institutos castrenses que se estarían resistiendo a brindar su apoyo a Danilo Medina, el Ministerio de las Fuerzas Armadas ha dado a la luz pública una resolución adoptada el pasado 24 de abril en torno al presente proceso electoral.

En la mencionada resolución, el Ministro del ramo, teniente general Joaquín Pérez Féliz, recuerda a los integrantes de los cuerpos armados el carácter apolítico de los mismos y su absoluto sometimiento a la autoridad civil, en cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Asimismo, su compromiso de ser garantes del orden público y la paz ciudadana y en consecuencia, de velar porque el pueblo pueda “ejercer libremente sus derechos y deberes constitucionales de manera pacífica y ordenada”, válido en particular a las elecciones del próximo 20 de Mayo.

Aunque ya distantes los días en que se acusaba a integrantes de la guardia de llevar amarrados en la punta de sus fusiles un trapo rojo, las denuncias de politización de elementos uniformados han continuado estando presentes en los procesos electorales. Este no constituye una excepción. Y de ahí, lo oportuno de haber dado a la luz pública esta resolución que hasta ahora tenía un carácter interno.

Si hay uniformados que violan estas disposiciones y el obligado credo de apoliticidad de los cuerpos castrenses, lo correcto es señalarlos con pelos y señales. Las denuncias hechas al vuelo y en forma generalizada, gozan cada día de menos interés y credibilidad.

Por otra parte, las seguridades que ofrece el Ministerio de las Fuerzas Armadas de que la ciudadanía podrá ejercer libremente sus preferencias electorales, resulta tranquilizadora.

La campaña donde la violencia verbal era subida de tono pero estaba libre de agresiones físicas, muestra en estos días finales un panorama diferente. Ya hemos tenido que lamentar dos muertes; aún cuando la primera fuera por motivos personales según la familia del occiso, se produjo en el marco de un bandereo partidario.

En los últimos días, hemos asistido además a una nueva modalidad de violencia: las botellas y piedras usadas como proyectiles. Víctima de ellas han sido un hijo del Presidente Leonel Fernández, en el montaje de un acto político; el propio mandatario contra el que lanzaron una botella que lesionó a uno de sus partidarios y la Primera Dama, una de cuyas más cercanas asistentes resultó herida de una pedrada en el curso de una caravana. También un acto del PRD recibió un insólito bombardeo de piedras, aunque se tiene entendido que fueron lanzadas por simpatizantes de ese partido molestos por el retraso en la llegada de una caravana de Hipólito Mejía.

Hay que insistir que sin importar de quienes provenga ni contra quienes se dirijan, esos actos son totalmente irracionales, tienen que ser frenados y sometidos sus autores. No podemos permitir que acciones de esta naturaleza u otras similares, originen un clima de agresión y violencia totalmente injustificado.

Oportuno y tranquilizador reiteramos, que las Fuerzas Armadas manifiesten de manera terminante que se mantienen al margen de la política partidaria en estricto apego a la Constitución y las leyes y se encuentran en plena disposición de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente el derecho al sufragio. Pero es también un compromiso que deben asumir con clara definición y gran fuerza, los aspirantes a la Presidencia y los partidos que los respaldan.

Las elecciones, es preciso insistir una vez más, se ganan con votos. No con piedras. No con botellazos. No con balas. Y como apuesta segura, ganará el que disponga de mejor logística el día de las elecciones para llevar sus partidarios a sufragar y que sea capaz de brindar suficiente confianza a la ciudadanía no militante para que acuda a las urnas a depositar un voto a su favor.

Esa y no otra es su tarea y la única forma de luchar por la victoria.

TRES COMENTARIOS Y UNA SUGERENCIA

Primer Comentario: Participación Ciudadana ha servido de observadora en varios de los últimos procesos electorales. Su labor en ese sentido ha sido objeto de general reconocimiento. Y los resultados de su trabajo en modo alguno han contribuído a alterar los ofrecidos por la Junta Central Electoral. Antes al contrario, han sido coincidentes con el mismo. En ningún momento el trabajo desarrollado en este sentido por esa entidad ha sido un elemento de perturbación ni confrontación.

Con ese aval de soporte, no se visualiza razón alguna para que no pueda llevar a cabo la misma tarea en las elecciones que habrán de celebrarse el próximo 20 de Mayo. Por el contrario impedírselo no haría más que poner en manos de echar combustible a la maquinaria quienes, a despecho de toda evidencia en contrario, se han dedicado a tratar de arrojar suspicacias contra la transparencia del proceso.

Segundo Comentario: La Junta Central Electoral no está violentando sus funciones al señalar que 188 casos de un total de mil 255 analizados del total de 3 mil 805 de la lista de observadores presentada por Participación Ciudadana, arrojan inconsistencias, incluyendo expedientes por narcotráfico, militares en activo y otros, lo que, caso de confirmarse, los dejaría invalidados para realizar esa función. Evidente que no puede resultar un observador confiable ni la Junta y los propios partidos políticos que compiten por el poder aceptar como bueno y válido el testimonio de personas sobre las que puedan pesar graves cargos criminales, o que arrastren antecedentes delictivos, que sean militares en activo o reconocidos militantes partidarios.

Tercer Comentario: Totalmente absurdo a nuestro juicio que en tal lista de objetables se pretenda incluir el nombre de Juan Bolívar Díaz, único por cierto que se puso de manifiesto. El prestigio de este como periodista de primera línea, analista profundo y de criterios objetivos así como apego a la ética profesional lo coloca por encima de toda posible sospecha. Hace bien Juan Bolívar en reclamar las razones por las cuales se le incluyó en el citado listado y está en obligación la comisión que depuró la misma de satisfacer tan lógica demanda.

Y en cuanto a la sugerencia: Debatir este tema por vía mediática no conduce a nada positivo. El Coordinador de Participación Ciudadana, destacado jurista y abogado litigante doctor Francisco Alvarez ha demandado pruebas que justifiquen los señalamientos de la comisión depuradora, integrada por cierto por cuatro ex integrantes de esa entidad, señalando que de probarse, la entidad está en disposición de sustituirlos.

Si existe esa disposición, lo que procede es dejar de lado el debate a través de los medios de comunicación y buscarle una solución práctica al asunto.  No vemos ninguna razón para que dentro de ese marco, sin pérdida de tiempo, una comisión de Participacón Ciudadana se reúna con los miembros de la Comisión Depuradora que realizó el muestreo aleatorio y verifiquen nombre por nombre, los casos objetados, con las pruebas a la mano que lo justifiquen, así como la totalidad de la lista de observadores propuesta por esa entidad. Una depuración de esta naturaleza puede realizarse en un tiempo razonable y con tiempo suficiente también para que Participación Ciudadana pueda nombrar los sustitutos que sean menester.

De esta forma quedaría allanado definitivamente el camino para que la entidad pueda llevar a cabo su labor de observación de las próximas elecciones, de las que ya nos separan apenas menos de tres semanas.

Con esta propuesta, quizás estemos pecando de un tanto ingenuos y hasta motivando algún que otro comentario irónico sobre todo por parte de quienes se alimentan y disfrutan de las guerras mediáticas.

Pero creemos que su viabilidad está precisamente en su simpleza. Porque si de algo estamos convencidos es de la necesidad de que tengamos unas elecciones ordenadas, pacíficas, participativas, que reflejen la voluntad popular con la más extremada exactitud y sin el menor asomo de sospecha para que de inmediato nos pongamos a trabajar en la solución de los problemas que arrastramos y de los que estén por venir.

CONFIANZA Y SOSIEGO

Tres concluyentes testimonios registrados en los últimos días avalan y fortalecen el clima de seguridad del proceso electoral en que estamos inmersos y que culminará el próximo 20 de Mayo, si la elección presidencial se decide en primera vuelta.

Inicialmente, fue el externado por el equipo de técnicos enviados por la Organización de Estados Americanos para auditar el padrón electoral, que al finalizar su trabajo no se limitaron a dejar constancia de la absoluta confiabilidad del mismo sino que lo calificaron como “el mejor de la región”.

Luego, el compromiso público asumido por el Presidente de la telefónica Claro, Oscar Peña, a instancias del Presidente de la Junta, Roberto Rosario, del seguro funcionamiento de las redes por las que se habrán de transmitir los resultados de los colegios hacia el Centro de Cómputos del organismo electoral, liberando a este de toda responsabilidad sobre un aspecto técnico que no le compete y está fuera de su control.

Y como sello definitivo de garantía, las terminantes declaraciones del ex Presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, quien encabeza la misión técnica de la OEA y volverá al país el 15 de Mayo para dirigir los trabajos de equipo de observadores de las elecciones del organismo, al afirmar que las labores llevadas a cabo por la Junta demuestran “seriedad, responsabilidad y profesionalidad” y son una demostración de transparencia y neutralidad que constituyen un ejemplo para los países de la región.

La Junta ha venido haciendo su tarea y sorteando con gran tenacidad y habilidad, los distintos obstáculos y situaciones que han ido surgiendo en el camino de una de las campañas presidenciales más disputadas y de mayor virulencia verbal que se han registrado en el país. Más de lo que ha hecho y logrado para garantizar unas elecciones transparentes y ejemplares, como ha prometido, no se le puede reclamar.

Toca ahora a los propios partidos políticos contribuir al clima de sosiego requerido para que esa consulta popular se desarrolle en forma participativa y pacífica, de tal modo que las urnas reflejen con la mayor exactitud el deseo mayoritario de la ciudadanía. Hay que rechazar, por consiguiente, todo acto que pueda alterar la paz pública y crear una atmósfera de zozobra, intranquilidad y temor que contribuiría a una mayor abstención, que el propio Presidente de la Junta calcula en un 30 por ciento de los votantes. Esto sería también una señal negativa y un punto a tomar en cuenta por los partidos en pugna.

Hemos tenido y seguimos teniendo una guerra de encuestas sin precedentes. Nunca antes se habían divulgado tantas mediciones del mercado electoral, ni por tan numerosa cantidad de firmas encuestadoras nacionales y extranjeras. Pero hay que recordar que de nada valen los resultados de los sondeos si no se reflejan en las urnas. Es ahí donde se ganan y se pierden las elecciones.

La Junta ha hecho y sigue haciendo su trabajo. Corresponde ahora a los partidos y candidatos contribuir con su aporte al buen éxito de las elecciones. Procurar por un lado que la violencia del discurso de campaña no vaya promover un clima de indebida confrontación entre sus respectivos seguidores, provocando desbordamiento de pasiones e incidentes y choques innecesarios. Por el otro, montar una logística eficiente de motivación y facilidades para que sus seguidores vayan a votar. Porque a fin de cuentas, insistimos, de nada valen lo que digan las encuestas de un lado y de otro, frente al veredicto definitivo de la única que resulta válida: la de los sufragios que se depositen en las urnas de los colegios el 20 de Mayo, tanto aquí como en el exterior.

OTRO FALLO CUESTIONABLE

Desde La Romana se informa que el Procurador Fiscal de ese Distrito, José Polanco, presentará una formal querella contra la jueza Mercedes Rodríguez, a la que correspondió coocer el sometimiento de varios encartados que el pasado 15 de Diciembre fueron apresados cuando trataban de introducir en el país, por el aeropuerto internacional de la localidad, un voluminoso cargamento de cocaína. El alijo, incautado por las autoridades, consistió en 20 maletas conteniendo nada menos que mil 77 kilos de la droga. Su valor en el mercado norteamericano pudiera alcanzar a decenas de millones de dólares.

La operación que permitió impedir el cuantioso contrabando fue consecuencia de una previa y meticulosa labor de inteligencia que involucró a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a la DEA norteamericana, en una operación llevada a cabo de conjunto, realizada en las primeras horas de la madrugada y que comprendió el uso de helicópteros.

Los detenidos por este hecho se encontraban guardando prisión preventiva desde el momento en que fueron apresados. Para ellos, el Fiscal Polanco, encargado de instrumentar el expediente acusatorio, había solicitado como coerción un año de prisión. La petición fue desechada por la magistrada quien, pese a la gravedad del delito imputado, dispuso la libertad provisional de los acusados mediante el pago de una simple fianza de apenas 500 mil pesos, cantidad que no guarda la más remota proporción con el valor de la droga incautada y que, como tantos otros casos, en modo alguno garantiza que los prevenidos no evadirán la acción de la Justicia.

No vamos a prejuzgar la actuación de la jueza, por más que el fallo resulte altamente cuestionable y ponga en duda su integridad o la correcta aplicación del Código Procesal Penal, que según sus críticos, resulta excesivamente vulnerable y protege más a los presuntos delincuentes que a la sociedad, aún en los casos de previos expedientes criminales y reiteradas reincidencias, En algunas ocasiones anteriores, jueces que han dictado fallos igualmente sospechosos, los han justificado amparándose en las disposiciones del mismo.

Pero por más que se pretenda, este tipo de decisiones judiciales, frecuentes sobre todo en los casos de narcotráfico, origina todo género de suspicacias, hace dudar de la honestidfad de quienes las dictan o al menos, de la eficacia de la Justicia para proteger a la sociedad. Esto así, en particular, cuando la presencia de los carteles de la droga y el crimen organizado se vuelve cada vez más notoria, peligrosa y letal.

En días recientes, la Fiscal de Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, declaró que el 86 por ciento de la población no cree en la Justicia Dominicana. Es lo que han dado las mediciones de algunas encuestas que auscultan la credibilidad de las distintas instituciones. Se trata de un resultado muy penoso, pero peor aún, extremadamente preocupante, porque coloca en estado agónico el orden institucional en que se asienta la convivencia social.

Si bien es cierto que los jueces hablan por sentencia, ello no excluye que las mismas queden debidamente justificadas a los ojos de la ciudadanía que contempla con estupor el clima de inseguridad reinante y el crecimiento del crimen y la impunidad.

Fallos como el que comentamos, al margen de juicios precipitados de valor, tienen que ser sin embargo, auditados por la cúpula judicial a la luz del derecho que le asiste a la sociedad a estar debidamente edificada tanto como por la propia imagen, bastante deriorada de nuestra Judicatura, urgida tanto como lo requiere el sosiego público, de recuperar su muy deteriorada credibilidad.

LOS PINCHES TELEFÓNICOS

Las sendas grabaciones de conversaciones telefónicas presentadas como elementos de prueba, primero en la denuncia que involucra al coronel y abogado Pedro Julio “Pepe” Goico en un alegado complot contra el gobierno del Presidente de Haití, Michel Martelly y posteriormente, en la hecha por un grupo de diputados perredeístas que sigue las orientaciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado de amenazas de muerte contra este por parte de dos destacados dirigentes de la campaña presidencial de Hipólito Mejía, trae de nuevo a la actualidad el tema de los llamados “pinches” telefónicos. En ambos casos, se reclama esclarecer si las intervenciones fueron previamente autorizadas por autoridad judicial competente.

De hecho, el propio Mejía aprovechó la ocasión para afirmar que su número privado está intervenido por el Departamento Nacional de Investigación (DNI), al tiempo de condenar la citada práctica. Y por su parte, el conocido abogado Francisco “Pancho” Alvarez, quien ahora preside Participación Ciudadana, llama la atención sobre las grabaciones telefónicas que constituyen una flagrante violación a las leyes vigentes, el sagrado derecho a la privacidad de los ciudadanos y el mismo Pacto de Civilidad, promovido por la Iglesia Católica y suscrito recientemente por los aspirantes a la Presidencia de la República, salvo el doctor Guillermo Moreno que lo consideró innecesario.

Lamentablemente las grabaciones telefónicas no constituyen ninguna práctica novedosa. Es un pecado que venimos arrastrando de muy lejos, tan añejo como los apagones y que ha contado y sigue contando con infinidad de cómplices. Ningún gobierno ni partido político, salvo alguno de los emergentes, puede rasgarse las vestiduras en este sentido. Todos, en una u otra forma y en algún que otro momento, han adquirido este tipo de servicio de espionaje que es ofertado por más de un proveedor.

Su utilización alcanza también al sector privado, desde empresarios que ejercen la competencia con ánimo de pirata y la filosofia de que “todo es válido con tal de ganar” hasta maridos y esposas celosos. No falta, inclusive, algún que otro espécimen de parásito que no encuentra mejor cosa que hacer que hurgar en las vidas ajenas. Y naturalmente, los que se dedican al oficio de recolectar información comprometedora sobre vidas privadas con fines de extorsión.

No es por consiguiente de ahora, sino de siempre. Una actividad sucia e ilegal. Si se quiere, hasta indecente. Pero muy lucrativa y que se ha venido desenvolviendo con casi total impunidad, precisamente por la tupida y extensa tela de araña de las muchas complicidades involucradas, donde es difícil encontrar quien tenga moral para arrojar la bíblica primera piedra, menos aún atreverse a destapar la olla donde se cocinan tantos secretos y pecados.

De más señalar que la antigüedad de la práctica, no le da razón ni le otorga legitimidad. Por el contrario, dentro del proceso de institucionalidad del país y de garantía de los derechos ciudadanos, es preciso poner fin a esta actividad deleznable, de tal modo que se respeten estrictamente las normas que garantizan la privacidad de cada ciudadano. Es tiempo ya de que tanto los que prestan este tipo de servicio de espionaje como quienes lo contratan y utilizan, sean llevados a los tribunales y sancionados de manera ejemplar. La ley es clara en este sentido: las únicas intercepciones telefónicas que pueden realizarse son las autorizadas por un juez en base a razones que lo justifiquen. De no ser así, carecen de validez legal. Pero hay que procurar también que carezcan de tolerancia social y más que el morboso interés de enterarse de su contenido, conciten el más enérgico rechazo de la ciudadanía.

LA XV FERIA

Este miércoles está dando comienzo la XV Feria Internacional del Libro, con el acto inaugural efectuado en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Por ser la última de la presente gestión del Presidente Leonel Fernández, quien ha sido su principal propulsor, se espera que la misma supere en brillantez a las anteriores versiones. De hecho, cada año la presentación del evento ferial ha sido superior al precedente. No es fruto de ninguna vara milagrosa. La feria es un trabajo exigente de todo el año, donde el término de una implica el inmediato comienzo de preparación de la siguiente.

Muy distantes están los tiempos, casi heroicos, en que la Feria Nacional del Libro, iniciativa de Julio Postigo, Rafael Herrera y otros esforzados promotores de la cultura, era un evento de muy escasa trascendencia, con contadas casetas levantadas precariamente, para exclusiva recreación de la limitada clase intelectual y un número muy contado de visitantes.

Fue durante el primer gobierno del Presidente Leonel Fernández que gracias al liderazgo, tenacidad y creatividad del actual Ministro de Cultura, José Rafael Lantigua, se planteó el propósito de darle a la Feria la dimensión de un evento de grandes proporciones populares, mediante un ambicioso proyecto que involucrara tanto el apoyo del gobierno como el interés y participación del sector privado. Con visión de futuro, se le dio categoría de Feria Internacional.

Llevada a cabo en sus inicios por una Comisión Organizadora de carácter honorífico integrada por intelectuales e interesados en promover la cultura y en particular el hábito de la lectura, quienes prestaron su entusiasmo, tiempo y trabajo de manera gratuita para compensar la limitación de recursos, la Feria fue adquiriendo cada vez mayor popularidad y significación. El impacto de la misma fue de tal naturaleza, que al cambio de gobierno en el año 2000, cuando Hipólito Mejía ascendió a la Presidencia de la República, decidió mantener la misma como una continuidad de política del Estado, esta vez bajo la dirección del escritor Carlos Esteban Deive y siendo Secretario de Cultura, Tony Raful.

Ya cuando Leonel Fernández asume la Presidencia nuevamente en el 2004, dada la importancia de la actividad, se impuso en sustitución de la Comisión Organizadora original, la creación de un organismo permanente cuya dirección ha estado a cargo de Alejandro Arvelo, quien a sus dotes intelectuales suma una gran capacidad de trabajo y es responsable en gran medida de la cada vez más exitosa celebración de la misma.

Así, la Feria se ha convertido en el principal espectáculo artístico-cultural de masas del país, al tiempo que ha ganado reconocimiento internacional y posicionado el nombre de la República Dominicana, con trazos firmes y consistentes, en el escenario mundial de la cultura. Teniendo como complemento las Ferias Regionales del Libro, ha contribuído a fomentar el hábito de la lectura en el pueblo al tiempo que ha abierto horizontes de desarrollo de mucha mayor amplitud para la creación literaria a nuestros escritores, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

Esta XV versión que se inicia hoy y se extenderá por espacio de dos semanas, está dedicada a la memoria del destacado intelectual ido a destiempo, Enriquillo Sánchez y a la eximia actriz María Montez. Como países invitados, las hermanas naciones centroamericanas. La cantidad y calidad del evento supera todo lo anterior. En esta ocasión tendremos a 28 países representados con 425 expositores. La diversidad de espectáculos artísticos es también de gran magnitud, así como las más variadas y singulares expresiones del arte en su sentido más amplio.

La II línea del Metro ofrecerá transporte gratuito hasta la Feria, como de gratuito es su disfrute en todas sus manifestaciones. Se dispondrá asimismo, de las más amplias facilidades de parqueo. El orden y la higiene han ocupado lugar preferente en la organización. La seguridad está garantizada, contando con el auxilio de la fuerza pública y el propio cuerpo de vigilancia privado de la Feria. Apostar al éxito de la misma, es jugada segura.

A solo cuatro semanas y días de las elecciones generales del 20 de Mayo, la XV Feria viene a facilitarnos además, la oportunidad de sacudirnos un tanto del estrés provocado por la disputada campaña electoral en que andamos inmersos. Y ya esto solo de por sí, justifica con creces la inversión de talento, esfuerzo y recursos que representa

UNA GRAN ALIANZA

Por primera vez en las últimas semanas, la información dominante del día no corresponde a ninguna de las incidencias de la tensa actividad política desplegada con vistas a las elecciones presidenciales del próximo 20 de Mayo.

Las declaraciones de partidos y candidatos, las acusaciones y contraacusaciones de unos y otros se han visto desplazadas por la negociación llevada a cabo entre la Cervecería Nacional Dominicana y la empresa brasileña Ambev. Esta se venía rumorando en días recientes, aunque sin confirmación oficial. Su importancia trascendió la prensa nacional para llegar hasta las páginas del influyente The Wall Street Journal, que viene a ser algo así como la biblia del mundo financiero.

Los primeros rumores hablaban de la venta de la Cervecería. La noticia no dejaba de ser en cierta medida, desalentadora. Que una de las empresas más emblemáticas y queridas de los dominicanos, fuese a perder su nacionalidad no dejaba de resultar desgarrante. La preocupación fue en escala creciente, dado el silencio que frente a tales rumores, guardaban los principales ejecutivos de la compañía, lo que por demás, es requisito obligatorio en operaciones de esta envergadura.

La empresa que tiene como producto bandera la popularísima y exquisita Cerveza Presidente, viene a resultar en su campo una auténtica marca-país, un hábito de consumo que se lleva en el equipaje donde quiera que se vaya y que establece un vínculo muy estrecho de identidad entre los dominicanos, tanto aquí como en la diáspora.

Por suerte, lo que tenemos es una negociación de alto vuelo. Una alianza estratégica en la que la Ambev adquiere el 51 por ciento de la empresa, en tanto los tradicionales accionistas encabezados por la familia León Asencio, mantienen el restante 49. La Cervecería se nos queda aquí, Franklin León continúa al frente de sus operaciones, la exquisita Presidente va a seguir siendo el buque bandera pero ahora con una mucha mayor amplitud y presencia en el mercado internacional con el acompañamiento de toda una extensa batería de otras cervezas, maltas y refrescos, el más amplio dominio del mercado caribeño y una cada vez más fuerte presencia en los Estados Unidos y otros países.

Es una movida inteligente. En el mundo globalizado y competido en que vivimos, cobra cada vez mayor validez la máxima de que “la unión hace la fuerza”. Juntos, la AmBev y la Cervecería Nacional Dominicana integran un conjunto muy poderoso donde se aúnan tradición, calidad, prestigio, experiencia y mayor fortaleza financiera.

Y un punto que no podemos pasar por alto. El propio Franklin León se adelantó a garantizar que la compañía mantendrá vigentes todos sus diversos y valiosos programas de Responsabilidad Social Corporativa, desde el financiamiento de los Premios Casandra hasta el sostenimiento de ese hermoso aporte a la cultura y las raíces de la dominicanidad que es el Centro León, en Santiago. 


Para Juan Hernández, el muy diligente timonel de la Dirección General de Impuestos Internos, la operación viene a resultar también como un regalo inesperado que le permitirá engrosar sus arcas con una cifra que se hace llegar a nada menos que 8 mil 400 millones de pesos, una bonita suma para ayudar a reducir el déficit fiscal.

Saludamos con beneplácito el acuerdo a que se ha arribado y damos por descontado que el mismo abrirá nuevos y más anchurosos horizontes a la empresa creada por la familia León Jimenes, para seguir contribuyendo como hasta ahora y si se quiere más aún, a que podamos tener una mejor nación.