REFUGIO DE CRIMINALES

La Dirección Nacional de Control de Drogas se acaba de anotar otro importante logro con el arresto de Luis Santacruz Echeverri, alias Lucho, a quien se señala como medio hermano de José Santacruz Londoño, quien fuera uno de los principales jefes del Cartel de Cali que conjuntamente con el de Medellín, liderado por el no menos siniestro Pablo Escobar Gaviria, llenaron toda una larga y tenebrosa etapa en la historia de Colombia. A Santacruz Echeverri se le atribuye haber fungido como representante en el país de los restos de dicha agrupación criminal. Las autoridades señalan a Santacruz Echeverri como responsable de recibir los envíos aéreos de cocaína tanto en el Sur como en el Nordeste. El mismo fue enviado de inmediato, bajo estricta vigilancia, a los Estados Unidos donde se le reclama por tráfico de drogas hacia su territorio.

Hay que reconocer y saludar que desde que el recién y merecidamente ascendido a mayor general Rosado Mateo fue colocado al frente del organismo antidrogas, escasas semanas atrás, se le han venido asestando fuertes golpes a esta actividad criminal, tanto a nivel macro como micro. Los operativos masivos realizados en el ámbito nacional cerrando numerosos puntos de venta y arrestando a centenares de distribuidores tanto como el desmantelamiento de la red que operaba en el país el elusivo capo boricua Figueroa Agosto, son testimonio elocuente de que el hombre y su equipo están haciendo el trabajo. A lo anterior debe sumarse la detención de varios extranjeros, fuertemente vinculados al negocio de los estupefacientes, reclamados por las autoridades de sus respectivos países y activamente buscados por la INTERPOL. Sin dudas, es evidencia, como antes señalamos, de una firme voluntad orientada a poner cara a la criminalidad principalmente ligada al narcotráfico que, por desidia, indiferencia e imprevisión cuando no complicidad, ha ido creciendo como la clásica bola de nieve y hoy nos tiene fuertemente aprisionado entre sus tentáculos.

Estos logros, sin embargo, obligan a una segunda lectura. A ver la otra cara del escenario y es la fragilidad de nuestras fronteras. La forma casi impune en que, bien cierto que por carencia de recursos más que de deseo, el espacio aéreo es violado a diario y hace llover sobre nuestras cabezas cantidades ingentes de drogas prohibidas. O como, a despecho del empeño que puedan desplegar las escasas naves patrulleras conque contamos, rápidas embarcaciones al servicio del narcotráfico internacional dejan en nuestras aguas territoriales su venenosa carga. O a través de la frontera por donde junto a ilegales y mercaderías, penetran armas y estupefacientes. Es aquella otra cara de la moneda que pone de relieve el fácil acceso que permite a mafiosos extranjeros de alta peligrosidad encontrar cómodo y por lo general seguro refugio en el país. Jefes de pandillas de asesinos como el de la Camorra napolitana, narcotraficantes como los varios que han sido deportados, sicarios que ejecutan sus víctimas por encargo y contrato, estafadores a gran escala, ladrones de bancos, atracadores, contrabandistas, traficantes de mujeres y niños, lavadores de dinero sucio, en fin la más variada gama de exponentes del crimen organizado que en muchos casos continúan dirigiendo sus sucios negocios desde aquí.

¿Cómo entran? ¿De qué mecanismos de engaño y complicidad se valen? ¿Con qué facilidad pueden obtener una, dos y hasta varias cédulas falsas para arropar su verdadera identidad criminal? ¿Quiénes les sirven de garantes y cómplices locales? ¿Cómo puede pasar desapercibida su presencia entre nosotros cuando realizan grandes inversiones o llevan una ostentosa existencia de lujo y disipación sin que puedan explicar la fuente de recursos para financiar ni las unas ni la otra?

Son interrogantes que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras fronteras, la carencia y deficiencia de mecanismos de control para evitar el ingreso al país de elementos indeseables, antisociales y mafiosos para los cuales al parecer hemos estado siendo por mucho tiempo una especie de seguro y paradísiaco refugio que no contribuye precisamente ni a la paz interna ni a la imagen externa de nuestra sociedad.

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Tribunales especiales para luchar contra el narcotráfico

En una de sus recientes transmisiones televisivas, el doctor Marino Vincho Castillo, quien funge como Asesor Presidencial en materia de Drogas y ahora también como cabeza de la Comisión Gubernamental de Etica, propuso la creación de tribunales especiales para conocer los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

El planteamiento nos parece de todo punto válido. Más aún, así como hay agentes de la Dirección Nacional de Drogas que por razones de seguridad preservan su identidad tras una capucha, consideramos que también pudiera y debiera considerarse proceder de igual modo con los magistrados a cargo de dichos tribunales que tengan la misión de conocer y juzgar los casos sometidos a su decisión. La idea no es ni exagerada ni truculenta, si tomamos en cuenta la gran agresividad que de manera creciente han ido manifestando muchos de los elementos vinculados al narcotráfico.

En tiempos recientes, han sido frecuentes las ocasiones que en el curso de operativos desplegados para desmantelar puntos de ventas de drogas y otros enclaves vinculados a esta actividad criminal, los agentes de la autoridad han sido recibidos a tiros. No hace tanto, en la zona de Barahona, fue bajo las balas que ocuparon un importante alijo de drogas traída por una avioneta, que como en casos anteriores, fue incendiada.

Pero sin ir más lejos y dentro del mismo ámbito del Poder Judicial, la pasada semana en el curso de una vista para conocer el siniestro expediente del crimen múltiple cometido en Paya y que costó la vida a siete presuntos narcotraficantes, mientras un octavo, convertido ahora en testigo de cargo, logró salvar la vida, haciéndose pasar por muerto, se produjo un incidente que demuestra hasta qué punto son de peligrosos, prepotentes y desafiantes quienes se dedican a esta actividad criminal.

Alli, el juez suplente a quien se confió el caso así como los siete fiscales que actúa en el mismo fueron amenazados públicamente de muerte por varios de los imputados en esa causa. La situación creada obligó al reenvío de la vista pero ha hecho que el Procurador General de la República, en un acto de legítima protección a los amenazados, solicite a la Suprema Corte el cambio de jurisdicción de la causa hacia una sala en el Distrito Nacional que reúna las condiciones para que el juicio pueda efectuarse con todos los requisitos y garantías de seguridad, incluyendo la incautación de armas a personas que asistan al mismo. No se hizo en San Cristóbal, cuando se conoció la última petición de libertad condicional de Rolando Florián Féliz, poco antes de que lo mataran en la prisión. En esa oportunidad, el recluso no fue llevado al tribunal, pero en la vista estuvieron presentes sendos alegados espalderos del mismo portando armas y profiriendo amenazas de muerte contra los periodistas que cubrían el evento.

El riesgo para jueces y fiscales es evidente. Como pudieran concretarse en un momento determinado estas amenazas pasando al plano de las agresiones, inclusive contra agentes antinarcóticos y policiales, miembros de las fuerzas armadas, legisladores, funcionarios, periodistas o cuantos entiendan puedan ser un obstáculo para sus planes. Por razones lógicas, los primeros, magistrados y fiscalizadores, son los más expuestos. Protegerlos, preservar su identidad y por consiguiente su integridad, sería una medida saludable que les permitiría superar como seres humanos que son, todo tipo de aprensiones y temores para poder aplicar justicia con todo el rigor que merezca la gravedad de los crímenes que sean sometidos a su conocimiento y fallo. Apostemos por ello.

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Crímenes sin castigo

En días recientes, el matutino Hoy refrescó la memoria sobre algunos crímenes cuyos autores permanecen arropados por el anonimato, o al menos disfrutan de impunidad. En memoria de las víctimas y en reclamo de justicia, vale la pena repasar varios de los casos más conocidos.

Si nos remontamos en el tiempo casi cuatro décadas atrás, está el del periodista Goyito García Castro, a la salida del diario “Ultima Hora”, del que fungía como jefe de redacción. El crimen nunca quedó debidamente esclarecido. Lograrlo es persistente reclamo de su hijo. Años más tarde, pero no demasiados, se produjo el asesinato del banquero Héctor Méndez, a escasa distancia del Palacio de la Policía, también sumido en el misterio.

Más reciente aunque ya no demasiado, el mortal asalto al camión correo de Vimenca, donde varios de los guardianes fueron ametrallados. Al menos un par de jefes de la Policía, durante sus respectivas gestiones, dijeron que el caso estaba casi resuelto pero terminaron sus mandatos sin culminar las investigaciones ni dar solución al mismo.

Luego tenemos la desaparición del profesor Narciso González y el homicidio del senador Darío Gómez por el cual guardan prisión los sindicados autores materiales, entre éstos, uno que al momento del hecho cumplía 30 años de prisión y extrañamente se encontraba en libertad. La familia del legislador nunca ha quedado satisfecha con la forma en que se manejó el caso e insiste en que el o los autores intelectuales jamás aparecieron en el expediente.

Más casos: los ocho jóvenes ejecutados en una casa de Navarrete donde se asegura funcionaba un centro de drogas con el conocimiento, complicidad y cobro de peaje de autoridades locales. El vil asesinato del oficial aeroportuario Angel Christopher quien investigaba vuelos irregulares y al parecer fue víctima de un crimen por contrato a manos de un alegado sicario colombiano. El del joven teniente Tejeda Krawinkel, hijo del periodista Guillermo Tejeda, abatido a tiros en San Cristóbal. El del profesional ultimado en el gimnasio del hotel Jaragua a manos de un presunto y bien entrenado asesino a sueldo.

Hay muchos otros sin resolver. En Santiago, casi una treintena de taxistas en los últimos tres o cuatro años, el del camarógrafo del comentarista Esteban Rosario y bastante más. La situación se repite en la capital y en el resto del país, incluyendo oficiales en activo y retirados y agentes del orden público víctimas de atentados.

Uno de los más grandes autores que ha producido la literatura mundial, el ruso Fiodor Dostoiesky, es autor de una obra llamada “Crimen y Castigo” que al igual que la de su propia cosecha y quizás más conocida “Los Hermanos Karamazov”, figura a juicio de muchos críticos entre las diez mejores novelas que jamás se hayan escrito. En los casos que comentamos y los muchos más que están sin resolver, la historia pudiéramos resumirla en cambio en una larga lista bajo el título de “Crímenes sin Castigo”.

Dicen que justicia demorada, es justicia negada. Pero otros aseguran que la justicia tarda pero llega. En el caso de Orlando Martínez demoró tanto que sus padres fueron a la tumba sin ver a los asesinos de su hijo pagando por el crimen. Pero al final, la tenacidad del entonces juez instructor Juan Miguel Castillo Pantaleón, permitió hacer justicia. Confiemos en que en estos casos, también pueda hacerse aunque sea demorada.

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Un camino peligroso

La libertad de expresión sin ninguna traba de censura encubierta constituye la piedra angular de todas las demás libertades. Lo es también del sistema democrático. En República Dominicana, a partir de la muerte de Trujillo y superando obstáculos y algunos rezagos dictatoriales que dejó como legado la tiranía, esa libertad se ha mantenido como un preciado bien, sirviendo de ejemplo a otros países. Ha sido motivo de orgullo para el periodismo nacional y valioso mecanismo de información, investigación, crítica y defensa de los intereses ciudadanos. Sobre esa libertad se ciernen hoy sin embargo, ominosos amagos de agresión a los que es preciso denunciar y poner enérgico freno.

Comencemos por el proyecto de nueva Constitución que entrará en fase de segunda lectura y a la que una sola palabra de apenas cinco letras, “veraz”, añadida a continuación del término información referida al ejercicio de la prensa, pudiera significar el cambio de un régimen de libertad de expresión a otro de expresión controlada. ¿Quién está en capacidad de decidir a priori la veracidad de una información? ¿Acaso se estaría pensando en crear una especie de Ministerio de la Información, donde todas las noticias sean sometidas a previa evaluación, entiéndase censura, para alambicar las que se consideren “veraces”, entiéndase también “políticamente correctas”? Dicen que el agregado se le hizo de contrabando, ya que la palabra veraz no aparecía en el texto original. Señal de más para entender que pudiera encubrir un propósito ulterior de oscuras manipulaciones.

Perverso por otro lado es el calificativo y no otro, que cabe al infortunado y disparatoso proyecto de ley que como una clara reacción de mezquino resentimiento, resulta de la autoría del diputado puertoplatense Alfonso Crisóstomo, molesto porque la acuciosa colega Alicia Ortega puso en evidencia que en su barrilito o nominilla hace figurar a un hermano, quien trabaja como chofer y a su señor padre. El legislador, quien entiende legítimas dichas inserciones presupuestarias, en vez de justificarlas con argumentos, como correspondería hacer y más si se trata de todo un señor congresista, en un claro intento de retaliación acude al expediente de pretender limitar la Ley de Acceso a la Información Pública, después de criticarla duramente, olvidando que la misma fue de la autoría de José Tomás Pérez, único senador que entonces tenía el PLD y la cual resultó de unánime acogida.

Lo que pretende el Crisóstomo de Puerto Plata, conocido por el apelativo de “Querido”, es nada más y nada menos que exigirle a un comunicador que recabe cualquier información de un funcionario, hacer una declaración jurada informando para qué la quiere, qué uso le piensa dar y otras barbaridades por el estilo, sin precedentes ni siquiera bajo regímenes dictatoriales donde se coarta o resulta inexistente la libertad de expresión. Tal solo puede concebirse en alguien que pretenda desempeñar la función pública de manera subrepticia y arropada de silencio.

Por suerte tal adefesio está cosechando el rechazo vigoroso de sus propios colegas de partido y de los demás legisladores. No obstante, es preciso salirle al paso al igual que a todo intento de limitar la libertad de expresión o someterla a censura, obviando que existe una ley que regula su ejercicio y ampara el derecho a reclamar en los tribunales la consiguiente rectificación e indemnización de quienes puedan sentirse agraviados por el uso indebido, abusivo o falaz que pueda hacerse de la misma.

Pese al rechazo, es oportuno, insistimos, mantenerse alertas para hacer frente a intentonas como ésta que pretenden conducirnos por un peligroso camino de mordaza y silenciamiento,que servirían para encubrir las más arbitrarias y vergonzosas acciones.

DE MEDIADOR A GLADIADOR

¿Hizo bien el Presidente Leonel Fernández en proponer que Honduras fuese excluído temporalmente del DR-CAFTA asegurando que de esa forma Manuel Zelaya no tardaría más de dos o tres semanas en ser reinstalado en el poder? ¿Era preciso que el mandatario dominicano cambiara su reconocida postura de prudente mediador a agresivo gladiador para probar su credo democrático?

Se justifica que el Presidente Leonel Fernández al igual que el resto de los mandatarios de la región, hagan insistencia en el retorno de Zelaya poder, si bien dentro de determinadas condiciones que viabilicen su regreso. No tanto, al menos en nuestra percepción, por el depuesto jefe de estado hondureño víctima en gran parte de sus propios errores, sino porque el país centroamericano pueda recobrar su quebrantado ritmo institucional saliendo al paso de la gorilada y al posible retorno de los golpes militares. Esta una historia amarga que debe quedar sepultada en el pasado. No oponerse al golpe es conspirar contra el avance democrático de los países del Continente.

Pero no tenía que probar en este sentido el Presidente Fernández. Ya desde sus mismos inicios, había expresado con toda claridad y energía el rechazo de su gobierno a la deposición de Zelaya. Esa postura cobró forma institucional con el voto dominicano en la OEA condenando el golpe, rompiendo lazos con el régimen encabezado por Micheletti y recibiendo a Zelaya en el país no ya solo con los honores de Jefe de Estado sino además con una inusual manifestación de respaldo público de todo el personal que labora en la Presidencia reunido en la escalinata de la sede ejecutiva.

Por otro lado, la propuesta del Presidente Fernández de excluir temporalmente a Honduras del DR.-CAFTA, según opiniones de entendidos, entre éstos el Canciller de Costa Rica, tropieza con algunos obstáculos jurídicos. El principal que se ha advertido: que el Tratado no contempla la exclusión de ninguno de los firmantes por razones políticas, como es el caso. El economista Gustavo Volmar por parte, en su interesante columna del Diario Libre, expuso a su vez, las dificultades de orden práctico para la aplicación de esta medida debido al acuerdo y proceso de integración de los países centroamericanos.

Más prudente y seguramente útil nos parece hubiese sido que el Presidente Fernández, cuyas cualidades de hábil negociador han sido probadas y son reconocidas en el ámbito regional, se mantuviese como figura de reserva en caso de que la mediación que llevan a cabo la OEA y el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, no conduzcan a ningún resultado positivo y nuevos acontecimientos conduzcan a una segunda fase de posible conciliación para la cual ya ha quedado invalidado.

Al margen de estas consideraciones, es evidente que la reacción de los organismos empresariales hondureños a la propuesta de nuestro ejecutivo, ha sido totalmente desproporcionada y mezquina. Mucho más, las alegadas notas de protesta de supuestos ciudadanos indignados recibidas y divulgadas por los periódicos de Honduras. De franco y vergonzoso corte racista contra el mandatario dominicano, tiene todas las características de una campaña preparada y orquestada con grosera alevosía por un grupo extremista.

Por lo demás, es preciso mantener la presión sobre el régimen instaurado en Honduras. Porque si Zelaya incurrió en violaciones constitucionales y legales en el ejercicio de la presidencia, el mecanismo utilizado para sacarlo de él y Honduras resultó en una violación mayor, a todas luces condenable e inadmisible, por implicar el retorno a un pasado del cual la mayoría de nuestros países incluyendo el nuestro, registran las más dolorosas experiencias.

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