OPORTUNO Y TRANQUILIZADOR

Motivado por un reciente señalamiento de que se estaba ejerciendo presión sobre los oficiales de los institutos castrenses que se estarían resistiendo a brindar su apoyo a Danilo Medina, el Ministerio de las Fuerzas Armadas ha dado a la luz pública una resolución adoptada el pasado 24 de abril en torno al presente proceso electoral.

En la mencionada resolución, el Ministro del ramo, teniente general Joaquín Pérez Féliz, recuerda a los integrantes de los cuerpos armados el carácter apolítico de los mismos y su absoluto sometimiento a la autoridad civil, en cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Asimismo, su compromiso de ser garantes del orden público y la paz ciudadana y en consecuencia, de velar porque el pueblo pueda “ejercer libremente sus derechos y deberes constitucionales de manera pacífica y ordenada”, válido en particular a las elecciones del próximo 20 de Mayo.

Aunque ya distantes los días en que se acusaba a integrantes de la guardia de llevar amarrados en la punta de sus fusiles un trapo rojo, las denuncias de politización de elementos uniformados han continuado estando presentes en los procesos electorales. Este no constituye una excepción. Y de ahí, lo oportuno de haber dado a la luz pública esta resolución que hasta ahora tenía un carácter interno.

Si hay uniformados que violan estas disposiciones y el obligado credo de apoliticidad de los cuerpos castrenses, lo correcto es señalarlos con pelos y señales. Las denuncias hechas al vuelo y en forma generalizada, gozan cada día de menos interés y credibilidad.

Por otra parte, las seguridades que ofrece el Ministerio de las Fuerzas Armadas de que la ciudadanía podrá ejercer libremente sus preferencias electorales, resulta tranquilizadora.

La campaña donde la violencia verbal era subida de tono pero estaba libre de agresiones físicas, muestra en estos días finales un panorama diferente. Ya hemos tenido que lamentar dos muertes; aún cuando la primera fuera por motivos personales según la familia del occiso, se produjo en el marco de un bandereo partidario.

En los últimos días, hemos asistido además a una nueva modalidad de violencia: las botellas y piedras usadas como proyectiles. Víctima de ellas han sido un hijo del Presidente Leonel Fernández, en el montaje de un acto político; el propio mandatario contra el que lanzaron una botella que lesionó a uno de sus partidarios y la Primera Dama, una de cuyas más cercanas asistentes resultó herida de una pedrada en el curso de una caravana. También un acto del PRD recibió un insólito bombardeo de piedras, aunque se tiene entendido que fueron lanzadas por simpatizantes de ese partido molestos por el retraso en la llegada de una caravana de Hipólito Mejía.

Hay que insistir que sin importar de quienes provenga ni contra quienes se dirijan, esos actos son totalmente irracionales, tienen que ser frenados y sometidos sus autores. No podemos permitir que acciones de esta naturaleza u otras similares, originen un clima de agresión y violencia totalmente injustificado.

Oportuno y tranquilizador reiteramos, que las Fuerzas Armadas manifiesten de manera terminante que se mantienen al margen de la política partidaria en estricto apego a la Constitución y las leyes y se encuentran en plena disposición de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente el derecho al sufragio. Pero es también un compromiso que deben asumir con clara definición y gran fuerza, los aspirantes a la Presidencia y los partidos que los respaldan.

Las elecciones, es preciso insistir una vez más, se ganan con votos. No con piedras. No con botellazos. No con balas. Y como apuesta segura, ganará el que disponga de mejor logística el día de las elecciones para llevar sus partidarios a sufragar y que sea capaz de brindar suficiente confianza a la ciudadanía no militante para que acuda a las urnas a depositar un voto a su favor.

Esa y no otra es su tarea y la única forma de luchar por la victoria.

TRES COMENTARIOS Y UNA SUGERENCIA

Primer Comentario: Participación Ciudadana ha servido de observadora en varios de los últimos procesos electorales. Su labor en ese sentido ha sido objeto de general reconocimiento. Y los resultados de su trabajo en modo alguno han contribuído a alterar los ofrecidos por la Junta Central Electoral. Antes al contrario, han sido coincidentes con el mismo. En ningún momento el trabajo desarrollado en este sentido por esa entidad ha sido un elemento de perturbación ni confrontación.

Con ese aval de soporte, no se visualiza razón alguna para que no pueda llevar a cabo la misma tarea en las elecciones que habrán de celebrarse el próximo 20 de Mayo. Por el contrario impedírselo no haría más que poner en manos de echar combustible a la maquinaria quienes, a despecho de toda evidencia en contrario, se han dedicado a tratar de arrojar suspicacias contra la transparencia del proceso.

Segundo Comentario: La Junta Central Electoral no está violentando sus funciones al señalar que 188 casos de un total de mil 255 analizados del total de 3 mil 805 de la lista de observadores presentada por Participación Ciudadana, arrojan inconsistencias, incluyendo expedientes por narcotráfico, militares en activo y otros, lo que, caso de confirmarse, los dejaría invalidados para realizar esa función. Evidente que no puede resultar un observador confiable ni la Junta y los propios partidos políticos que compiten por el poder aceptar como bueno y válido el testimonio de personas sobre las que puedan pesar graves cargos criminales, o que arrastren antecedentes delictivos, que sean militares en activo o reconocidos militantes partidarios.

Tercer Comentario: Totalmente absurdo a nuestro juicio que en tal lista de objetables se pretenda incluir el nombre de Juan Bolívar Díaz, único por cierto que se puso de manifiesto. El prestigio de este como periodista de primera línea, analista profundo y de criterios objetivos así como apego a la ética profesional lo coloca por encima de toda posible sospecha. Hace bien Juan Bolívar en reclamar las razones por las cuales se le incluyó en el citado listado y está en obligación la comisión que depuró la misma de satisfacer tan lógica demanda.

Y en cuanto a la sugerencia: Debatir este tema por vía mediática no conduce a nada positivo. El Coordinador de Participación Ciudadana, destacado jurista y abogado litigante doctor Francisco Alvarez ha demandado pruebas que justifiquen los señalamientos de la comisión depuradora, integrada por cierto por cuatro ex integrantes de esa entidad, señalando que de probarse, la entidad está en disposición de sustituirlos.

Si existe esa disposición, lo que procede es dejar de lado el debate a través de los medios de comunicación y buscarle una solución práctica al asunto.  No vemos ninguna razón para que dentro de ese marco, sin pérdida de tiempo, una comisión de Participacón Ciudadana se reúna con los miembros de la Comisión Depuradora que realizó el muestreo aleatorio y verifiquen nombre por nombre, los casos objetados, con las pruebas a la mano que lo justifiquen, así como la totalidad de la lista de observadores propuesta por esa entidad. Una depuración de esta naturaleza puede realizarse en un tiempo razonable y con tiempo suficiente también para que Participación Ciudadana pueda nombrar los sustitutos que sean menester.

De esta forma quedaría allanado definitivamente el camino para que la entidad pueda llevar a cabo su labor de observación de las próximas elecciones, de las que ya nos separan apenas menos de tres semanas.

Con esta propuesta, quizás estemos pecando de un tanto ingenuos y hasta motivando algún que otro comentario irónico sobre todo por parte de quienes se alimentan y disfrutan de las guerras mediáticas.

Pero creemos que su viabilidad está precisamente en su simpleza. Porque si de algo estamos convencidos es de la necesidad de que tengamos unas elecciones ordenadas, pacíficas, participativas, que reflejen la voluntad popular con la más extremada exactitud y sin el menor asomo de sospecha para que de inmediato nos pongamos a trabajar en la solución de los problemas que arrastramos y de los que estén por venir.