UN TRAGO AMARGO

De "trago amargo" ha calificado el Presidente Danilo Medina la propuesta de Reforma Fiscal presentada al país y sometida a discusión de los distintos sectores de la sociedad a la búsqueda de consenso, con una dramática apelación al sacrificio colectivo para impulsar el desarrollo.

Lo es en verdad. Como lo es también descubrir que el déficit fiscal es muy superior a todos los estimados que se habían hecho, por cuanto monta a 188 mil millones de pesos, nada menos que un ocho por ciento del Producto Interno Bruto, faltante que se espera cubrir en los próximos tres a cuatro años con los nuevos impuestos y el aumento de otros ya existentes que contiene el proyecto, con el cual se procura elevar la presión fiscal del 13 al 15 por ciento. Se trata de una cifra tradicioanlmente manejada por el gobierno y que objeta el empresariado sosteniendo que en realidad es de un 18.

Por más vueltas que se le diera, se sabía y esperaba que la propuesta oficial no sería fácil de asimilar. Pero en realidad, ha sido superior a todo lo estimado. Pero con independencia del hecho de que de una u otra forma, el gobierno está urgido de aumentar sus recaudaciones, entendemos, sin embargo, que la misma adolece de varios fallos.

El primero de ellos es que parece haber respondido a un criterio estrictamente técnico, con independencia de valoraciones políticas y sociales. Semeja más bien una fría propuesta elaborada por los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional.

Resulta además muy detallista. Y aplica gravámenes a toda una serie de productos de consumo popular, de difícil control y tan bajo rendimiento que no parece tener verdadero impacto recaudatorio y sí en cambio dar sensación de agobio fiscal a la población.

No parece tomar en cuenta los posibles efectos negativos sobre sectores importantes al tiempo que altamente sensibles. Tales: las zonas francas, el turismo y misma la naciente industria de cine a la que se le elimina el incentivo fiscal, lo que frenará su desarrollo y hará derivar las producciones cinematográficas internacionales hacia otros mercados donde se les otorga ese estímulo. Los perjuicios en posible fuga de empresas extranjeras establecidas en los parques industriales, en nuevas inversiones, exportaciones, generación de divisas y creación de empleos pudieran resultar muy superiores a los esperados beneficios tributarios.

No viene precedido, además, de un elemento que pudiera ser su principal punto de apoyo: un plan concreto del gobierno de reducción del gasto público, incluyendo salarios y pensiones de lujo, sobrenómina estatal y otros de los que hasta ahora se han recibido contadas y tímidas demostraciones.

De ex profeso, dejamos para el final los reclamos para que el Presidente Danilo Medina derive la responsabilidad de la crisis fiscal a los ocho años de gestión de Leonel Fernández. En un plano realista se trata de un planteamiento que resulta ingenuo desde el punto de vista político, en otros de franco matiz oposicionista de quienes pretenden que el actual mandatario coloque en la picota pública a su predecesor. De hacerlo estaría Medina poniendo en grave riesgo la estabilidad de su base política, sin la cual le resultaría imposible el ejercicio de la gobernabilidad. Su diferencia tendrá que marcarla de aquí en lo adelante, con el accionar transparente de su propio equipo pero no mirando hacia atrás. Demandarle lo contrario, sería tanto como pedirle que se suicide.

Volviendo a la propuesta fiscal, es de esperar que haya sido concebida no en términos definitivos aprovechando su mayoría congresual aplicada de modo mecánico, sino como una ficha de negociación sobre todo con los sectores que pudieran ser más afectados y que por extensión, afecten al propio gobierno, lo que pudiera ocurrir de intentar aplicar a todo trance un remedio que pudiera resultar peor que la enfermedad.

El trago amargo de la Reforma necesita en verdad una gota de miel. A fin de cuentas, quienes deben beberlo lo hacen con la convicción de que están pagando culpas y pecados ajenos.

UN TEMA CONTROVERSIAL

   La solicitud del Procurador General de la República a la Suprema Corte de Justicia para dejar sin efecto la decisión del ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, adoptada a escasos días de la toma de posesión del Presidente Danilo Medina, archivando el expediente contra el senador peledeista Félix Bautista, se ha convertido en un tema altamente controversial. En este caso, no solo desde el punto de vista jurídico sino también político…y lo que más llama la atención, en el seno del propio Partido de la Liberación Dominicana.  

   El tono subido de lo que parece abre la puerta a una polémica pública con el doctor Francisco Domínguez Brito, lo acaba de dar el ex Procurador General de la República y último Consultor Jurídico del gobierno del ex Presidente Leonel Fernández, doctor Abel Rodríguez del Orbe, en esta ocasión actuando como abogado del senador Bautista. El combativo letrado no se ha limitado a cuestionar la decisión del alto funcionario fiscal considerándola improcedente desde el punto de vista legal y constitucional, sino que lo acusa de querer ganar notoriedad pública y obtener capital político personal. Domínguez Brito, por su lado, ha anunciado que este martes dará respuesta a las declaraciones de Rodríguez del Orbe, publicadas además como espacio pagado en la prensa matutina.

   Una opinión que no puede ignorarse es la del doctor Marino Vinicio Castillo, en su condición de director de Etica e Integridad Gubernamental. Don Vincho afirma no tener objeción a la solicitud del doctor Domínguez Brito pero le reclama no ser selectivo en este sentido, a fin de que no se perciba que sus motivaciones no son “profundamente honradas, éticas y serias”.

   En su programa “La Respuesta”, el doctor Castillo aboga porque el Procurador General disponga una profunda investigación de 34 expedientes de presuntos actos dolosos que obran en el Departamento de Prevención de la Corrupción y que están respaldados por otras tantas auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, sin importar a qué administración pertenezcan. “Caiga quien caiga, no dejemos un altar sin tocar”, reclama.

   Entre estos expedientes figuran los que involucran a Amable Aristy Castro, durante su gestión al frente de la Liga Municipal Dominicana; el de José Enrique Sued, en el tiempo de su desempeño como Alcalde de Santiago y el de Héctor Rodríguez Pimentel, cuando fue director del INDHRI, todos los cuales fueron atribuidos por los implicados a alegada persecución política por haber respaldado la candidatura presidencial de Hipólito Mejía.

   Al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, anteriormente conocido por las siglas de DEPRECO, siempre se le ha reprochado no haber cumplido con sus objetivos. Se menciona que a lo largo de los años ha acumulado decenas de expedientes por presuntos actos de corrupción. Pero apenas se cuentan con los dedos de las manos los que han ido a la justicia, menos aún los que se han traducido en condenas contra los responsables de actos dolosos. El argumento a que han apelado siempre sus respectivos incumbentes es falta de recursos y personal para realizar las investigaciones de lugar que permitan acopiar pruebas con validez jurídica.

   Ahora bien: con independencia de los méritos jurídicos de cada caso en particular, siempre estará presente el factor político. En esta oportunidad no es la excepción, con la diferencia de que ahora las figuras involucradas, Procurador General, senador investigado y abogado defensor son todos destacados dirigentes del mismo Partido de la Liberación Dominicana, lo que torna la situación más compleja y pudiera conllevar un elevado costo político tanto para el mismo como para el gobierno de Danilo Medina.

VOCES DE ALERTA

    Fue en febrero pasado, que un grupo de expertos voluntarios del Capítulo de la National Fire Protection of America-República Dominicana, en una visita al director del Diario Libre, llamaron la atención sobre el tema de la falta de seguridad contra incendios sobre todo en las edificaciones altas. Según expresaron en dicha oportunidad, en el país se han venido realizando construcciones del Primer Mundo con normas de seguridad del Tercero.  

  ¿Qué significa esto en lenguaje concreto? Que torres de 8, 10, 12 y muchos más pisos se han estado construyendo con los mismos criterios de prevención contra incendios que se si tratase de inmuebles de apenas 2 ó 3 plantas.

  Hay que advertir que los especialistas que lanzaron esta voz de alerta no cuestionan la calidad y fortaleza de esas construcciones ni la solvencia técnica con que se han ejecutado. Pero sí se lamentan de que no se han cumplido los requisitos contra incendios.

  Antes de emitir públicamente tan preocupante señalamiento, los expertos José Jiménez, Evelio Martínez, Juan Carlos Guilbe y Seti Fernández revelaron haber revisado tres de los edificios más altos levantados en el Distrito Nacional y comprobado que apartamentos de super lujo de 700, 800 y hasta 900 metros cuadrados de edificación, apenas disponen de una sola escalera en toda la edificación. Esto compromete seriamente las posibilidades de una evacuación segura en caso de incendio o cualquier otra eventualidad de riesgo.

  Punto importante que dejaron esclarecido: el concepto erróneo de que es el fuego el que mata, cuando en realidad la mayor parte de las víctimas lo es por el humo. En un incendio que se produzca en la planta baja de un edificio los residentes en los pisos más altos corren un elevado riesgo de morir por asfixia si no disponen de buenas vías de evacuación integradas al inmueble, ya que las escaleras de los cuerpos de bomberos mejor dotados del mundo apenas tienen un alcance de 75 pies.

  Han pasado siete meses desde que se dejaron escuchar esas voces de alerta… ¿Qué se ha hecho de entonces a la fecha para corregir esta situación en las torres residenciales y aún en algunas comerciales que adolecen del problema, sin esperar a que ocurra una tragedia evitable? ¿Qué previsión se ha estado haciendo en ese sentido en las nuevas construcciones? ¿Cómo es que las autoridades que otorgan los permisos para la realización de estos proyectos y deben aprobar los planos de los mismos no han tomado en cuenta esta indispensable norma de seguridad?

  En el Gran Santo Domingo, la siembra de empinadas torres residenciales ha sido impresionante en los últimos 12 ó 15 años. Y se siguen construyendo edificios cada vez con mayor cantidad de pisos. En Santiago está ocurriendo algo similar. El concepto de propiedad vertical ha estado sustituyendo al de la propiedad horizontal, que primaba en la cultura de los dominicanos, hasta dos décadas atrás.  

  Pero aparte de la calidad de los materiales utilizados y la solidez estructural del inmueble, es preciso tomar en consideración un aspecto tan esencial como el señalado que garantice al máximo la seguridad de los ocupantes ya sea en caso de incendio, terremoto, huracán o cualquier otra eventualidad infortunada.

  Los constructores están obligados a tomar ese aspecto esencial en consideración, las autoridades a velar porque se cumplan las normas correspondientes y los propios residentes en comprobar por su propio interés, que el inmueble donde piensan vivir cuenta con los mecanismos de previsión y emergencia requeridos. A fin de cuentas, son los principales interesados ya que en ello les va su seguridad y aún su propia existencia.

DECLARACION DE BIENES

La desidia en unos casos y al parecer la resistencia en los demás por motivos que mueven a suspicacia, de los funcionarios públicos a hacer la declaración de bienes al comienzo y al final de su gestión, no es tema nuevo.  No obstante que la ley establece de manera expresa la obligación de ambas, la inicial dentro de los primeros treinta días de haber sido nombrados y la final, dentro de los siguientes treinta de cesar en sus cargos, ha sido tradicional el incumplimiento de ese requerimiento legal considerado esencial para garantizar su más pulcro desempeño.

En realidad no lo es tanto.   Por falta de eficientes mecanismos de comprobación, ha sido frecuente el que funcionarios hayan falseado su declaración de bienes al comienzo de su gestión, por lo general reconociendo un patrimonio inferior al real al no poder justificar su monto.  Esto lo reconoció y admitió públicamente durante el pasado período del doctor Leonel Fernández, uno de los incumbentes del entonces Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), que por una o varias razones, nunca pudo prevenir nada y menos aún someter a la Justicia un solo expediente en casos de notoria corrupción. 

Para alegadamente evitar que la ley continuase siendo burlada, el Presidente Leonel Fernández, durante su gestión,  emitió un decreto otorgando plazos terminantes de 30 días para su cumplimiento, con tres tipos de sanciones de aplicación progresiva a los funcionarios en falta.  La primera, amonestación pública vencido el primer plazo; la siguiente, retención del sueldo vencido el segundo plazo y finalmente, la destitución del cargo llegado al plazo final. 

Pese a ello fueron numerosos los funcionarios que hicieron tabla rasa de la ley y del decreto.  La mayor parte, presentó una declaración falsa, ocultando buena parte de su real patrimonio.  No hay que significar que todas estas violaciones y actos de perjurio quedaron impunes sin que en ningún caso se aplicasen las sanciones establecidas.

 Ahora parece que la situación se repite como si fuese un mal endémico.  El Tesorero Nacional de la República en el curso de un encuentro con periodistas que cubren su área de trabajo, revela que de más de un centenar de funcionarios nombrados por la presente Administración que están obligados a cumplir con el requisito de la declaración de bienes, sólo quince lo han hecho cuando ya está al vencer el plazo de ley de los treinta días.  Y advierte que una vez que llegado el mismo, retendrá el sueldo de los que aún no la hayan presentado.

El Presidente Danilo Medina, cuyas primeras disposiciones han estado focalizadas a promover y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos, dio instrucciones precisas de que se aplique la señalada sanción en los casos que proceda.

Es de esperar que así se haga sin ningún tipo de privilegio, excepción ni ocultamiento ni importar de quien se trate.  Las primeras sanciones en caso de aplicarse servirán de advertencia al resto de que el propósito va de veras y que quienes no obtemperen a lo dispuesto en la ley serán sancionados.

Por lo demás reiteramos que si bien es un primer paso para tratar de frenar la corrupción en la Administración Pública, se precisa de dar otros complementarios y de mayor alcance.  Tal, por citar uno del que hemos hablado en ocasiones anteriores,  es  implantar en el caso de los funcionarios públicos la norma de  la inversión en el fardo de la prueba en sustitución del principio de la “presunción de inocencia” que rige en nuestro sistema jurídico hasta tanto no se produzca un fallo definitivo de culpabilidad por los tribunales.  De este modo, todo funcionario público tendría que justificar el origen de sus bienes cuando su cuantía resulte desproporcionada en relación a sus ingresos y de igual modo su tren de vida.

Esta, por consiguiente, es una primera prueba. Reiteramos que de la voluntad política que se manifieste en hacer cumplir la ley de la declaración de bienes dependerá en buena medida el éxito de la política de transparencia y honestidad que siga el presente gobierno.

SUMIDERO MORAL II

Primero fue en la Autopista de las Américas donde bandas de malhechores se cansaron de atracar a viajeros de entrada al país, dominicanos y extranjeros. En unos casos, los malhechores despojaban a sus víctimas de sus equipajes y pertenencias en algún tramo del trayecto desde el aeropuerto a la capital. En otros, su audacia los llevó al extremo de seguirlas hasta su destino y hacerlo en las mismas puertas de sus hogares.

Denunciada de manera reiterada a través de los medios de comunicación, la situación llegó al punto de obligar a las autoridades norteamericanas a llamar la atención de sus nacionales sobre el riesgo de ser asaltados en esa vía, en caso de viajar al país. Luego, una advertencia similar fue hecha por el gobierno de Holanda a sus ciudadanos. Fue a partir de entonces que se dispuso de mayor vigilancia para poner freno a la ola delictiva. No extrañó la evidencia de complicidad de algunas autoridades de servicio en Las Américas, tanto civiles como militares y policiales.

Pero también la frecuencia de asaltos en la Autopista Duarte motivó otra vez al gobierno estadounidense a una nueva alerta a sus ciudadanos, en esta ocasión referida a esa importante arteria que enlaza la capital con Santiago y otras ciudades del Cibao. Bastó la misma para que otra vez las autoridades dieran instrucciones de intensificar el patrullaje policial en la misma.

No son los únicos casos de inseguridad vial. Casi de inmediato, ejecutivos de empresas dominicanos y extranjeros han denunciado actos de vandalismo, que crean una situación de incertidumbre y temor en el tramo de carretera Maimón-Cotuí, donde la vigilancia policial es casi inexistente. En la zona turística de Bávaro no han sido infrecuentes los atracos con extrema violencia y pérdida de vidas, de que han sido víctimas tanto criollos como turistas de distintas nacionalidades. En otras vías de comunicación del país se reportan situaciones parecidas llevadas a cabo con la mayor impunidad.

Estos hechos criminales han venido ocurriendo desde hace tiempo sin que se les prestara la debida atención y no deja de resultar lamentable que haya tenido que ser a consecuencia de la queja del gobierno norteamericano que las autoridades hayan decidido ponerse las pilas para hacerles frente. Esto así, motivado sobre todo por el hecho de ser los Estados Unidos nuestro principal socio comercial y el más importante y lucrativo mercado turístico con que contamos.

Quizás si la mitad o más de los miembros de la Policía no estuvieran realizando funciones ajenas a la institución, sobraría personal para disponer de un buen servicio de patrullaje de caminos que además de proteger a la población de estos actos de vandalismo realizados con tanta frecuencia e impunidad, nos libraría de la vergüenza de ser colocados en la picota internacional como un país inseguro.

Como recurso de consolación queda pensar que más vale tarde que nunca, siempre y cuando el incremento compulsivo dispuesto ahora en las medidas de vigilancia y protección sean de carácter permanente y no simplemente temporal hasta que baje la fiebre, como ha ocurrido en tantas otras oportunidades y situaciones.

SUMIDERO MORAL

Pocos delitos resultan más repulsivos que el de la violación de menores.  Son tan indignantes que hasta los propios presos que cumplen sanción, inclusive por hechos horrendos, mantienen un singular código de rechazo y castigo a los violadores.    A estos, por lo general, les aplican duras golpizas cuando llegan a los recintos carcelarios y no son raras las ocasiones en que son sometidos a un ritual de violación masiva.


Los feminicidios, que día tras día, enriquecen su trágica cosecha de muerte, han acaparado el interés de la opinión pública en forma creciente.  Gran parte de esta focalización y toma de conciencia sobre el tema, se debe al trabajo intenso que han venido desplegando numerosas organizaciones de la sociedad civil reclamando acciones más enérgicas por parte de las autoridades para frenar esta especie de epidemia de muertes,  que más que pasionales lucen enfermiza expresión de una torcida cultura machista. 

Llamar la atención de manera insistente y demandar poner bridas a esta orgía de mujeres asesinadas por sus parejas, incluyendo a veces los propios hijos e hijastros y otros parientes de la víctima,  se entiende y justifica.   Arropa, sin embargo y le disputa atención a esta otra no menos preocupante situación que es el abuso sexual a menores que se registra en el seno de nuestro medio,  donde cada vez resulta más notoria la pérdida de valores y más frecuentes estos actos de perversión.  

Esta misma semana nos aporta varios ejemplos ocurridos con diferencia de pocas horas. Veamos. 

Un desalmado utilizó Facebook para contactar a dos menores de 13 y 14 años, a las cuales fotografió desnudas y luego obligó a tener sexo bajo amenazas.  La difusión en el sector donde residen de las tomas de ambas niñas sacó a relucir el hecho y llevó al apresamiento del responsable.

En Jarabacoa, otro degenerado asaltó a una menor de 10 años con fines de violarla. Por suerte, los gritos de la víctima atrajeron a varias personas frustrando el salvaje intento.

Pero fue en San Juan de la Maguana donde se registró el hecho más vergonzoso, cuando un individuo penetró cuchillo en mano en la casa de la abuela de su propia hija de apenas 15 años y obligó a esta a tener sexo con él.

¿Casos atípicos, singulares, infrecuentes?  Todo lo contrario, son dramas que se repiten a diario y que en la mayoría de los casos involucran a familiares de las propias víctimas o a personas del entorno familiar. Situaciones por otra parte, que por lo general, escapan sin sanción porque en la mayoría de los casos las denuncias por abuso sexual son retiradas en el camino.  En unos casos, los familiares de la víctima llegan  a un arreglo económico con el violador. En otros, prefieren no denunciar el hecho por vergüenza y temor al qué dirán o a represalias por parte del violador,

Las violaciones a menores y la misma prostitución infantil que involucra a miles de niños las más de las veces obligados o impulsados por sus propios progenitores,  al igual que las agresiones de género son parte de la violencia intrafamiliar que se estima afecta a no menos de entre el 60 y el 80 por ciento de los hogares dominicanos. Son también expresión de graves torceduras culturales y conductuales por parte de sus autores,  de pérdida o total ausencia de principios y valores en que se asienta la convivencia civilizada y sobre todo, de la profunda crisis que afecta a la familia dominicana y la sociedad en general, donde la violencia social se manifiesta en múltiples formas y supera con mucho el auge de la criminalidad.

Y por ese sumidero moral  más que por los efectos de la crisis global de la economía y los devaneos, chismes, excesos y piruetas políticos o cualquier otra razón,  es que se nos puede ir a pique este proyecto imperfecto de nación en que nos desenvolvemos.

CONTRA LA CORRUPCION

Dicen que a la tercera va la vencida. Y es precisamente la tercera ocasión en que el senador Charlie Mariotti introduce en el alto cuerpo legislativo un importante proyecto de ley destinado a frenar la corrupción pública.

Si mal no recordamos, la primera versión de la pieza legislativa junto con la del combativo senador por Monte Plata, calzaba también la firma del entonces representante de la provincia de Santiago, Francisco Domínguez Brito, actual Ministro de Trabajo, que no buscó la reelección al vencer su período en el 2010, dejándole expedito el camino para ocupar esa curul a su compañero de militancia, Julio César Valentín.

Al parecer en esta ocasión, Mariotti no quiso buscar o no encontró compañero en el viaje legislativo de este proyecto que es de suma importancia, pero que de seguro afectará intereses ya creados o potenciales que harán presión para evitar que se conozca y perima, tal como ha ocurrido con los dos anteriores.

En su proyecto, Mariotti incorpora la figura de la inversión del fardo de la prueba para los funcionarios públicos. De recordar que nuestra legislación procesal penal consagra la presunción de inocencia de todo acusado, tocando a la fiscalía presentar elementos probatorios con validez legal que permitan obtener un fallo condenatorio.

La inversión del fardo de la prueba representa una modificación radical de ese concepto pero exclusivamente para los servidores públicos. En el caso de estos, si hay una variación entre la declaración de bienes que deben hacer obligatoriamente al iniciar su gestión y la que les corresponde hacer igualmente al finalizar la misma, deberán demostrar la procedencia de los fondos que justifiquen la diferencia.

Cierto que el ejercicio de la corrupción pública es tan añeja y extendida que quienes incurren en ella apelan a todo tipo de mecanismos de simulación para esconder sus fortunas mal habidas. Pero sin dudas, la aprobación y correcta ejecución del proyecto que comentamos reduciría la posibilidad de evasión.

La corrupción es un mal endémico en el país, estimulada por la impunidad de que ha gozado hasta ahora a través de los distintos gobiernos que se han sucedido en el poder. El saqueo de los fondos públicos mediante distintas fórmulas de encubrimiento y desvío, los negocios turbios realizados a la sombra del poder y demás formas de enriquecimiento ilícito se han convertido en una práctica común y un incentivo para tomar por asalto las posiciones públicas.

Los perjuicios que se derivan de estas prácticas dolosas desbordan los límites oficiales y permean y convierten a todo el aparato social en cómplice de los mismos. Es además, responsable directo de muchos de los males que padecemos. El desaparecido Miguel Cocco, mencionado con frecuencia como paradigma de honestidad, afirmó en más de una ocasión que la corrupción era la principal responsable de la pobreza en el país. No le faltaba razón.  Esa percepción sigue teniendo vigencia.

Como señalamos antes, si a la tercera va la vencida, es de esperar que en esta nueva ocasión el interesante e importante proyecto del senador Mariotti salga a flote y ocupe lugar de prioridad en la agenda senatorial para ser discutido y aprobado, sin que sea vea afectado por ninguna modificación que altere su esencia y propósito fundamental.

En TELEDEBATE le brindamos nuestro modesto pero firme apoyo mediático y ciudadano.

INFRACCIONES E IMPUNIDAD

Agentes de la AMET detuvieron y se incautaron de cientos de vehículos pesados y livianos que transitaban por la Autopista Duarte e incurrieron en diversas violaciones a las normas de tránsito. Es plausible esa acción, pero lo sería más si en vez de un operativo aislado se plantease como una estrategia sostenida que sin dudas contribuiría a que conductores desaprensivos e irresponsables, que en tantas ocasiones provocan accidentes fatales, fuesen más cuidadosos.

Ya antes también fueron igualmente retenidos cientos de vehículos, cuyos conductores no respetaron la luz roja, una de las faltas más graves en que se puede incurrir por el riesgo cierto que comporta de provocar colisiones y costo en vidas, en otro operativo que al parecer duró apenas uno o dos días ya que no se ha mencionado más el mismo.

Algo similar ocurre con las campañas que también de tiempo en tiempo, se montan contra los motoristas ya sea por andar sin casco, conducir sin licencia o hacerlo en forma temeraria. Recuérdese que los motoristas están involucrados en el 75 por ciento de los accidentes vehiculares. Ellos aportan también la mayor cantidad de víctimas fatales y de lesionados. Pero al no mantenerse una campaña sostenida, una vez que la AMET pierde interés o lo focaliza en otra área, se vuelven a cometer las mismas infracciones.

Lo más grave de todo sin embargo, es que la Ley 241 que regula el tránsito carece de mecanismos de real aplicación. En días recientes, se divulgó la información de que bajo la rectoría del general Sanz Jiminián agentes de la AMET han impuesto más de 700 mil multas por diversas infracciones. Sin dudas, un voluminoso expediente de trabajo. Pero la parte mejor es cuando se reconoce que de ese gran total ¡apenas es pagado el 3 por ciento de dichas multas¡ Los infractores simplemente reciben la citación y hacen tabla rasa de la misma, no concurriendo a juicio ni liquidando la penalidad.

El propio general Sanz Jiminián durante su participación con otras autoridades del tránsito en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio en semanas recientes, enfocando este mismo tema mencionó el caso de un infractor a quien se le han impuesto más de 200 multas sin que haya pagado una sola. Para decirlo en palabras llanas: ¡Así no se puede¡

En la comparecencia a que hacemos mención, Sanz Jiminián dio cuenta de un proyecto de ley encaminado a modificar la actual legislación que regula el tránsito vehicular, a fin de actualizarla y agravar las sanciones a los infractores.

Ahora bien…¿contempla ese proyecto establecer mecanismos eficientes y compulsivos para obligar a los infractores a pagar las multas? Porque de no ser así, es evidente que la situación de incumplimiento por parte de los violadores de las normas resultaría mucho más acentuada al ser mayores las penas y estar convencidos de que el no pago de las multas seguiría arropado de total impunidad.

Los accidentes vehiculares constituyen la principal causa de muertes violentas en el país. La cosecha de víctimas es diaria…pero a nadie parece perturbarle el sueño. En las calles proliferan choferes irresponsables, incompetentes, violentos y violadores hasta de las normas más elementales que convierten las vías públicas, autopistas y carreteras en un permanente riesgo de colisión y de muerte. Es una situación a la que tenemos que ponerle remedio. Si no se puede por vía de educación, hay que lograrlo a través de la compulsión de la ley. Porque cuando se habla de la necesidad de incrementar los niveles de seguridad ciudadana, el tema de los accidentes de tránsito no puede echarse a un lado por su elevado costo en vidas, lesionados muchos de ellos de manera permanente y cuantiosos daños materiales que han obligado a aumentar las primas de seguros.

AVANCES MÉDICOS

Impresionante la noticia de que la próxima semana se llevará a cabo la primera operación de trasplante de corazón. La misma será llevada a cabo en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Transplante CECANOT y en la misma participarán cirujanos españoles y dominicanos que recibieron un previo y exhaustivo entrenamiento en el exterior. La delicada intervención tiene un costo de millón y medio de pesos que será cubierto por CECANOT en su totalidad.

El pionero de los trasplantes de corazón fue el médico sudafricano Christian Barnard. Tuvo que vencer la resistencia de gran parte de los cardiólogos de la época que la consideraron una peligrosa aventura de imposible éxito. En verdad lo fue y Barnard aceptó el riesgo que revolucionó el mundo de la cirugía cardiovascular.

Posteriormente estuvo en el país invitado por la Fundación Dominicana de Cardiología para participar en la tradicional Cena del Corazón pro recaudación de fondos. En esa ocasión, como contribución, Barnard obsequió a la entidad el par de guantes con el que realizó la primera operación de transplante. Es una valiosa pieza histórica que la Fundación ha conservado celosamente.

Un aspecto que no debe pasarse por alto es que el equipamiento de CECANOT corresponde a la tecnología más avanzada en el campo de la medicina a nivel mundial, el cual corrió a cargo del Ministerio de Salud Pública, que era entonces todavía Secretaría. Allí laboran varios de los médicos más prestigiosos del país que desde su inauguración han venido realizando las más delicadas y diversas intervenciones quirúrgicas a beneficio de pacientes de escasos recursos económicos. Ahora, con la participación de los cirujanos españoles, CECANOT enfrentará este nuevo reto que representará un hito en la historia de la medicina dominicana.

Hay que destacar los impresionantes avances que ha registrado la medicina en nuestro país en los últimos tres o cuatro lustros. Enfermedades, transplantes de órganos y complejas cirugías que antes había que tratar en el exterior, se pueden tratar y realizar aquí con toda confiabilidad. El Cardenal López Rodríguez dio demostración y ejemplo de ello cuando se sometió a una delicada intervención de corazón en CEDIMAT.

El país cuenta con hospitales modernos y otros de gran tradición como el Gautier y Padre Billini, por citar solo dos casos entre varios, que han sido remodelados y dotados de equipos modernos que nada tienen que envidiar a los mejores del área, así como clínicas y centros privados de salud de primer orden, atendidos por excelentes profesionales médicos en todas las especialidades.

Es una labor diaria y titánica en permanente lucha contra las enfermedades y en disputarle vidas a la muerte donde intervienen médicos, enfermeras y personal de apoyo, que recibe mucho menos reconocimiento del que merece.

Por ello, al comentar la trascendental información de que en este pequeño país caribeño, medio insular, de apenas nueve millones y medio de habitantes, con una enorme carga de problemas encima, se va a realizar el primer transplante de corazón, queremos destacar los avances de la medicina dominicana, que debe ser motivo de orgullo y satisfacción para todos y rendir reconocimiento a quienes con su diario, casi siempre ignorado y tesonero trabajo lo han hecho y lo siguen haciendo posible.

A los cirujanos dominicanos y españoles que realizarán la delicada operación, que puedan culminarla con éxito y al paciente que recibirá el nuevo corazón, una larga y provechosa vida.

EL RESCATE DE LA FAMILIA

Titular de portada del matutino El Caribe: Homicidios entre parientes alarman: van 42 desde el 2011. Parricidios. Hijos han matado a padres, hermanos a otros, padres a hijos, nietos a abuelos. El padre Luis Rosario dice: "Si falla la familia, falla todo el Estado".

Es una verdad de a puño. Penosa, lamentable verdad que se está registrando en el seno de nuestra sociedad.

Cuando la cantidad de feminicidios crece de día en día y este año amenaza alcanzar una cifra muy superior a los precedentes.

Cuando se incrementa también la cantidad de menores, varones y hembras, sumidos en la prostitución, muchas veces inducidos por sus propios progenitores.

Cuando menores de edad, apenas catorce, quince años apelan al suicidio por falta de comprensión o exceso de maltratos.

Cuando adolescentes asisten a escuelas y liceos llevando en sus mochilas, no libros ni materiales de estudio sino puñales, punzones y cuchillos para agredir a otros estudiantes.

Cuando madres involucran a sus hijas adolescentes en la venta de drogas.

Cuando bandas juveniles en los barrios son las que controlan el negocio de la distribución.

Cuando padres utilizan a sus hijos de corta edad, apenas cinco o seis años, como deliveries para entrega de estupefacientes a domicilio.

Cuando es cada vez mayor el número de niños, cada vez de más corta edad, que son recibidos en Hogar Crea por su adicción.

Cuando adolescentes se convierten en asesinos en serie y declaran con el mayor cinismo que volverán a hacer lo mismo al cabo de una corta pena en un centro correccional para menores, que los devolverá a las calles sin haber corregido nada.

Cuando la gran mayoría de los hechos delictivos con violencias, a veces con auténtico sadismo, son cometidos por jóvenes de menos veinticinco años.

Cuando el 58 por ciento de parturientas en el país son menores de dieciocho años, algunas de apenas once y doce.

Cuando hay más de un millón y medio de madres solteras en el país.

Cuando todo esto y mucho más que desborda el tiempo y espacio de este comentario está sucediendo a diario, sin aparente solución de continuidad pese al dedicado trabajo que llevan a cabo el propio sacerdote Rosario como encargado de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica, muchos otros sacerdotes y ministros de otras religiones, entidades sociales y patronatos integrados por hombres y mujeres de corazón generoso, tenemos que llegar a la tristísima, dolorosa y frustrante conclusión de que esa institución que es la familia, célula básica de toda sociedad, se encuentra atravesando por una profunda crisis.

Dentro del pródigo legado a la grey católica y la humanidad en general, que dejó el inolvidable Papa Juan Pablo II, figura esta sabia y contundente sentencia: "El hombre por encima de toda actividad, encuentra su desarrollo pleno, su realización integral, su riqueza insustituible en la familia. Aquí más que en todo otro campo de su vida, se juega el destino del hombre".

En nuestro caso lo que está en juego es el rescate de la familia dominicana. Y con ella el destino de la sociedad, el Estado y la nación. Una tarea que no admite dilación.

UNA SITUACIÓN RECURRENTE

Sería de impacto mediático y causaría asombro, si no fuera porque se trata de una situación recurrente, el titular principal del periódico Hoy revelando la existencia de una red delictiva que operaba desde una celda del sobrepoblado Penal La Victoria. La misma se dedicaba a clonación de tarjetas de crédito y débito así como transferencia ilegal de fondos mediante el Internet Banking.

Como cabecilla de esta red criminal se responsabiliza al recluso Ramón Luciano Sánchez Castillo, apodado La Cobra, al que se le ocuparon en su celda nada menos que seis teléfonos celulares y setenta y nueve chips o tarjetas Sim de diferentes compañías telefónicas así como un listado de clientes de las instituciones bancarias que serían víctimas del fraude. Como cómplices se señala a varios empleados bancarios que suministrarían las informaciones requeridas para operar el ilegal negocio.

Ahora bien…¿es concebible pensar que esa es toda la historia? Lógico que estén vinculados empleados de los bancos afectados. Pero… ¿y esos seis celulares? ¿Cómo entraron en la prisión? ¿Acaso no se anunció una disposición hace algún tiempo prohibiendo la entrada y uso de celulares por los reclusos? Y una vez dentro, ¿cómo un recluso ha podido disponer de media docena de celulares con total desconocimiento de las autoridades?

Por imperativa lógica hay que concluir que la entrada y el uso de los mismos solo puede haber sido posible con la complicidad de uno o más custodios del penal, donde al igual que ocurre en todas las cárceles del mundo siempre se dispone del auxilio de reclusos que se prestan a servir de soplones de las autoridades a cambio de determinados beneficios. Pero ni unos ni otros parecen haberse enterado.

Pero como señalamos al principio, no hay por qué extrañarse si recordamos que en nuestras cárceles, las del llamado sistema penitenciario antiguo, entra y ocurre de todo con casi absoluta impunidad, solo quebrantada en muy contadas ocasiones.

¿Acaso no era desde allí que el fallecido Rolando Florián Féliz, el más importante capo condenado y encarcelado en el país, siguió dirigiendo hasta su muerte su imperio de drogas, aún desde la celda de máxima seguridad en que supuestamente se encontraba confinado y que más parecía una suite de lujo? ¿No son muchos otros los negocios turbios y los imperios criminales que se siguen manejando desde tras las rejas? ¿No ha sido desde la prisión que se han ordenado muertes, ejecutadas inclusive dentro del propio recinto carcelario?

En los centros penitenciarios se introducen drogas, bebidas alcohólicas, prostitutas, hasta armas de fuego. Y no es precisamente por arte de magia. Tampoco lo es el que en ocasiones hayan sido detenidos individuos por la comisión de un crimen que estaban condenados y supuestamente en prisión, sin que nunca se haya explicado la forma misteriosa en que encontraban en la calle y no encarcelados. Personas de la máxima confiabilidad, han dado testimonio de ver reclusos sancionados en restaurantes y hasta sitios nocturnos de esparcimiento.

Volviendo a La Cobra, sus seis celulares, sus 79 chips, su lista de víctimas y su red de fraudes bancarios insistimos en que la investigación tiene que ser profundizada a lo interior del penal. Porque el negocio ilegal no hubiese podido montarse y operarse exclusivamente con los cómplices del exterior si no estuviesen también implicados elementos de dentro.

Por lo demás, parecería que luce ocioso y una lamentable pérdida de tiempo seguir llamando la atención sobre la vulnerabilidad de un sistema carcelario donde todo parece posible…hasta lo que pueda lucir imposible y los supuestos correctivos que se anuncian de tanto en tanto, apenas material para consumo mediático.

NO ES JUSTICIA

Los santiagueros están preocupados y con sobrada razón por la frecuencia conque se están registrando linchamientos contra delincuentes que son sorprendidos in fraganti. Entre los últimos casos ocurridos se cita el de dos menores de edad que fueron brutalmente golpeados por estar robando…mangos. Quizás una versión un tanto delictiva del popular "maroteo", que seguramente más de uno de los participantes en la paliza practicó de muchacho. Uno de los menores se reporta en grave estado.

Sin que esto sirva de justificación sino todo lo contrario, vale recordar que no es de ahora ni exclusivo de la ciudad de los 30 caballeros que se han venido produciendo actos de esa misma naturaleza en distintos puntos del país, principalmente en la provincia de Santo Domingo. Son varios los que han perdido la vida como consecuencia del ataque de las vengativas turbas.

Pero vale preguntar y debieran preguntarse los autores de estos hechos ¿a quiénes se está linchando? Hasta ahora, que se sepa, todos, absolutamente todos, han sido ladrones de poca monta. Ni un solo sicario, ni un solo capo de la droga, ni un solo jefe de mafias, ni un solo elemento de real peligrosidad ciudadana, de esos que asaltan y matan.

Como causa para este tipo de acciones, se menciona la creciente falta de confianza en las autoridades y en la Justicia. Seguramente hay mucho de razón en ese argumento. En más de una ocasión hemos señalado la progresiva pérdida de credibilidad en los tribunales, aumentada cada vez que se dicta un fallo que a todas luces resulta cuestionable y genera suspicacias, poniendo en libertad a elementos de amplio expediente criminal. Una de las tareas precisamente a que tiene que abocarse la nueva Suprema Corte es a restituir la perdida fe de la ciudadana en la Justicia. Conveniente recordar que ese tema estuvo presente en el discurso del Presidente del alto tribunal, doctor Mariano Germán, durante la celebración del Día del Poder Judicial y resultó la parte más aplaudida de su exposición.

Pero la realidad antes señalada no justifica que grupos de ciudadanos pretendan aplicar justicia por propia mano. Hay que decir por lo claro que el linchamiento no es justicia, es un acto tan criminal como el delito que se quiere castigar. Y en muchos casos, peor cuando la víctima es un simple ratero de menor cuantía.

Positivo que los ciudadanos se agrupen para asumir la defensa de su seguridad y sus bienes. Pero nunca para suplantar la autoridad, sino como complemento y auxiliar de la misma. Bien por consiguiente, que si atrapan a alguien en un acto delictivo procedan a perseguirlo y apresarlo. Pero no para matarlo, lo que convierte una legítima acción cívica en un acto criminal, sino para ponerlo en manos de las autoridades.

Se entiende la necesidad de sanear la Administración de Justicia de tal modo que recobre la confianza de la sociedad. Como también se hace necesario introducir cambios al Código Procesal Penal para que la sociedad no sienta, como ahora, que arropa la criminalidad en detrimento de la seguridad ciudadana. Pero el modo no es sancionar el delito por vía del linchamiento. Por este camino, terminaremos convirtiendo el país en una selva. Y esto es algo que seguramente nadie quiere y a todos perjudica.

CDEEE: PERSPECTIVA Y SUGERENCIA

Una de las ventajas que ofrece la gestión de Celso Marranzini al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad es que el no ser político ni tener aspiraciones en este campo, le permite hablar con toda la claridad que requiere el servicio.

Sin ceder a presiones inmediatistas, Marranzini proyecta el sector eléctrico en el tiempo con la debida sinceridad. Nada de halagos ni falsas promesas, sino perspectivas realistas con visión de futuro.

De ahí, sus señalamientos al disertar ante los directivos de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, advirtiendo que para el año 2016 el país requiere disponer de mil 500 megavatios de energía adicional para poder garantizar un servicio estable, tanto por el crecimiento de la demanda por el lado de las actividades económicas como de los usuarios domésticos.

Con esa meta por delante, la Corporación ha iniciado un proceso de licitación internacional, que garantiza transparencia, a fin de atraer inversiones por tres mil millones de dólares para la instalación de plantas a carbón, gas y eólicas que entrarían en el 2016 y vendrían a reemplazar la virtual camisa de fuerza que representa el llamado Acuerdo de Madrid, cuya vigencia caduca precisamente ese mismo año.

El ahorro estimado sería de tal magnitud que pudiera llegar a mil 86 millones de dólares anuales, lo que permitiría eliminar todo vestigio del oneroso subsidio que por diversos factores ha venido gravitando sobre el presupuesto nacional durante los últimos años. Esto así, asegura Marranzini, debido a que el costo del megavatio-hora se reduciría de los 240 dólares que se pagan al presente a solamente entre 106 y 117 para entonces, o sea menos de la mitad.

No precisa ponderar la importancia que reviste la gestión que se está llevando a cabo para captar los capitales que demanda este previsor y ambicioso proyecto de expansión. La instalación de las proyectadas plantas, unido a la sostenida gestión de aumento de clientes y cobro de la luz permite abrigar una firme esperanza de que a esa fecha el país podrá disponer de un servicio de energía estable, sin los tradicionales, costosos e irritantes apagones que por más de cuatro décadas ha caracterizado el mismo, afectando las actividades productivas y creando focos frecuentes de tensión social.

Por otra parte y en el mismo escenario, Marranzini, quien desde su arribo a la Vicepresidencia de la Corporación comenzó por imponer normas de austeridad administrativa que le permitieron ahorrar cientos de millones de pesos, colocó una nueva banderilla sobre el tema. En esta ocasión, fue para criticar la existencia de nada menos que siete consejos de administración que propone sean limitados a solo dos. Esto conllevaría una reducción significativa de gastos por ese concepto al tiempo que haría mucho más fluida la toma de decisiones.

Sin crear falsas ilusiones, las perspectivas del sector eléctrico esbozadas por su Vicepresidente y proyectadas al mediano plazo sobre una plataforma realista resultan alentadoras y pueden ser acogidas con razonable optimismo.

En cuanto a la propuesta de reducir de siete a dos la cantidad de Consejos de Administración, es de una lógica tal que cabe esperar sea objeto de la más pronta y positiva acogida.

DANILO Y MARGARITA

Fue no muy extenso pero sí emotivo el discurso improvisado por Danilo Medina durante el acto en que fue oficialmente proclamado por la Junta Central Electoral como Presidente electo de los dominicanos en los pasados comicios del 20 de Mayo y en que también recibió su correspondiente certificado la doctora Margarita Cedeño de Fernández, I Dama y Vicepresidenta a partir del próximo 16 de Agosto en que se producirá el cambio de mandos.

Fueron pródigas sus palabras en agradecimiento a los distintos sectores que contribuyeron a su triunfo, a su asesor brasileño de quien dijo que "nunca dudó de la victoria" y al Presidente Leonel Fernández, a quien llamó compañero, amigo y líder del Partido de la Liberación Dominicana por el decidido respaldo que brindó a su candidatura. Pero sin tratar de deslumbrar como político sino con acento preciso de hombre de Estado, también aprovechó la ocasión para expresar dos conceptos en extremo importantes.

Uno de ellos: que podrá la economia al servicio de la gente, propósito de gran significación en un pais como el nuestro que arrastra la dolorosa carga de más de un cuarenta por ciento de sus habitantes subsistiendo en condiciones de extrema marginalidad en unos casos y otros, por debajo de la llamada "línea de la pobreza".

El otro: cuando afirmó que se estuvo preparando para gobernar por lo que no teme en lo absoluto a que pueda producirse una situación internacional de crisis porque se encuentra en capacidad de enfrentarla. Si nos guiamos por su discurso propositivo de campaña, hay que convenir que se encuentra bien al tanto de los problemas puntuales del país por lo que nada que ocurra le tomará de sorpresa.

Quienes han estado más cerca de él durante estos seis años alejado de las tareas de gobierno que desempeñó con reconocida eficiencia por un período previo similar como Secretario de la Presidencia durante el primer período de Leonel Fernández y la mitad del segundo, dan testimonio de que aprovechó el tiempo tanto para elaborar su proyecto político como para identificar problemas y plantear soluciones en el desempeño de la Primera Magistratura. Tendrá la oportunidad de probarlo a partir del 16 de Agosto en que será investido con la banda presidencial.

No pasará a gobernar en un entorno fácil. Las carencias, demandas y prioridades son muchas y exigirán tiempo, gran dedicación y recursos. Tendrá que abocarse a grandes cambios. Deberá enfrentar muchas presiones sociales y tratar de vencer para el mejor ejercicio de la gobernabilidad, la hostilidad de una oposición que se resiste a aceptar su triunfo y da muestras de proyectarse más crítica que cooperativa, pese al ramo de olivo que le ha tendido y reiterado. Tendrá que hacer en fin, acopio de toda su paciencia y perseverancia, la misma que evidenció en la precedente media docena de años hasta verlas resarcidas con su meritoria victoria. Pudiera decirse que esa previa experiencia le ha templado el ánimo para enfrentar las grandes responsabilidades del Estado.

En la hoy Primera Dama y a partir también del 16 de Agosto, Vicepresidenta, encontrará de seguro a una mujer dotada de una gran capacidad de trabajo, con evidentes dotes de liderazgo y una amplia y probada cuota de popularidad obtenida a través del trabajo social llevado a cabo en todo el país y cuyos resultados se hicieron sentir en las urnas. Sin dudas, debe resultar una excelente colaboradora.

Con sus certificados de elección expedidos por la Junta, Danilo y Margarita pasarán a ser desde su próxima juramentación, el Presidente y la Vicepresidenta de todos los dominicanos. Para todos y en bien de todos deberán gobernar.

Danilo Medina pidió que Dios lo ilumine en el propósito de hallar las mejores soluciones a los problemas existentes e impulsar el país por caminos de progreso, bienestar y justicia.

OPORTUNO Y TRANQUILIZADOR

Motivado por un reciente señalamiento de que se estaba ejerciendo presión sobre los oficiales de los institutos castrenses que se estarían resistiendo a brindar su apoyo a Danilo Medina, el Ministerio de las Fuerzas Armadas ha dado a la luz pública una resolución adoptada el pasado 24 de abril en torno al presente proceso electoral.

En la mencionada resolución, el Ministro del ramo, teniente general Joaquín Pérez Féliz, recuerda a los integrantes de los cuerpos armados el carácter apolítico de los mismos y su absoluto sometimiento a la autoridad civil, en cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Asimismo, su compromiso de ser garantes del orden público y la paz ciudadana y en consecuencia, de velar porque el pueblo pueda “ejercer libremente sus derechos y deberes constitucionales de manera pacífica y ordenada”, válido en particular a las elecciones del próximo 20 de Mayo.

Aunque ya distantes los días en que se acusaba a integrantes de la guardia de llevar amarrados en la punta de sus fusiles un trapo rojo, las denuncias de politización de elementos uniformados han continuado estando presentes en los procesos electorales. Este no constituye una excepción. Y de ahí, lo oportuno de haber dado a la luz pública esta resolución que hasta ahora tenía un carácter interno.

Si hay uniformados que violan estas disposiciones y el obligado credo de apoliticidad de los cuerpos castrenses, lo correcto es señalarlos con pelos y señales. Las denuncias hechas al vuelo y en forma generalizada, gozan cada día de menos interés y credibilidad.

Por otra parte, las seguridades que ofrece el Ministerio de las Fuerzas Armadas de que la ciudadanía podrá ejercer libremente sus preferencias electorales, resulta tranquilizadora.

La campaña donde la violencia verbal era subida de tono pero estaba libre de agresiones físicas, muestra en estos días finales un panorama diferente. Ya hemos tenido que lamentar dos muertes; aún cuando la primera fuera por motivos personales según la familia del occiso, se produjo en el marco de un bandereo partidario.

En los últimos días, hemos asistido además a una nueva modalidad de violencia: las botellas y piedras usadas como proyectiles. Víctima de ellas han sido un hijo del Presidente Leonel Fernández, en el montaje de un acto político; el propio mandatario contra el que lanzaron una botella que lesionó a uno de sus partidarios y la Primera Dama, una de cuyas más cercanas asistentes resultó herida de una pedrada en el curso de una caravana. También un acto del PRD recibió un insólito bombardeo de piedras, aunque se tiene entendido que fueron lanzadas por simpatizantes de ese partido molestos por el retraso en la llegada de una caravana de Hipólito Mejía.

Hay que insistir que sin importar de quienes provenga ni contra quienes se dirijan, esos actos son totalmente irracionales, tienen que ser frenados y sometidos sus autores. No podemos permitir que acciones de esta naturaleza u otras similares, originen un clima de agresión y violencia totalmente injustificado.

Oportuno y tranquilizador reiteramos, que las Fuerzas Armadas manifiesten de manera terminante que se mantienen al margen de la política partidaria en estricto apego a la Constitución y las leyes y se encuentran en plena disposición de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente el derecho al sufragio. Pero es también un compromiso que deben asumir con clara definición y gran fuerza, los aspirantes a la Presidencia y los partidos que los respaldan.

Las elecciones, es preciso insistir una vez más, se ganan con votos. No con piedras. No con botellazos. No con balas. Y como apuesta segura, ganará el que disponga de mejor logística el día de las elecciones para llevar sus partidarios a sufragar y que sea capaz de brindar suficiente confianza a la ciudadanía no militante para que acuda a las urnas a depositar un voto a su favor.

Esa y no otra es su tarea y la única forma de luchar por la victoria.

TRES COMENTARIOS Y UNA SUGERENCIA

Primer Comentario: Participación Ciudadana ha servido de observadora en varios de los últimos procesos electorales. Su labor en ese sentido ha sido objeto de general reconocimiento. Y los resultados de su trabajo en modo alguno han contribuído a alterar los ofrecidos por la Junta Central Electoral. Antes al contrario, han sido coincidentes con el mismo. En ningún momento el trabajo desarrollado en este sentido por esa entidad ha sido un elemento de perturbación ni confrontación.

Con ese aval de soporte, no se visualiza razón alguna para que no pueda llevar a cabo la misma tarea en las elecciones que habrán de celebrarse el próximo 20 de Mayo. Por el contrario impedírselo no haría más que poner en manos de echar combustible a la maquinaria quienes, a despecho de toda evidencia en contrario, se han dedicado a tratar de arrojar suspicacias contra la transparencia del proceso.

Segundo Comentario: La Junta Central Electoral no está violentando sus funciones al señalar que 188 casos de un total de mil 255 analizados del total de 3 mil 805 de la lista de observadores presentada por Participación Ciudadana, arrojan inconsistencias, incluyendo expedientes por narcotráfico, militares en activo y otros, lo que, caso de confirmarse, los dejaría invalidados para realizar esa función. Evidente que no puede resultar un observador confiable ni la Junta y los propios partidos políticos que compiten por el poder aceptar como bueno y válido el testimonio de personas sobre las que puedan pesar graves cargos criminales, o que arrastren antecedentes delictivos, que sean militares en activo o reconocidos militantes partidarios.

Tercer Comentario: Totalmente absurdo a nuestro juicio que en tal lista de objetables se pretenda incluir el nombre de Juan Bolívar Díaz, único por cierto que se puso de manifiesto. El prestigio de este como periodista de primera línea, analista profundo y de criterios objetivos así como apego a la ética profesional lo coloca por encima de toda posible sospecha. Hace bien Juan Bolívar en reclamar las razones por las cuales se le incluyó en el citado listado y está en obligación la comisión que depuró la misma de satisfacer tan lógica demanda.

Y en cuanto a la sugerencia: Debatir este tema por vía mediática no conduce a nada positivo. El Coordinador de Participación Ciudadana, destacado jurista y abogado litigante doctor Francisco Alvarez ha demandado pruebas que justifiquen los señalamientos de la comisión depuradora, integrada por cierto por cuatro ex integrantes de esa entidad, señalando que de probarse, la entidad está en disposición de sustituirlos.

Si existe esa disposición, lo que procede es dejar de lado el debate a través de los medios de comunicación y buscarle una solución práctica al asunto.  No vemos ninguna razón para que dentro de ese marco, sin pérdida de tiempo, una comisión de Participacón Ciudadana se reúna con los miembros de la Comisión Depuradora que realizó el muestreo aleatorio y verifiquen nombre por nombre, los casos objetados, con las pruebas a la mano que lo justifiquen, así como la totalidad de la lista de observadores propuesta por esa entidad. Una depuración de esta naturaleza puede realizarse en un tiempo razonable y con tiempo suficiente también para que Participación Ciudadana pueda nombrar los sustitutos que sean menester.

De esta forma quedaría allanado definitivamente el camino para que la entidad pueda llevar a cabo su labor de observación de las próximas elecciones, de las que ya nos separan apenas menos de tres semanas.

Con esta propuesta, quizás estemos pecando de un tanto ingenuos y hasta motivando algún que otro comentario irónico sobre todo por parte de quienes se alimentan y disfrutan de las guerras mediáticas.

Pero creemos que su viabilidad está precisamente en su simpleza. Porque si de algo estamos convencidos es de la necesidad de que tengamos unas elecciones ordenadas, pacíficas, participativas, que reflejen la voluntad popular con la más extremada exactitud y sin el menor asomo de sospecha para que de inmediato nos pongamos a trabajar en la solución de los problemas que arrastramos y de los que estén por venir.

CONFIANZA Y SOSIEGO

Tres concluyentes testimonios registrados en los últimos días avalan y fortalecen el clima de seguridad del proceso electoral en que estamos inmersos y que culminará el próximo 20 de Mayo, si la elección presidencial se decide en primera vuelta.

Inicialmente, fue el externado por el equipo de técnicos enviados por la Organización de Estados Americanos para auditar el padrón electoral, que al finalizar su trabajo no se limitaron a dejar constancia de la absoluta confiabilidad del mismo sino que lo calificaron como “el mejor de la región”.

Luego, el compromiso público asumido por el Presidente de la telefónica Claro, Oscar Peña, a instancias del Presidente de la Junta, Roberto Rosario, del seguro funcionamiento de las redes por las que se habrán de transmitir los resultados de los colegios hacia el Centro de Cómputos del organismo electoral, liberando a este de toda responsabilidad sobre un aspecto técnico que no le compete y está fuera de su control.

Y como sello definitivo de garantía, las terminantes declaraciones del ex Presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, quien encabeza la misión técnica de la OEA y volverá al país el 15 de Mayo para dirigir los trabajos de equipo de observadores de las elecciones del organismo, al afirmar que las labores llevadas a cabo por la Junta demuestran “seriedad, responsabilidad y profesionalidad” y son una demostración de transparencia y neutralidad que constituyen un ejemplo para los países de la región.

La Junta ha venido haciendo su tarea y sorteando con gran tenacidad y habilidad, los distintos obstáculos y situaciones que han ido surgiendo en el camino de una de las campañas presidenciales más disputadas y de mayor virulencia verbal que se han registrado en el país. Más de lo que ha hecho y logrado para garantizar unas elecciones transparentes y ejemplares, como ha prometido, no se le puede reclamar.

Toca ahora a los propios partidos políticos contribuir al clima de sosiego requerido para que esa consulta popular se desarrolle en forma participativa y pacífica, de tal modo que las urnas reflejen con la mayor exactitud el deseo mayoritario de la ciudadanía. Hay que rechazar, por consiguiente, todo acto que pueda alterar la paz pública y crear una atmósfera de zozobra, intranquilidad y temor que contribuiría a una mayor abstención, que el propio Presidente de la Junta calcula en un 30 por ciento de los votantes. Esto sería también una señal negativa y un punto a tomar en cuenta por los partidos en pugna.

Hemos tenido y seguimos teniendo una guerra de encuestas sin precedentes. Nunca antes se habían divulgado tantas mediciones del mercado electoral, ni por tan numerosa cantidad de firmas encuestadoras nacionales y extranjeras. Pero hay que recordar que de nada valen los resultados de los sondeos si no se reflejan en las urnas. Es ahí donde se ganan y se pierden las elecciones.

La Junta ha hecho y sigue haciendo su trabajo. Corresponde ahora a los partidos y candidatos contribuir con su aporte al buen éxito de las elecciones. Procurar por un lado que la violencia del discurso de campaña no vaya promover un clima de indebida confrontación entre sus respectivos seguidores, provocando desbordamiento de pasiones e incidentes y choques innecesarios. Por el otro, montar una logística eficiente de motivación y facilidades para que sus seguidores vayan a votar. Porque a fin de cuentas, insistimos, de nada valen lo que digan las encuestas de un lado y de otro, frente al veredicto definitivo de la única que resulta válida: la de los sufragios que se depositen en las urnas de los colegios el 20 de Mayo, tanto aquí como en el exterior.

OTRO FALLO CUESTIONABLE

Desde La Romana se informa que el Procurador Fiscal de ese Distrito, José Polanco, presentará una formal querella contra la jueza Mercedes Rodríguez, a la que correspondió coocer el sometimiento de varios encartados que el pasado 15 de Diciembre fueron apresados cuando trataban de introducir en el país, por el aeropuerto internacional de la localidad, un voluminoso cargamento de cocaína. El alijo, incautado por las autoridades, consistió en 20 maletas conteniendo nada menos que mil 77 kilos de la droga. Su valor en el mercado norteamericano pudiera alcanzar a decenas de millones de dólares.

La operación que permitió impedir el cuantioso contrabando fue consecuencia de una previa y meticulosa labor de inteligencia que involucró a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a la DEA norteamericana, en una operación llevada a cabo de conjunto, realizada en las primeras horas de la madrugada y que comprendió el uso de helicópteros.

Los detenidos por este hecho se encontraban guardando prisión preventiva desde el momento en que fueron apresados. Para ellos, el Fiscal Polanco, encargado de instrumentar el expediente acusatorio, había solicitado como coerción un año de prisión. La petición fue desechada por la magistrada quien, pese a la gravedad del delito imputado, dispuso la libertad provisional de los acusados mediante el pago de una simple fianza de apenas 500 mil pesos, cantidad que no guarda la más remota proporción con el valor de la droga incautada y que, como tantos otros casos, en modo alguno garantiza que los prevenidos no evadirán la acción de la Justicia.

No vamos a prejuzgar la actuación de la jueza, por más que el fallo resulte altamente cuestionable y ponga en duda su integridad o la correcta aplicación del Código Procesal Penal, que según sus críticos, resulta excesivamente vulnerable y protege más a los presuntos delincuentes que a la sociedad, aún en los casos de previos expedientes criminales y reiteradas reincidencias, En algunas ocasiones anteriores, jueces que han dictado fallos igualmente sospechosos, los han justificado amparándose en las disposiciones del mismo.

Pero por más que se pretenda, este tipo de decisiones judiciales, frecuentes sobre todo en los casos de narcotráfico, origina todo género de suspicacias, hace dudar de la honestidfad de quienes las dictan o al menos, de la eficacia de la Justicia para proteger a la sociedad. Esto así, en particular, cuando la presencia de los carteles de la droga y el crimen organizado se vuelve cada vez más notoria, peligrosa y letal.

En días recientes, la Fiscal de Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, declaró que el 86 por ciento de la población no cree en la Justicia Dominicana. Es lo que han dado las mediciones de algunas encuestas que auscultan la credibilidad de las distintas instituciones. Se trata de un resultado muy penoso, pero peor aún, extremadamente preocupante, porque coloca en estado agónico el orden institucional en que se asienta la convivencia social.

Si bien es cierto que los jueces hablan por sentencia, ello no excluye que las mismas queden debidamente justificadas a los ojos de la ciudadanía que contempla con estupor el clima de inseguridad reinante y el crecimiento del crimen y la impunidad.

Fallos como el que comentamos, al margen de juicios precipitados de valor, tienen que ser sin embargo, auditados por la cúpula judicial a la luz del derecho que le asiste a la sociedad a estar debidamente edificada tanto como por la propia imagen, bastante deriorada de nuestra Judicatura, urgida tanto como lo requiere el sosiego público, de recuperar su muy deteriorada credibilidad.

LOS PINCHES TELEFÓNICOS

Las sendas grabaciones de conversaciones telefónicas presentadas como elementos de prueba, primero en la denuncia que involucra al coronel y abogado Pedro Julio “Pepe” Goico en un alegado complot contra el gobierno del Presidente de Haití, Michel Martelly y posteriormente, en la hecha por un grupo de diputados perredeístas que sigue las orientaciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado de amenazas de muerte contra este por parte de dos destacados dirigentes de la campaña presidencial de Hipólito Mejía, trae de nuevo a la actualidad el tema de los llamados “pinches” telefónicos. En ambos casos, se reclama esclarecer si las intervenciones fueron previamente autorizadas por autoridad judicial competente.

De hecho, el propio Mejía aprovechó la ocasión para afirmar que su número privado está intervenido por el Departamento Nacional de Investigación (DNI), al tiempo de condenar la citada práctica. Y por su parte, el conocido abogado Francisco “Pancho” Alvarez, quien ahora preside Participación Ciudadana, llama la atención sobre las grabaciones telefónicas que constituyen una flagrante violación a las leyes vigentes, el sagrado derecho a la privacidad de los ciudadanos y el mismo Pacto de Civilidad, promovido por la Iglesia Católica y suscrito recientemente por los aspirantes a la Presidencia de la República, salvo el doctor Guillermo Moreno que lo consideró innecesario.

Lamentablemente las grabaciones telefónicas no constituyen ninguna práctica novedosa. Es un pecado que venimos arrastrando de muy lejos, tan añejo como los apagones y que ha contado y sigue contando con infinidad de cómplices. Ningún gobierno ni partido político, salvo alguno de los emergentes, puede rasgarse las vestiduras en este sentido. Todos, en una u otra forma y en algún que otro momento, han adquirido este tipo de servicio de espionaje que es ofertado por más de un proveedor.

Su utilización alcanza también al sector privado, desde empresarios que ejercen la competencia con ánimo de pirata y la filosofia de que “todo es válido con tal de ganar” hasta maridos y esposas celosos. No falta, inclusive, algún que otro espécimen de parásito que no encuentra mejor cosa que hacer que hurgar en las vidas ajenas. Y naturalmente, los que se dedican al oficio de recolectar información comprometedora sobre vidas privadas con fines de extorsión.

No es por consiguiente de ahora, sino de siempre. Una actividad sucia e ilegal. Si se quiere, hasta indecente. Pero muy lucrativa y que se ha venido desenvolviendo con casi total impunidad, precisamente por la tupida y extensa tela de araña de las muchas complicidades involucradas, donde es difícil encontrar quien tenga moral para arrojar la bíblica primera piedra, menos aún atreverse a destapar la olla donde se cocinan tantos secretos y pecados.

De más señalar que la antigüedad de la práctica, no le da razón ni le otorga legitimidad. Por el contrario, dentro del proceso de institucionalidad del país y de garantía de los derechos ciudadanos, es preciso poner fin a esta actividad deleznable, de tal modo que se respeten estrictamente las normas que garantizan la privacidad de cada ciudadano. Es tiempo ya de que tanto los que prestan este tipo de servicio de espionaje como quienes lo contratan y utilizan, sean llevados a los tribunales y sancionados de manera ejemplar. La ley es clara en este sentido: las únicas intercepciones telefónicas que pueden realizarse son las autorizadas por un juez en base a razones que lo justifiquen. De no ser así, carecen de validez legal. Pero hay que procurar también que carezcan de tolerancia social y más que el morboso interés de enterarse de su contenido, conciten el más enérgico rechazo de la ciudadanía.

LA XV FERIA

Este miércoles está dando comienzo la XV Feria Internacional del Libro, con el acto inaugural efectuado en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Por ser la última de la presente gestión del Presidente Leonel Fernández, quien ha sido su principal propulsor, se espera que la misma supere en brillantez a las anteriores versiones. De hecho, cada año la presentación del evento ferial ha sido superior al precedente. No es fruto de ninguna vara milagrosa. La feria es un trabajo exigente de todo el año, donde el término de una implica el inmediato comienzo de preparación de la siguiente.

Muy distantes están los tiempos, casi heroicos, en que la Feria Nacional del Libro, iniciativa de Julio Postigo, Rafael Herrera y otros esforzados promotores de la cultura, era un evento de muy escasa trascendencia, con contadas casetas levantadas precariamente, para exclusiva recreación de la limitada clase intelectual y un número muy contado de visitantes.

Fue durante el primer gobierno del Presidente Leonel Fernández que gracias al liderazgo, tenacidad y creatividad del actual Ministro de Cultura, José Rafael Lantigua, se planteó el propósito de darle a la Feria la dimensión de un evento de grandes proporciones populares, mediante un ambicioso proyecto que involucrara tanto el apoyo del gobierno como el interés y participación del sector privado. Con visión de futuro, se le dio categoría de Feria Internacional.

Llevada a cabo en sus inicios por una Comisión Organizadora de carácter honorífico integrada por intelectuales e interesados en promover la cultura y en particular el hábito de la lectura, quienes prestaron su entusiasmo, tiempo y trabajo de manera gratuita para compensar la limitación de recursos, la Feria fue adquiriendo cada vez mayor popularidad y significación. El impacto de la misma fue de tal naturaleza, que al cambio de gobierno en el año 2000, cuando Hipólito Mejía ascendió a la Presidencia de la República, decidió mantener la misma como una continuidad de política del Estado, esta vez bajo la dirección del escritor Carlos Esteban Deive y siendo Secretario de Cultura, Tony Raful.

Ya cuando Leonel Fernández asume la Presidencia nuevamente en el 2004, dada la importancia de la actividad, se impuso en sustitución de la Comisión Organizadora original, la creación de un organismo permanente cuya dirección ha estado a cargo de Alejandro Arvelo, quien a sus dotes intelectuales suma una gran capacidad de trabajo y es responsable en gran medida de la cada vez más exitosa celebración de la misma.

Así, la Feria se ha convertido en el principal espectáculo artístico-cultural de masas del país, al tiempo que ha ganado reconocimiento internacional y posicionado el nombre de la República Dominicana, con trazos firmes y consistentes, en el escenario mundial de la cultura. Teniendo como complemento las Ferias Regionales del Libro, ha contribuído a fomentar el hábito de la lectura en el pueblo al tiempo que ha abierto horizontes de desarrollo de mucha mayor amplitud para la creación literaria a nuestros escritores, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

Esta XV versión que se inicia hoy y se extenderá por espacio de dos semanas, está dedicada a la memoria del destacado intelectual ido a destiempo, Enriquillo Sánchez y a la eximia actriz María Montez. Como países invitados, las hermanas naciones centroamericanas. La cantidad y calidad del evento supera todo lo anterior. En esta ocasión tendremos a 28 países representados con 425 expositores. La diversidad de espectáculos artísticos es también de gran magnitud, así como las más variadas y singulares expresiones del arte en su sentido más amplio.

La II línea del Metro ofrecerá transporte gratuito hasta la Feria, como de gratuito es su disfrute en todas sus manifestaciones. Se dispondrá asimismo, de las más amplias facilidades de parqueo. El orden y la higiene han ocupado lugar preferente en la organización. La seguridad está garantizada, contando con el auxilio de la fuerza pública y el propio cuerpo de vigilancia privado de la Feria. Apostar al éxito de la misma, es jugada segura.

A solo cuatro semanas y días de las elecciones generales del 20 de Mayo, la XV Feria viene a facilitarnos además, la oportunidad de sacudirnos un tanto del estrés provocado por la disputada campaña electoral en que andamos inmersos. Y ya esto solo de por sí, justifica con creces la inversión de talento, esfuerzo y recursos que representa

UNA GRAN ALIANZA

Por primera vez en las últimas semanas, la información dominante del día no corresponde a ninguna de las incidencias de la tensa actividad política desplegada con vistas a las elecciones presidenciales del próximo 20 de Mayo.

Las declaraciones de partidos y candidatos, las acusaciones y contraacusaciones de unos y otros se han visto desplazadas por la negociación llevada a cabo entre la Cervecería Nacional Dominicana y la empresa brasileña Ambev. Esta se venía rumorando en días recientes, aunque sin confirmación oficial. Su importancia trascendió la prensa nacional para llegar hasta las páginas del influyente The Wall Street Journal, que viene a ser algo así como la biblia del mundo financiero.

Los primeros rumores hablaban de la venta de la Cervecería. La noticia no dejaba de ser en cierta medida, desalentadora. Que una de las empresas más emblemáticas y queridas de los dominicanos, fuese a perder su nacionalidad no dejaba de resultar desgarrante. La preocupación fue en escala creciente, dado el silencio que frente a tales rumores, guardaban los principales ejecutivos de la compañía, lo que por demás, es requisito obligatorio en operaciones de esta envergadura.

La empresa que tiene como producto bandera la popularísima y exquisita Cerveza Presidente, viene a resultar en su campo una auténtica marca-país, un hábito de consumo que se lleva en el equipaje donde quiera que se vaya y que establece un vínculo muy estrecho de identidad entre los dominicanos, tanto aquí como en la diáspora.

Por suerte, lo que tenemos es una negociación de alto vuelo. Una alianza estratégica en la que la Ambev adquiere el 51 por ciento de la empresa, en tanto los tradicionales accionistas encabezados por la familia León Asencio, mantienen el restante 49. La Cervecería se nos queda aquí, Franklin León continúa al frente de sus operaciones, la exquisita Presidente va a seguir siendo el buque bandera pero ahora con una mucha mayor amplitud y presencia en el mercado internacional con el acompañamiento de toda una extensa batería de otras cervezas, maltas y refrescos, el más amplio dominio del mercado caribeño y una cada vez más fuerte presencia en los Estados Unidos y otros países.

Es una movida inteligente. En el mundo globalizado y competido en que vivimos, cobra cada vez mayor validez la máxima de que “la unión hace la fuerza”. Juntos, la AmBev y la Cervecería Nacional Dominicana integran un conjunto muy poderoso donde se aúnan tradición, calidad, prestigio, experiencia y mayor fortaleza financiera.

Y un punto que no podemos pasar por alto. El propio Franklin León se adelantó a garantizar que la compañía mantendrá vigentes todos sus diversos y valiosos programas de Responsabilidad Social Corporativa, desde el financiamiento de los Premios Casandra hasta el sostenimiento de ese hermoso aporte a la cultura y las raíces de la dominicanidad que es el Centro León, en Santiago. 


Para Juan Hernández, el muy diligente timonel de la Dirección General de Impuestos Internos, la operación viene a resultar también como un regalo inesperado que le permitirá engrosar sus arcas con una cifra que se hace llegar a nada menos que 8 mil 400 millones de pesos, una bonita suma para ayudar a reducir el déficit fiscal.

Saludamos con beneplácito el acuerdo a que se ha arribado y damos por descontado que el mismo abrirá nuevos y más anchurosos horizontes a la empresa creada por la familia León Jimenes, para seguir contribuyendo como hasta ahora y si se quiere más aún, a que podamos tener una mejor nación.

SIN CONSENSO

La Cumbre de las Américas, se desarrolló y terminó como cabía esperar. No hubo consenso en el curso de la misma. Y obviamente, no hubo declaración final. Apenas una fotografía de risueños mandatarios y cancilleres que, anteriormente, sin embargo, habían intercambio duros discursos y adjetivos. De esto último, dio la nota el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien acudió en representación de un quebrantado Hugo Chávez, calificando de “perverso” e “hipócrita” a Barak Obama, cuando este reclamó la mayor transparencia en las elecciones programadas para el próximo mes de Octubre, a las que aún no se sabe si el polémico mandatario bolivariano podrá concurrir como candidato para un nuevo período.

Dos temas resultaron altamente controversiales: el régimen castrista y la posesión de Las Malvinas. Ambos vinieron a ser como el clásico clavo en el zapato en el cónclave efectuado en el agradable escenario de la histórica ciudad de Cartagena.

La inclusión de Cuba fue traída a la agenda por los más cercanos amigos del régimen castrista. Obvian el hecho de que su presencia, dada su naturaleza dictatorial, no dejaría de resultar incongruente dentro de un cónclave democrático, lo que violaría las normas morales y políticas fijadas en la Cumbre de Québec, en Canadá, en el año 2001.

Carlos Alberto Montaner lo destaca con su habitual agudeza. Han bastado once años para que los gobernantes actuales, algunos de ellos luchadores en el pasado contra los regímenes autoritarios hayan variado su postura en el caso específico del régimen castrista, donde no existe el pluripartidismo, ni la libertad de expresión, ni ninguno de las restantes derechos civiles establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y vigentes en sus propios países.

El caso de las Malvinas, por otra parte, es de naturaleza en extremo compleja. Descubiertas por el cartógrafo Américo Vespucio, al que debe su nombre América al establecer que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón eran en realidad un nuevo continente, fueron posteriormente colonizadas por los ingleses que le aportaron su lengua, cultura, tradiciones y descendencia. Geográficamente, la proximidad y posiblemente la legalidad parecen estar del lado de Argentina…pero cultural y emocionalmente al presente…sus pobladores parecen estar mucho más cerca de la distante metrópoli británica.

Finalmente un punto en que tampoco hubo el menor asomo de consenso es sobre el planteamiento de una posible legalización de las drogas. El Primer Mandatario de origen afronorteamericano de los Estados Unidos rechazó la idea de plano. En tanto, su Secretaria de Relaciones Exteriores, la talentosa Hillary Clinton, deslizó unas declaraciones sobre el tema que ha dado origen a las más diversas interpretaciones y especulaciones. En su boca, el reporte de prensa puso las siguientes palabras:

“El narcotráfico no puede legalizarse porque hay mucho dinero de por medio”

¿Qué quiso decir exactamente la señora Clinton? ¿Acaso que el narcotráfico que se estima mueve unos 500 mil millones de dólares anuales ha pasado a formar parte importante de la economía mundial?

La frase se las trae y da mucha tela por donde cortar; más si tomamos en cuenta que los Estados Unidos posee el más grande mercado de compra de estupefacientes para sus alrededor de 30 millones de consumidores habituales.

Esto así, salvo que al igual que con frecuencia hacen algunos de nuestros políticos cuando cometen algún desliz mediático, acuda al siempre socorrido expediente de alegar que “fue mal interpretada” por los medios de comunicación.

Mientras tanto hay margen para todo tipo de especulaciones, ya sobre esa declaración un tanto críptica de la señora Clinton, como sobre el destino y escenario en que se desenvolverá la próxima cumbre, donde para entonces de seguro, el cuadro de algunos países pudiera no ser el mismo necesariamente de ahora. Y quizás tampoco el de Cuba, impuesta a obligados reajustes que el propio Raúl Castro admitió con una frase dramática “O Cuba cambia o se hunde”, antes de dar inicio al presente proceso de cambios económicos que no pocos críticos pronostican no llenará las expectativas requeridas por considerarlos demasiado tímidos.

FUERA DE SERVICIO

      Para nadie es secreto que gran parte, casi la mitad o quizás más de los efectivos de la Policía Nacional realizan labores…al margen de la institución. Es una verdad no solo sabida sino aceptada por los propios altos mandos de la institución que en alguna que otra ocasión, han hecho esfuerzos inútiles por lograr el reintegro efectivo de esa tropa que presta servicios particulares.  

      Faltan policías en las calles para el necesario patrullaje en prevención del delito y en la persecución de los criminales, que entiéndase bien, no es darles muerte, salvo en los casos en que hagan resistencia y a su vez tiren a matar lo que, justo es también consignarlo, ha ocurrido en no pocas ocasiones.  

     Esos miles de agentes que ni siquiera se sabe donde están, se encuentran al servicio de funcionarios, políticos, particulares, empresas y negocios de los más variados tipos, desde casas de cambio hasta bancas de apuestas. No es raro tampoco verlos llevando los niños al colegio, los ajenos no los propios, que esos, si los tienen, irán por sus propios pies a la escuela pública en el mejor de los casos. Tampoco extraña el tropezarse con ellos en los supermercados acompañando a la doña y llevándole el carrito con la compra. O aún manejando y lavando la jipeta, regando el jardín o sirviendo de muchacho de mandados.  

      Las veces que se ha querido cambiar el esquema y más de uno que ha pasado por la jefatura lo ha intentado, el tropezón con poderosos intereses creados ha sido demasiado fuerte como para obligarlo a abandonar tan escabrosa misión.  

      Bastante ajenos a la realidad de las instituciones militares, que por cierto quedan bien posicionadas en la percepción pública en la encuesta Greenberg que publica el Diario Libre, al alcanzar un honroso cuarto puesto detrás de la Iglesia Católica, la prensa y la Iglesia Evangélica, ahora nos entera el retirado general Rafael Ramírez Ferreira, ex Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de que un 53 por ciento de sus efectivos se desempeñan como agentes de seguridad en bancos, ayuntamientos e instituciones privadas.  

      Descartado que se trata de una situación totalmente irregular tanto en el caso de la Policía, harto conocido como en el mucho menos divulgado de los institutos armados. Esto así, tomando en consideración los altos niveles de criminalidad, la fragilidad de la Seguridad Ciudadana y los mismos intereses estratégicos del país.  

      Hay escasez de agentes para la prevención del delito, la persecución de los maleantes, la paz ciudadana y la convivencia social. Hoy, posiblemente, contamos con efectivos policiales haciendo realmente las labores que le corresponden, en cantidad similar a treinta o cuarenta años atrás, cuando la población era muy inferior a la cantidad actual, el territorio a cubrir mucho más limitado y también mucho menores los retos que planteaba la delincuencia.  

      En cuanto a la guardia, baste citar un solo ejemplo. Cuando se creó el CESFRONT, siglas que identifican la creación de un cuerpo élite con entrenamiento especial para el cuidado de la frontera, se nos dijo que el mismo dispondría de 600 efectivos lo que se suponía resultaría un freno para el contrabando y la entrada de ilegales. En la práctica, dista mucho de ser así y fuentes de crédito aseguran que son apenas unas pocas e insuficientes decenas los encargados de patrullar más de 300 kilómetros de frontera. Ni que decir que esta es un auténtico colador por donde entra y sale todo lo que no debía entrar ni salir.  

      Ahora mismo, las torres de la Corporación Dominicana de Electricidad están siendo robadas y saboteadas con las consiguientes interrupciones de servicio y perjuicios para los usuarios y la economía. ¿No sería la custodia de las mismas, tomando en cuenta el valor estratégico del servicio energético, una misión propia de efectivos militares? ¿No lo sería también evitar el robo reiterado e impune de metales de los puentes y monumentos y las verjas de instituciones públicas?  

      La gran interrogante es si tales misiones y otras similares y necesarias pudieran ser cubiertas por el remanente que queda después de descontar ese 53 por ciento que asegura Ramírez Ferreira, a quien es de suponer bien enterado, se encuentra haciendo servicio…fuera de servicio.  

TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. teledebate@hotmail.com VEA Y ESCUCHE de lunes a viernes, a partir de las siete de la mañana, EN PRIMERA FILA por el Canal Antena Latina 21.

Y EN LA NOCHE, a las 8 rayando, TELEDEBATE por el Canal 23, Telefuturo, cubriendo todo el país, con Mario Rivadulla, Dilenia Cruz, Ramón Reyes y Joaquín Ascención.