UN TRAGO AMARGO

De "trago amargo" ha calificado el Presidente Danilo Medina la propuesta de Reforma Fiscal presentada al país y sometida a discusión de los distintos sectores de la sociedad a la búsqueda de consenso, con una dramática apelación al sacrificio colectivo para impulsar el desarrollo.

Lo es en verdad. Como lo es también descubrir que el déficit fiscal es muy superior a todos los estimados que se habían hecho, por cuanto monta a 188 mil millones de pesos, nada menos que un ocho por ciento del Producto Interno Bruto, faltante que se espera cubrir en los próximos tres a cuatro años con los nuevos impuestos y el aumento de otros ya existentes que contiene el proyecto, con el cual se procura elevar la presión fiscal del 13 al 15 por ciento. Se trata de una cifra tradicioanlmente manejada por el gobierno y que objeta el empresariado sosteniendo que en realidad es de un 18.

Por más vueltas que se le diera, se sabía y esperaba que la propuesta oficial no sería fácil de asimilar. Pero en realidad, ha sido superior a todo lo estimado. Pero con independencia del hecho de que de una u otra forma, el gobierno está urgido de aumentar sus recaudaciones, entendemos, sin embargo, que la misma adolece de varios fallos.

El primero de ellos es que parece haber respondido a un criterio estrictamente técnico, con independencia de valoraciones políticas y sociales. Semeja más bien una fría propuesta elaborada por los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional.

Resulta además muy detallista. Y aplica gravámenes a toda una serie de productos de consumo popular, de difícil control y tan bajo rendimiento que no parece tener verdadero impacto recaudatorio y sí en cambio dar sensación de agobio fiscal a la población.

No parece tomar en cuenta los posibles efectos negativos sobre sectores importantes al tiempo que altamente sensibles. Tales: las zonas francas, el turismo y misma la naciente industria de cine a la que se le elimina el incentivo fiscal, lo que frenará su desarrollo y hará derivar las producciones cinematográficas internacionales hacia otros mercados donde se les otorga ese estímulo. Los perjuicios en posible fuga de empresas extranjeras establecidas en los parques industriales, en nuevas inversiones, exportaciones, generación de divisas y creación de empleos pudieran resultar muy superiores a los esperados beneficios tributarios.

No viene precedido, además, de un elemento que pudiera ser su principal punto de apoyo: un plan concreto del gobierno de reducción del gasto público, incluyendo salarios y pensiones de lujo, sobrenómina estatal y otros de los que hasta ahora se han recibido contadas y tímidas demostraciones.

De ex profeso, dejamos para el final los reclamos para que el Presidente Danilo Medina derive la responsabilidad de la crisis fiscal a los ocho años de gestión de Leonel Fernández. En un plano realista se trata de un planteamiento que resulta ingenuo desde el punto de vista político, en otros de franco matiz oposicionista de quienes pretenden que el actual mandatario coloque en la picota pública a su predecesor. De hacerlo estaría Medina poniendo en grave riesgo la estabilidad de su base política, sin la cual le resultaría imposible el ejercicio de la gobernabilidad. Su diferencia tendrá que marcarla de aquí en lo adelante, con el accionar transparente de su propio equipo pero no mirando hacia atrás. Demandarle lo contrario, sería tanto como pedirle que se suicide.

Volviendo a la propuesta fiscal, es de esperar que haya sido concebida no en términos definitivos aprovechando su mayoría congresual aplicada de modo mecánico, sino como una ficha de negociación sobre todo con los sectores que pudieran ser más afectados y que por extensión, afecten al propio gobierno, lo que pudiera ocurrir de intentar aplicar a todo trance un remedio que pudiera resultar peor que la enfermedad.

El trago amargo de la Reforma necesita en verdad una gota de miel. A fin de cuentas, quienes deben beberlo lo hacen con la convicción de que están pagando culpas y pecados ajenos.

UN TEMA CONTROVERSIAL

   La solicitud del Procurador General de la República a la Suprema Corte de Justicia para dejar sin efecto la decisión del ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, adoptada a escasos días de la toma de posesión del Presidente Danilo Medina, archivando el expediente contra el senador peledeista Félix Bautista, se ha convertido en un tema altamente controversial. En este caso, no solo desde el punto de vista jurídico sino también político…y lo que más llama la atención, en el seno del propio Partido de la Liberación Dominicana.  

   El tono subido de lo que parece abre la puerta a una polémica pública con el doctor Francisco Domínguez Brito, lo acaba de dar el ex Procurador General de la República y último Consultor Jurídico del gobierno del ex Presidente Leonel Fernández, doctor Abel Rodríguez del Orbe, en esta ocasión actuando como abogado del senador Bautista. El combativo letrado no se ha limitado a cuestionar la decisión del alto funcionario fiscal considerándola improcedente desde el punto de vista legal y constitucional, sino que lo acusa de querer ganar notoriedad pública y obtener capital político personal. Domínguez Brito, por su lado, ha anunciado que este martes dará respuesta a las declaraciones de Rodríguez del Orbe, publicadas además como espacio pagado en la prensa matutina.

   Una opinión que no puede ignorarse es la del doctor Marino Vinicio Castillo, en su condición de director de Etica e Integridad Gubernamental. Don Vincho afirma no tener objeción a la solicitud del doctor Domínguez Brito pero le reclama no ser selectivo en este sentido, a fin de que no se perciba que sus motivaciones no son “profundamente honradas, éticas y serias”.

   En su programa “La Respuesta”, el doctor Castillo aboga porque el Procurador General disponga una profunda investigación de 34 expedientes de presuntos actos dolosos que obran en el Departamento de Prevención de la Corrupción y que están respaldados por otras tantas auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, sin importar a qué administración pertenezcan. “Caiga quien caiga, no dejemos un altar sin tocar”, reclama.

   Entre estos expedientes figuran los que involucran a Amable Aristy Castro, durante su gestión al frente de la Liga Municipal Dominicana; el de José Enrique Sued, en el tiempo de su desempeño como Alcalde de Santiago y el de Héctor Rodríguez Pimentel, cuando fue director del INDHRI, todos los cuales fueron atribuidos por los implicados a alegada persecución política por haber respaldado la candidatura presidencial de Hipólito Mejía.

   Al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, anteriormente conocido por las siglas de DEPRECO, siempre se le ha reprochado no haber cumplido con sus objetivos. Se menciona que a lo largo de los años ha acumulado decenas de expedientes por presuntos actos de corrupción. Pero apenas se cuentan con los dedos de las manos los que han ido a la justicia, menos aún los que se han traducido en condenas contra los responsables de actos dolosos. El argumento a que han apelado siempre sus respectivos incumbentes es falta de recursos y personal para realizar las investigaciones de lugar que permitan acopiar pruebas con validez jurídica.

   Ahora bien: con independencia de los méritos jurídicos de cada caso en particular, siempre estará presente el factor político. En esta oportunidad no es la excepción, con la diferencia de que ahora las figuras involucradas, Procurador General, senador investigado y abogado defensor son todos destacados dirigentes del mismo Partido de la Liberación Dominicana, lo que torna la situación más compleja y pudiera conllevar un elevado costo político tanto para el mismo como para el gobierno de Danilo Medina.

VOCES DE ALERTA

    Fue en febrero pasado, que un grupo de expertos voluntarios del Capítulo de la National Fire Protection of America-República Dominicana, en una visita al director del Diario Libre, llamaron la atención sobre el tema de la falta de seguridad contra incendios sobre todo en las edificaciones altas. Según expresaron en dicha oportunidad, en el país se han venido realizando construcciones del Primer Mundo con normas de seguridad del Tercero.  

  ¿Qué significa esto en lenguaje concreto? Que torres de 8, 10, 12 y muchos más pisos se han estado construyendo con los mismos criterios de prevención contra incendios que se si tratase de inmuebles de apenas 2 ó 3 plantas.

  Hay que advertir que los especialistas que lanzaron esta voz de alerta no cuestionan la calidad y fortaleza de esas construcciones ni la solvencia técnica con que se han ejecutado. Pero sí se lamentan de que no se han cumplido los requisitos contra incendios.

  Antes de emitir públicamente tan preocupante señalamiento, los expertos José Jiménez, Evelio Martínez, Juan Carlos Guilbe y Seti Fernández revelaron haber revisado tres de los edificios más altos levantados en el Distrito Nacional y comprobado que apartamentos de super lujo de 700, 800 y hasta 900 metros cuadrados de edificación, apenas disponen de una sola escalera en toda la edificación. Esto compromete seriamente las posibilidades de una evacuación segura en caso de incendio o cualquier otra eventualidad de riesgo.

  Punto importante que dejaron esclarecido: el concepto erróneo de que es el fuego el que mata, cuando en realidad la mayor parte de las víctimas lo es por el humo. En un incendio que se produzca en la planta baja de un edificio los residentes en los pisos más altos corren un elevado riesgo de morir por asfixia si no disponen de buenas vías de evacuación integradas al inmueble, ya que las escaleras de los cuerpos de bomberos mejor dotados del mundo apenas tienen un alcance de 75 pies.

  Han pasado siete meses desde que se dejaron escuchar esas voces de alerta… ¿Qué se ha hecho de entonces a la fecha para corregir esta situación en las torres residenciales y aún en algunas comerciales que adolecen del problema, sin esperar a que ocurra una tragedia evitable? ¿Qué previsión se ha estado haciendo en ese sentido en las nuevas construcciones? ¿Cómo es que las autoridades que otorgan los permisos para la realización de estos proyectos y deben aprobar los planos de los mismos no han tomado en cuenta esta indispensable norma de seguridad?

  En el Gran Santo Domingo, la siembra de empinadas torres residenciales ha sido impresionante en los últimos 12 ó 15 años. Y se siguen construyendo edificios cada vez con mayor cantidad de pisos. En Santiago está ocurriendo algo similar. El concepto de propiedad vertical ha estado sustituyendo al de la propiedad horizontal, que primaba en la cultura de los dominicanos, hasta dos décadas atrás.  

  Pero aparte de la calidad de los materiales utilizados y la solidez estructural del inmueble, es preciso tomar en consideración un aspecto tan esencial como el señalado que garantice al máximo la seguridad de los ocupantes ya sea en caso de incendio, terremoto, huracán o cualquier otra eventualidad infortunada.

  Los constructores están obligados a tomar ese aspecto esencial en consideración, las autoridades a velar porque se cumplan las normas correspondientes y los propios residentes en comprobar por su propio interés, que el inmueble donde piensan vivir cuenta con los mecanismos de previsión y emergencia requeridos. A fin de cuentas, son los principales interesados ya que en ello les va su seguridad y aún su propia existencia.