La desidia en unos casos y al parecer la resistencia en los demás por motivos que mueven a suspicacia, de los funcionarios públicos a hacer la declaración de bienes al comienzo y al final de su gestión, no es tema nuevo. No obstante que la ley establece de manera expresa la obligación de ambas, la inicial dentro de los primeros treinta días de haber sido nombrados y la final, dentro de los siguientes treinta de cesar en sus cargos, ha sido tradicional el incumplimiento de ese requerimiento legal considerado esencial para garantizar su más pulcro desempeño.
En realidad no lo es tanto. Por falta de eficientes mecanismos de comprobación, ha sido frecuente el que funcionarios hayan falseado su declaración de bienes al comienzo de su gestión, por lo general reconociendo un patrimonio inferior al real al no poder justificar su monto. Esto lo reconoció y admitió públicamente durante el pasado período del doctor Leonel Fernández, uno de los incumbentes del entonces Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), que por una o varias razones, nunca pudo prevenir nada y menos aún someter a la Justicia un solo expediente en casos de notoria corrupción.
Para alegadamente evitar que la ley continuase siendo burlada, el Presidente Leonel Fernández, durante su gestión, emitió un decreto otorgando plazos terminantes de 30 días para su cumplimiento, con tres tipos de sanciones de aplicación progresiva a los funcionarios en falta. La primera, amonestación pública vencido el primer plazo; la siguiente, retención del sueldo vencido el segundo plazo y finalmente, la destitución del cargo llegado al plazo final.
Pese a ello fueron numerosos los funcionarios que hicieron tabla rasa de la ley y del decreto. La mayor parte, presentó una declaración falsa, ocultando buena parte de su real patrimonio. No hay que significar que todas estas violaciones y actos de perjurio quedaron impunes sin que en ningún caso se aplicasen las sanciones establecidas.
Ahora parece que la situación se repite como si fuese un mal endémico. El Tesorero Nacional de la República en el curso de un encuentro con periodistas que cubren su área de trabajo, revela que de más de un centenar de funcionarios nombrados por la presente Administración que están obligados a cumplir con el requisito de la declaración de bienes, sólo quince lo han hecho cuando ya está al vencer el plazo de ley de los treinta días. Y advierte que una vez que llegado el mismo, retendrá el sueldo de los que aún no la hayan presentado.
El Presidente Danilo Medina, cuyas primeras disposiciones han estado focalizadas a promover y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos, dio instrucciones precisas de que se aplique la señalada sanción en los casos que proceda.
Es de esperar que así se haga sin ningún tipo de privilegio, excepción ni ocultamiento ni importar de quien se trate. Las primeras sanciones en caso de aplicarse servirán de advertencia al resto de que el propósito va de veras y que quienes no obtemperen a lo dispuesto en la ley serán sancionados.
Por lo demás reiteramos que si bien es un primer paso para tratar de frenar la corrupción en la Administración Pública, se precisa de dar otros complementarios y de mayor alcance. Tal, por citar uno del que hemos hablado en ocasiones anteriores, es implantar en el caso de los funcionarios públicos la norma de la inversión en el fardo de la prueba en sustitución del principio de la “presunción de inocencia” que rige en nuestro sistema jurídico hasta tanto no se produzca un fallo definitivo de culpabilidad por los tribunales. De este modo, todo funcionario público tendría que justificar el origen de sus bienes cuando su cuantía resulte desproporcionada en relación a sus ingresos y de igual modo su tren de vida.
Esta, por consiguiente, es una primera prueba. Reiteramos que de la voluntad política que se manifieste en hacer cumplir la ley de la declaración de bienes dependerá en buena medida el éxito de la política de transparencia y honestidad que siga el presente gobierno.
