EL TIRO RAPIDO DEL MARTES
Mario Rivadulla
9,08,11


Desde que el laborioso y malogrado ingeniero Quilvio Cabrera, ido a destiempo a consecuencia de un fatal accidente vehicular, era director del Instituto Agrario Dominicano durante el primer gobierno del Presidente Leonel Fernández, se sabía por su testimonio que la Reforma Agraria disponía de más de un setenta por ciento de tierras ociosas. De cada 100 tareas, apenas 30 estaban siendo cultivadas.

Ahora, el también muy trabajador senador Adriano Sánchez Roa, quien fue elegido en la boleta del PLD y representa en la Cámara Alta a la provincia de Elías Piña, acaba de airear esta importante y un tanto insólita situación en un país con una frontera agrícola tan limitada como el nuestro, colocado frente al reto de aumentar la producción agrícola para garantizar la Seguridad Alimentaria de nuestra población y aprovechar las oportunidades de exportación hacia países necesitados de importar alimentos.

Según Sánchez Roa, el IAD dispone de 10 millones 800 mil tareas de tierras de las cuales sólo hay en producción 3 millones 200 mil. El resto, o sea, 7 millones 600 mil se encuentran ociosas. Una proporción muy similar a la que años atrás, nos había confiado el ingeniero Cabrera.

El senador fronterizo destaca el absurdo de que esa gran cantidad de tierras que a su juicio son de vocación agrícola y ganadera, permanezca sin explotar. A fin de superar esa situación que insistimos, resulta paradójica, Sánchez Roa ha sometido al cuerpo legislativo a que pertenece un proyecto de resolución reclamando del Instituto Agrario Dominicano un informe detallado sobre la distribución histórica, a lo largo de cincuenta años de Reforma, de las tierras que se le han entregado y el uso que se ha dado a las mismas. Igualmente, la presentación de un plan que integre las tierras baldías al proceso productivo.

Algunas preguntas obligadas.

¿La totalidad de las tierras del IAD, o sea, esos 10 millones 800 mil tareas que componen su patrimonio, han sido entregadas a campesinos sin tierras? ¿Cuál es el status jurídico de las parcelas entregadas: siguen siendo del IAD o pasaron a manos de los campesinos beneficiados? ¿Cuántos de éstos se mantienen laborando en sus parcelas y cuántos han vendido o abandonado las que recibieron? ¿Cuáles se encuentran en producción y qué tipo de cultivos fomentan? ¿Por qué más del setenta por ciento de los terrenos que pertenecen a la Reforma Agraria están ociosos y cuáles son las razones? ¿Cuál es la vocación de esas tierras y qué se requiere para ponerlas en producción?

Coincidimos con el senador Sánchez Roa en su reclamo. Se precisan respuestas. Creemos que es llegada la hora de exigir lo que se debió haber planteado hace mucho tiempo, o sea, que el Instituto Agrario Dominicano haga una rendición de cuentas del comportamiento y el estado actual del nutrido patrimonio que pasó a su poder y que tenía como finalidad fundamental beneficiar a campesinos sin tierras, no para venderlas y emigrar a Nueva York o pagarse un riesgoso viaje en yola a Puerto Rico sino para trabajarlas con dedicación y subvenir a sus necesidades.

Los programas de Reforma Agraria no solo aquí sino en muchos otros países donde se han llevado a cabo, siempre han originado cuestionamientos sobre su real utilidad. Muchos expresan dudas sobre su efectividad. La única forma de despejarlas es con respuestas concretas sobre los resultados obtenidos. Medio siglo que es el tiempo de información que reclama Sánchez Roa resulta más que suficiente para tener una idea de sus logros, fallos, situación y necesidades.

De esperar que el Senado conozca y apruebe rápidamente el proyecto que comentamos y que el Instituto Agrario Dominicano tenga sus cuentas al día para que pueda rendir con la mayor urgencia, el informe que se le requiere y elaborar con igual prontitud, un programa efectivo para aprovechar el potencial de esa gran cantidad de tierras ociosas que posee y que más que duplica la que tiene en producción.

Además de útil, será también un conveniente ejercicio de transparencia.

TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. “teledebate@hotmail.com”

EL TIRO RAPIDO

Mario Rivadulla

Lunes 8,08,11

En el país existe una muy arraigada cultura, de alguna forma hay que llamarla, de no pagar ni los impuestos, ni los aranceles aduanales, ni los servicios públicos entiéndase luz, recogida de basura y agua.

En el primer caso, el del Impuesto sobre la Renta pero en particular del ITBIS, un ingente trabajo de modernización y eficientización de los mecanismos tributarios llevado a cabo por el Director General de esa área, licenciado Juan Hernández y la Subdirectora, licenciada Germania Montás, quien viene a ser como su mano derecha, ha logrado reducir la evasión de manera muy significativa. El resultado de esa dedicada tarea de años, se ha traducido en un aumento considerable de los ingresos fiscales.

Rafael Camilo, al frente de las Aduanas, ha extremado los controles aplicados en los puertos y aeropuertos del país, limitando grandemente el espacio a los contrabandistas de mercancías, medicamentos y en particular de las drogas.

El robo de la luz es casi un tradicional deporte nacional. Las propias autoridades del sector reconocen que más de un millón de usuarios no pagan el consumo. Las EDES incorporan cada mes nuevos contingentes de clientes. Pero la cantidad de evasores parece rebasar su capacidad de captación. Esto así, sobre todo, porque si bien la mayor cantidad de evasores se halla en los barrios carenciados, el grueso del robo, en términos absolutos, hay que buscarlo entre los sectores más pudientes y de mayor consumo. Si bien existe una ley que criminaliza el fraude energético, no parece que haya habido adecuada rigidez en los tribunales para aplicar las sanciones, que incluyen penas de prisión. Pero al menos, se hacen los esfuerzos y se logran algunos avances dentro de circunstancias muy difíciles en las que juegan también el populismo político y los irritantes privilegios de siempre.

Con la recogida de basura se ha llevado a la práctica una modalidad interesante, como es la de rebajar un diez por ciento en la factura del servicio a los usuarios que mantienen sus pagos al corriente. Es la primera vez que se premia al buen cumplidor donde estamos acostumbrados por el contrario, a estar concediendo amnistías a los evasores. Tal como fue preciso hacer para que entraran al sistema y comenzaran a cotizar con miles de empresas que por espacio de varios años dejaron de pagar miles de millones de pesos a la Seguridad Social.

En suma, se buscan vías para de una u otra forma, ir estimulando el cumplimiento y reduciendo la evasión.

Pero la CAASD no parece estar en esa línea. Esa corporación acaba de aumentar las tarifas del servicio de agua entre un 50 y un 67 por ciento. La excusa: que el sistema no recauda lo suficiente para pagar el costo del preciado líquido y su manejo. Pero es el caso que su director general reveló hace escasos días en una entrevista de prensa, que apenas el 10 por ciento de los usuarios está pagando por el servicio; también llamó la atención sobre el penoso hecho de que el 70 por ciento del agua que recibe la capital se desperdicia, en parte por el mal estado de las redes de distribución y en mayor medida, por la forma dispendiosa en que se hace uso de la misma.

Para poner remedio a ambas situaciones, lo recomendable hubiese sido esforzarse por poner a pagar a ese noventa por ciento de usuarios que utiliza el agua sin pagarla y que seguramente son los que más derrochan, porque lo que no cuesta, no duele, y de promover además una campaña pública de concientización sobre la necesidad de ahorro y pago del servicio.

No es lo que se ha hecho en el presente caso. Se apeló a la solución fácil, tantas veces usada y abusada, de cargarle el dado a los que cada mes abonan su factura de consumo religiosamente. Conclusión: a partir de ahora el 10 por ciento que el propio director de la CAASD admitió es el que tributa por el servicio, tendrá que cargar con entre un 50 y un 67 por ciento más de lo que habían estado pagando hasta ahora, mientras que el monto de la evasión será mayor en el caso del otro 90 por ciento que seguirá recibiendo el agua sin costo alguno.

Así no hay manera de institucionalizar ni ordenar el país, cuando la propia autoridad por falta de acción, se convierte de hecho en cómplice de la evasión.


TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. “teledebate@hotmail.com”

EL TIRO RAPIDO DEL VIERNES

Mario Rivadulla 5,08,11

Bajo los auspicios de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), de Seguros Banreservas y del Listín Diario se anuncia el inicio de una intensa campaña de exhortación a conductores y peatones para que respeten las normas de tránsito. La misma tiene como eslogan “Juntos haremos que el tránsito avance”.

Con el anuncio de la campaña, el director de AMET, general José Aníbal Sanz Jiminián, da cuenta de un proyecto de ley que modificaría algunos aspectos de la legislación vigente sobre tránsito. Entre los cambios a introducir figura multar con uno y hasta dos sueldos mínimos la que posiblemente es la más frecuente y peligrosa infracción: la violación de la luz roja.

Se trata de una falta en la que incurren motoristas, taxistas, concheros, choferes de buses y minibuses, camioneros, pataneros, conductores privados, militares y lo más grave de todo: funcionarios públicos y agentes encargados de velar por el cumplimiento precisamente de las normas de tránsito.

Las violaciones a las normas de tránsito constituyen uno de los males crónicos más enraizados en el país, tan añejo como puede serlo la crisis eléctrica. Esfuerzos para enfrentarlo y campañas de concientización no han faltado. Empresas importantes han dedicado con frecuencia parte de sus presupuestos de publicidad a promover el manejo seguro. No hace tanto, el Grupo León Jiménez y la Cervecería Nacional Dominicana financiaron y divulgaron un bien elaborado documental didáctico, conteniendo valiosas orientaciones a los conductores para reducir los riesgos de accidentes vehiculares y elevar el nivel de seguridad en las vías públicas y las autopistas y carreteras del país.

Al menos, se han efectuado dos seminarios sobre el tema. El primero en la década de los setenta, promovido de conjunto por el matutino El Nacional, entonces dirigido por el doctor Rafael Molina Morillo y por Radio Reporte, el noticiario de la Voz del Trópico, bajo nuestra dirección, conjuntamente con la Policía Nacional y los organismos de tránsito. Más recientemente, un segundo, organizado por el también periodista Napoleón Gautreaux Piñeiro también en coordinación con el cuerpo de orden público y autoridades del tránsito.

Hubo asimismo, una modificación anterior a la ley 241 de tránsito, llevada a la Cámara por el diputado Pelegrín Castillo, endureciendo las penas a los infractores. Obstaculizado por los propios sindicatos choferiles y otros intereses se logró la modificación parcial, al cabo de casi cinco trabajosos años de negociaciones y recortes al proyecto original.

Lamentablemente nada de esto ha logrado frenar el desorden. Cada vez han sido más las infracciones a la ley, los accidentes vehiculares, la pérdida anual de miles de vidas, un gran número de heridos con lesiones incapacitantes y cuantiosos daños a las compañías aseguradoras. Ahora mismo, tan solo Seguros Banreservas admite pérdidas anuales por 900 millones de pesos en el ramo de vehículos.

¿Qué ha fallado y qué ha faltado?

Posiblemente ausencia de verdadero interés, voluntad política y autoridad para enfrentar el problema con la necesaria energía, sobre todo a los prepotentes sindicatos y federaciones choferiles y a las no menos arrogantes autoridades que convierten su deber en irritante privilegio. El propio Sanz Jiminián admite que apenas entre un 15 y un 20 por ciento de los infractores pagan las multas. Más aún: menciona el caso escandaloso más que asombroso, de un infractor en serie que ha sido sancionado por violaciones de tránsito hasta 123 veces sin que jamás haya pagado una multa, pese a lo cual continúa conduciendo cuando debía tras las rejas.

Bien que en la legislación se endurezcan las penas a los violadores de las normas de tránsito. Fuertes multas para los que se llevan irresponsablemente la luz roja. Prisión para quienes manejando drogados o borrachos o haciéndolo de forma temeraria originan accidentes mortales. Quitarle la licencia provisionalmente a quien incurra en determinado número de violaciones; de por vida, a aquellos otros que continúen manejando como chivos sin ley.

Pero que no se quede simplemente en el papel, en buenos deseos ni en puras amenazas. Que se apliquen las sanciones con todo el necesario rigor para detener este monumental caos y esta interminable sangría de los accidentes vehículares. ¡Ah¡ y sobre todo, lo más importante: que se aplique sin privilegios de ninguna naturaleza, comenzando por quienes investidos de autoridad o alguna función pública, civil o uniformado, están más obligados que nadie a dar ejemplo de respeto a las normas del tránsito.

TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. “teledebate@hotmail.com”

EL TIRO RAPIDO DEL MARTES

Mario Rivadulla

2,08,11

La Cámara de Diputados envió a la Comisión de Justicia para su correspondiente análisis, el proyecto de ley que plantea introducir modificaciones al Código del Menor con respecto a la edad tope y las responsabilidades penales que figuran en el mismo.

Los cambios principales que reseña la prensa contiene este proyecto de tanta importancia que bien merece ser publicado de manera más explícita, plantean 16 años en vez de 18 como edad máxima para ser juzgado al amparo del Código, estableciendo mecanismos más rigurosos para determinar la minoría de edad de los imputados También eleva las penas de reclusión de cinco a diez años y propone asimismo, endurecer las aplicables a los adultos que instiguen o utilicen a menores de edad para cometer hechos delictivos.

En TELEDEBATE hemos estado abogando por introducir modificaciones al Código del Menor. Como somos neófitos en el tema, lo hemos hecho a partir de testimonios muy calificados de psiquiatras, psicólogos, sociólogos, ex jueces y abogados. Todos sin excepción abogan por cambios a la luz de hechos criminales que se han venido registrando, algunos muy graves y con características tan horrendas que han estremecido a la sociedad y en las que la simple y pura aplicación mecánica del Código también ha provocado general rechazo y preocupación.

Ahora bien… ¿son las modificaciones propuestas, o sea, reducir la edad para ser juzgado como menor a 16 años y elevar las penas de reclusión de cinco a diez años, aplicadas también de manera simplemente mecánica, la solución al problema?

De acuerdo a los testimonios y sugerencias que hemos estado recolectando de los diferentes profesionales a los que antes hemos hecho mención en sus respectivas comparecencias en TELEDEBATE, nos parece que los cambios debieran orientarse a partir de estos tres aspectos no excluyentes:

El primero es el tipo de delito, las circunstancias en que se comete y sus elementos agravantes. No es un homicidio común ni puede considerarse como tal, por poner un ejemplo, el asesinato en serie de varios taxistas llevado a cabo por un grupo de adolescentes con la finalidad de despojarlos de sus bienes, ni la forma fría en que relataron los crímenes, ni su total falta de arrepentimiento, ni su desafiante amenaza de que una vez en libertad volverán a hacer lo mismo.

El segundo es la determinación de la edad emocional de los inculpados que no siempre guarda relación con la cronológica. Hay adultos con mentalidad muy inferior a su edad fisiológica y menores con una mucho más desarrollada que la que corresponde a su edad calendario. El país dispone de una buena batería de bien calificados psiquiatras y psicólogos para mediante la aplicación de test de reconocida solvencia científica y de aceptación internacional, poder determinar la edad mental real de los inculpados.

Y en tercer lugar, su potencial grado de peligrosidad en base a su nivel de desorden antisocial, mental y conductual. Un psicópata de 15 ó 16 años de edad calendario no necesariamente dejará de serlo porque en vez de cinco se pase diez años en reclusión. Al dejar atrás las rejas carcelarias, ya adulto y con mayor bagaje criminal, puede continuar resultando tanto o más peligroso que cuando cometió el hecho por el que fue juzgado como menor.

Cambios hay que hacerlos. Por eso hemos abogado y en ello estamos totalmente de acuerdo como creemos lo está el grueso de la ciudadanía pensante, que es donde se pudieran encontrar más reparos. Pero los mismos tienen que ser bien sopesados, siendo de esperar que así lo entiendan la Cámara y en su momento, el Senado para manejar el tema con la mayor profesionalidad, consultando y acogiendo el dictamen de los más calificados expertos nacionales que los tenemos y aún extranjeros, si fuese necesario.

Si al fin vamos a modificar el Código del Menor, no lo hagamos de manera festinada sino responsable y meditada para que pueda cumplir los objetivos que impulsan la necesidad de introducirle cambios.

TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. “teledebate@hotmail.com”

EL TIRO RAPIDO DEL VIERNES - MARIO RIVADULLA, 29,07,11

Originalmente era una exoneración por período congresional, bajo el alegato, hasta cierto punto entendible de que había legisladores que vivían en el interior, carecían de vehículo y necesitaban proveerse de uno para poder trasladarse a la capital los días de sesión. Otros, que sí disponían de vehículo propio, vendían la exoneración a particulares y conseguían un ingreso extra. Era una práctica censurada pero hasta cierto punto tolerada, sobre todo porque la mayoría de los vehículos adquiridos no resultaban excesivamente lujosos.

Con el tiempo, sin embargo, algunos más avispados, le tomaron el pulso y el gusto a la oportunidad de hacerse con mayores ganancias. Y surgió entonces la propuesta de conceder una exoneración cada dos años, en vez de cuatro. O sea, dos por cada período congresional. Así, quienes tenían vehículo propio, vendían dos en vez de una y duplicaban el ingreso extra. Otros, utilizaban una para su propio uso y vendía la otra. Aunque siempre generando denuncias y críticas por lo que se consideraban privilegios irritantes, la situación no pasaba a mayores.

Pero ya más recientemente, la práctica ha adquirido otras dimensiones hasta el punto de escandalizar aún a los más indiferentes. Sobre este aspecto, Participación Ciudadana ha ofrecido un dato de gran interés.

Según la entidad, la importación de 127 vehículos de lujo exonerados por parte de senadores y diputados representaron que el Estado dejara de cobrar 266 millones de pesos en impuestos. En la mayoría de los casos, los precios en fábrica de los vehículos son como para quitar la respiración: en dólares 200 mil, 250 mil y en un caso al menos alrededor de 450 mil. Traducido este último a pesos a la tasa actual, estaríamos hablando de más de 17 millones.

Salvo alguna que otra, todas las restantes exoneraciones fueron vendidas a particulares. Y si cuestionable es el hecho de que señores legisladores, a costa del Estado por cuyos intereses están supuestos a velar, se dediquen a estas prácticas casi dolosas, no menos inmoral es el hecho de que particulares que disponen de recursos suficientes para adquirir un vehículo de varios millones de pesos, le regateen y escamoteen al Estado el pago de los correspondientes derechos.

Ante la situación señalada, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, plantea que en vez de importación libre como ocurre ahora, le sea fijado un límite al precio de los vehículos exonerados a los congresistas.

Apoyamos esa propuesta de tal modo que se ponga fin a la concesión de exoneraciones a los congresistas para traer al país carros de los más costosos que se comercializan a nivel mundial, a favor de terceros que si pueden costear los mismos también están en capacidad de pagar los impuestos correspondientes. Como también sugerimos que en vez de una exoneración cada dos años, se conceda una sola durante el período y que ésta sea intransferible.

Pero ojo y oído. Pared Pérez tiene razón. No son solo los congresistas. Hay quienes arropados en instituciones benéficas o sin fines de lucro o en incentivos especiales otorgados a empresas que se entiendan necesarios para facilitar su desarrollo y contribución al crecimiento económico y creación de empleos, gestionan exoneraciones para uso personal, en no pocos casos también de un innecesario nivel de lujo, lo cual también debe ser prohibido. La ley debe correr pareja.

De esperar que la propuesta del Presidente del Senado sea acogida no solo por sus compañeros de hemiciclo sino respaldada por la Sociedad Civil a través de sus diferentes mecanismos de expresión y presión, más en estos momentos de crisis financiera internacional y local donde se precisa de un mensaje de real austeridad que cuente con el endoso del propio ejemplo, sobre todo de quienes cargan sobre sí la responsabilidad de elaborar el andamiaje jurídico que sirve de soporte institucional al país.

TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. ¨teledebate@hotmail.com”