UN NO A LA CEMENTERA

Después de varias semanas de tensa espera, que inclusive provocó en los más pesimistas y descreídos la sospecha de que la misión de expertos de las Naciones Unidas contratada para rendir informe técnico sobre el proyecto de instalación de una cementera en la comunidad de Gonzalo, pudiera ser objeto de presiones o manipulaciones por los intereses involucrados, el fallo de la misma confirma el rechazo de que fue objeto localmente por la gran mayoría de los geólogos y ambientalistas dominicanos.

El dictamen de la comisión internacional es terminante al considerar que el proyecto no resulta viable en cuanto no cumplió con el rigor técnico y científico requerido. También al evaluar el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental, señala que no se cumplieron todos los principios del marco legal correspondiente.

El estudio llevada a cabo estableció que la construcción de una planta cementera en la comunidad de Gonzalo afectaría el medio ambiente y crearía un elevado grado de incertidumbre sobre la estabilidad ecológica de la región, sobre el paisaje y sobre todo, tal como insistieron los expertos dominicanos, en especial el profesor Luis Carvajal, con quien tuvimos oportunidad de conversar en Teledebate, sobre los acuíferos superficiales y subterráneos de la capa kárstica de Los Haitises, de donde proviene buena parte del agua que abastece a la ciudad capital.

Sin dudas, las opiniones adversas de éstos y el gran movimiento de oposición al proyecto que forjaron fueron factores decisivos para que el Presidente Leonel Fernández decidiera la contratación de los expertos de las Naciones Unidas, a la búsqueda de una opinión técnica que no estuviese contaminada ni de interés ni de pasión. Según se divulgó, el costo de realizar este trabajo fue de 200 mil dólares, una cantidad insignificante si la comparamos con la importancia de lo que estaba en juego. El propio mandatario comprometió su palabra de que acogería como buena y válida la recomendación del estudio. Como advierte la comisión en su informe, es una decisión de la exclusiva competencia del Gobierno Dominicano. Damos por descontado que el mandatario honrará su promesa.

Sin dudas ha sido una gran victoria para los defensores del equilibrio y calidad del medio ambiente y de un área reservada de las dimensiones del Parque Nacional de Los Haitises, nuestra mayor reserva natural. Una prueba incuestionable de que cuando la sociedad se empodera y actúa en torno a una causa justa, puede influir de manera muy determinante en la toma de las decisiones políticas. Puso también a prueba la flexibilidad del Ejecutivo para acoger la señal, en vez de rebotarla o ignorarla, y propiciar mecanismos adecuados para buscarle solución al conflicto.

Solo queda ahora desmontar lo mal hecho. Recuperar para el Estado las tierras donde se iba a levantar el proyecto, o sustituirlo por otro que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Gonzalo y sus entornos en armonía con el hábitat. En cuanto a la tan debatida cementera, buscarle un lugar apropiado en que pueda desarrollar sus operaciones como fuente de producción y trabajo sin provocar daños ecológicos. Porque la preservación ambiental ya a estas alturas, se ha convertido en un serio dilema y desafío apremiante para la supervivencia del planeta y sus habitantes.

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Donde dije "Digo" digo "Diego"

Como si hubiera aprendido la lección de algunos de nuestros más avezados políticos,el presidente Hugo Chávez desmiente ahora que haya convocado a las fuerzas armadas y al pueblo venezolano a la guerra afirmando que todo se debe a una manipulación mediática. La prensa, por la que el mandatario venezolano no siente la menor simpatía, le sirve ahora de cabeza de turco para asegurar que donde dijo Diego digo que dije digo…pero fue mal copiado. Resulta, sin embargo, que la clarinada bélica que lanzó Chávez en contra de Colombia ha dado la vuelta al mundo, por lo que somos muchos los que mal entendimos e interpretamos su mensaje que, por cierto, y esto sí no es manejo caprichoso de la noticia porque al menos lo reiteró, estuvo acompañado del envío de quince mil soldados a la frontera con el confrontado país vecino.

Lo cierto es que desde mucho antes, en cuanto se anunció que el gobierno de Alvaro Uribe había firmado un convenio con el que preside su homólogo norteamericano Barak Obama, permitiendo la presencia de un número de técnicos y militares estadounidenses en ocho bases colombianas alegadamente para ayudar en labores de inteligencia contra el narcotráfico y la guerrilla, Chávez montó un concierto de denuncias, al que hizo inmediato coro el ecuatoriano Rafael Correa, otro que comparte su aversión por la prensa, asegurando que el propósito ulterior era agredir militarmente a Venezuela. A partir de ahí inició una carrera armamentista, dizque con fines defensivos, que le costará al ya bastante exhausto tesoro de su país, no menos de diez mil millones de dólares.

Analizados a la luz del más elemental sentido de la lógica, los temores de Chávez carecen de todo asidero. Absurdo pensar que un Barak Obama que enfrenta el peso heredado de los conflictos de Irak y Afganistán, entre otros muchos retos internacionales, así como el enorme desafío de sacar a flote la maltrecha economía norteamericana por un lado y Alvaro Uribe, quien en su más reducido pero no menos conflictivo escenario soporta la pesada carga de la lucha contra el narcotráfico y las FARC más la problemática decisión de aspirar a un tercer período de gobierno, que pudiera resultar políticamente negativo a la popularidad de que hoy disfruta por parte de su pueblo, vayan a embarcarse en la irracional aventura de desatar una guerra contra Venezuela.

La verdadera guerra al presente, parece en cambio tenerla Chávez en el ámbito doméstico. Según el bien informado periódico español El País, actualmente el apoyo al dadivoso y extremadamente locuaz Chávez se mantiene por debajo del cincuenta por ciento, según la última encuesta. Más aún: los apagones y la falta de agua que ha debido ser racionada, la famosa ducha comunista de 3 minutos que incluye la prohibición de cantar en el baño, registra opiniones desfavorables por parte de un 66 porciento de los venezolanos. Los resultados son peores en otros temas básicos, como un setenta por ciento que desaprueba su política para crear empleos y un ochenta y siete que afirma que ha hecho poco para garantizar la seguridad ciudadana frente al incremento y altas tasas de criminalidad que padece el país bolivariano. Como si fuese poco, 8 de cada 10 venezolanos rechaza el “patriótico” llamado a prepararse para una hipotética confrontación armada con Colombia.

Con tales resultados cualquiera pierde el sueño y dice cosas de las que después tiene que arrepentirse o mejor, culpar a la prensa, sobre todo cuando se mantiene un programa semanal de cinco horas que serían de gran distracción y disfrute si se tratase del desaparecido Gordo de la Semana de nuestro carismático Freddy Beras, pero en cambio resulta bastante difícil de digerir cuando se trata de las tediosas peroratas de “Aló Presidente”.

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El problema del transporte

La pasada semana cerró de un modo trágico y traumático en el sector del transporte público. Luego de que un chofer perdiera la vida a causa de un machetazo que le propinó otro en el curso de una discusión surgida cuando se disputaban pasajeros en la vía pública, tuvo lugar un fuerte y desagradable incidente en San Cristóbal por otra disputa, esta vez entre dos sindicatos choferiles, por el control operativo de una ruta.

Por nueva vez, la Federación La Nueva Opción, más conocida como Fenatrano, que dirige el empresario Juan Hubieres, se vió envuelta en este conflicto que dejó como saldo unas cuarenta personas lesionadas y una veintena de ómnibus dañados. Y por nueva vez también, la citada federación apeló al consabido e ilegal aunque increíblemente tolerado e impune, expediente de los llamados paros sorpresas. En esta ocasión, cientos, quizás miles de usuarios se vieron impedidos de llegar a sus respectivos destinos por esta improvisada paralización del servicio, víctimas inocentes de un conflicto del cual no eran ni son responsables.

Pero si desagradables fueron los hechos señalados aunque no sorprendentes por la frecuencia con que ocurren, sí en cambio resultó de asombro la información ofrecida a comienzos de semana por el embajador dominicano en Brasil, Angel Lockward, de que estaría ejerciendo sus buenos oficios para facilitar la compra de nada más y nada menos que diez mil vehiculos que serían adquiridos en el país carioca por varios sindicatos y federaciones de transporte público de manera directa. Es decir, utilizando sus respectivos avales con la banca comercial sin que alegadamente tuviera participación el Estado. Esto último, naturalmente, sería una verdad a medias ya que el propio diplomático reveló que la importación se realizaría en base a un impuesto único, lo que si bien no representaría desembolso para las arcas públicas si constituiría un sacrificio fiscal, y por tanto, equivalente a una especie de subsidio.

Una operación de esta naturaleza tendría que ser bien transparentada. De entrada, en base a los antecedentes de incumplimiento, origina seria dudas el que sindicatos choferiles dispongan de suficiente crédito en la banca nacional para una adquisición de esa envergadura sin el aval del Estado. En segundo término, los organismos oficiales que tienen que ver con el transporte público se han desligado de esta negociación confesando ignorar los detalles de la misma. Y por otra parte, una de las organizaciones más conocidas y de las que hace más ruido en el sector, como es la Central Nacional de Transportistas Unificados que dirige Ramón Pérez Figuereo, hace constar en una misiva depositada en el Palacio Nacional su oposición a esta compra masiva bajo la advertencia de que pudiera convertirse en un segundo Plan Renove, aunque el monto de mucha mayor envergadura.

¿Conoce el Presidente Leonel Fernández de esta negociación? ¿Está al tanto de su alcance y detalles? ¿Cuál sería la participación del Estado? ¿A cuánto montaría la operación y el alegado sacrificio fiscal mediante la concesión del llamado impuesto único? ¿Qué otras posibles responsabilidades estaría asumiendo el gobierno? ¿Cómo es posible que organismos oficiales relacionados directamente con el transporte público ignoren esta negociación? ¿Qué bancos nacionales estarían en disposición de financiar una operación de esta envergadura a un grupo de sindicatos y federaciones choferiles que no se han distinguido nunca por ser deudores confiables y cumplidores?

Más que necesario, disponer de respuestas a estas incógnitas. Porque cuando se habla de la compra de diez mil vehículos nuevos, no es precisamente de chelitos de que estamos hablando sino de muchos millones de dólares que sumar a la costosa e interminable sangría que a lo largo del tiempo ha representado para el país el fracaso, corrupción y desorden del transporte público.

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Acciones concretas

Declaraciones del Coordinador Principal para Iniciativas Económicas de la Dirección de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Charles Shapiro, sosteniendo que los asuntos de Haití y República Dominicana no son dos cosas aparte y que muchas de las soluciones del territorio vecino se encuentran de este lado de la frontera, han levantado un verdadero avispero de comentarios y colocado de nuevo en actualizar la antigua pero siempre latente sospecha de que haya fuerzas poderosas que sigan promoviendo la unificación insular como un solo Estado.

Pretensión o posibilidad, el rechazo a tan infortunada, absurda e inviable idea se ha reavivado. Proximidad y compartición geográfica, en modo alguno involucra identidad. Somos dos pueblos bien distintos.. No es problema de discriminación racial como tantas veces se ha querido presentar, que a fin de cuentas por nuestra parte también tenemos el negro cuando no delante, detrás de la oreja, sino de otros factores de mayor importancia. Diferencias culturales, históricas, idiomáticas, religiosas, de costumbres y hábitos de vida. Pero además de desarrollo social y económico tanto como de estructuración institucional. Lo que aquí es pobreza, allá es extrema miseria;aquí Estado deficiente, allá Estado fallido. Cualquier intento en sentido de unificar la isla en una sola nacíón constituiría en la práctica un propósito natimuerto, peor aún una auténtica convocatoria a guerra civil.

En lo que sí tiene razón el señor Shapiro es en que muchas de las soluciones de Haití están en República Dominicana. El país, a través de la migración masiva, ha representado un constante desahogo para la hirviente y rugiente caldera que es Haití. Hay que imaginarse a cuánto más angustiosa pudiese llegar la situación al otro lado de la isla, si en éste, mal que bien, no hubiera encontrado acogida un millón o más de sus nacionales. Cuanto mayor su miseria, si no fuera por los cientos de millones de dólares que anualmente remiten los haitianos residentes aquí, en su inmensa mayoria indocumentados y de bajo nivel cultural, que se ganan la vida en las más diversas actividades.

Compasivos y compresivos con esa inmigración, como reclaman los obispos, es mandato de humanidad y buena convivencia.

Que reciban toda la protección de la ley y les sean reconocidos sus derechos humanos y sociales, tal como queremos y demandamos para los dominicanos que han debido emigrar por parte de los diferentes países donde se han aposentado.

Que les ofrezcamos asistencia en nuestros hospitales a sus parturientas y enfermos, obligada muestra de solidaridad, la misma que quisiéramos para nosotros de estar en su lugar.

Que promovamos las mejores relaciones con el vecino haitiano, estimulemos el intercambio comercial y ejecutemos programas conjuntos de común beneficio, sobre todo en la deprimida área fronteriza, expresión de racionalidad y sentido común.

Pero de ahí a la fusión, hay una brecha imposible de salvar. Como resulta igualmente el demandar de nuestro país más ayuda y cooperación de la que ha brindado hasta ahora, recibiendo a cambio solo críticas, en su mayoría injustas y desproporcionadas, en base a situaciones aisladas que se producen a diario dentro de las propias fronteras de quienes las promueven.

Claro todo lo que ocurre allá, repercute aquí. Y viceversa. Pero debe quedar bien claro que la tarea de rescatar a Haití del estado de postración en que se encuentra sumido, no es nuestra ni estamos en capacidad de echarnos encima esa carga adicional cuando apenas podemos con la propia. Es deber de quienes de boca hacia afuera se muestran más preocupados y compasivos con el destino del pueblo haitiano y que debieran traducir tan nobles sentimientos en acciones concretas a favor de su infortunado pueblo.

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Revoluses partidistas

El muy talentoso caricaturista Harold Priego, autor de la popular sección Diógenes y Boca e Chivo en el Diario Libre, refleja en su edición de hoy, la imagen que está proyectando el Partido Revolucionario Dominicano, con un dibujo en que aparece un local de esta agrupación por cuya puerta sale al exterior el ruido y humo de una explosión y en cuya pared frontal aparece la inscripción de Partido “Rubulucionario”. Parado frente al local, el personaje Boca e Chivo con sonrisa sardónica, comenta muy filosóficamente “Yo me río con esta gente. De cada convención, sale un partido nuevo”.

Ciertamente parecería ser reflejo de la historia de la agrupación que sembró la simiente de la democracia política en el país ya en los finales del Trujillato y ha sido un fuerte sostén de la misma, sobre todo en tiempos en que lució en riesgo de perecer. De la organización política que en tiempos de José Francisco Peña Gómez fue el de más amplia base popular y representó fuertes esperanzas de cambios positivos sobre todo a favor de los grupos menos favorecidos de la población, pero de cuyo seno, minado por continuas pugnas internas y subsiguientes desprendimientos, han visto la luz varias agrupaciones nuevas: el gubernamental PLD, de Juan Bosch; el PRI, de Majluta: el PRSD, de Hatuey de Camps, entre otros. No en balde fue el propio Peña Gómez quien sentenció la tan repetida y certera frase de que el principal enemigo del PRD era el propio PRD.

Ahora la historia se repite una vez más, con el surgimiento de nuevos espacios de desgarradora confrontación doméstica, con un Guido Gómez Mazara alegando que fue víctima de un fraude y dando un plazo de una semana para que se reconozca su alegada victoria sobre el ya oficialmente proclamado Orlando Jorge Mera. Advierte que de lo contrario, dará a conocer lo que califica de “textos demoledores” que pondrán en evidencia, según palabras textuales “la falsedad, hipocresía y simulación” que existe a lo interior del mismo. Con relación a este tema de la reciente y cuestionada Convención, Hipólito Mejía por su parte, acusa a Vargas Maldonado de haber actuado en forma “ilegal e irresponsable” al tomar partido por la candidatura de Jorge Mera en vez de asumir su rol de poder moderador.

No es ésta precisamente la señal que la ciudadanía pudiera esperar del principal partido de oposición, ni la mejor imagen demostrativa de la existencia de un renovado PRD en capacidad de adversar al gobierno en forma sostenida, inteligente y constructiva y competir por la victoria electoral en los próximos comicios congresuales y municipales, cuyos resultados serán de casi decisiva incidencia en las elecciones generales del 2012.

Por el contrario, mientras el partido de gobierno luce mantener su disciplina interna que le permite seguir lavando los trapos sucios de puertas adentro y estarse cohesionando con vistas a dicho torneo, a menos de ocho meses de la confrontación en las urnas el PRD, por mayores esfuerzos que hacen sus dirigentes más sensatos en asegurar que se mantiene unido a lo interno y en tratar de lograrlo, la impresión que proyecta hacia fuera es la de una agrupación dispersa y fuertemente fragmentada en sus niveles de dirección. En suma la de un partido rebusero como bien expresa la caricatura del Diario Libre.

REFUGIO DE CRIMINALES

La Dirección Nacional de Control de Drogas se acaba de anotar otro importante logro con el arresto de Luis Santacruz Echeverri, alias Lucho, a quien se señala como medio hermano de José Santacruz Londoño, quien fuera uno de los principales jefes del Cartel de Cali que conjuntamente con el de Medellín, liderado por el no menos siniestro Pablo Escobar Gaviria, llenaron toda una larga y tenebrosa etapa en la historia de Colombia. A Santacruz Echeverri se le atribuye haber fungido como representante en el país de los restos de dicha agrupación criminal. Las autoridades señalan a Santacruz Echeverri como responsable de recibir los envíos aéreos de cocaína tanto en el Sur como en el Nordeste. El mismo fue enviado de inmediato, bajo estricta vigilancia, a los Estados Unidos donde se le reclama por tráfico de drogas hacia su territorio.

Hay que reconocer y saludar que desde que el recién y merecidamente ascendido a mayor general Rosado Mateo fue colocado al frente del organismo antidrogas, escasas semanas atrás, se le han venido asestando fuertes golpes a esta actividad criminal, tanto a nivel macro como micro. Los operativos masivos realizados en el ámbito nacional cerrando numerosos puntos de venta y arrestando a centenares de distribuidores tanto como el desmantelamiento de la red que operaba en el país el elusivo capo boricua Figueroa Agosto, son testimonio elocuente de que el hombre y su equipo están haciendo el trabajo. A lo anterior debe sumarse la detención de varios extranjeros, fuertemente vinculados al negocio de los estupefacientes, reclamados por las autoridades de sus respectivos países y activamente buscados por la INTERPOL. Sin dudas, es evidencia, como antes señalamos, de una firme voluntad orientada a poner cara a la criminalidad principalmente ligada al narcotráfico que, por desidia, indiferencia e imprevisión cuando no complicidad, ha ido creciendo como la clásica bola de nieve y hoy nos tiene fuertemente aprisionado entre sus tentáculos.

Estos logros, sin embargo, obligan a una segunda lectura. A ver la otra cara del escenario y es la fragilidad de nuestras fronteras. La forma casi impune en que, bien cierto que por carencia de recursos más que de deseo, el espacio aéreo es violado a diario y hace llover sobre nuestras cabezas cantidades ingentes de drogas prohibidas. O como, a despecho del empeño que puedan desplegar las escasas naves patrulleras conque contamos, rápidas embarcaciones al servicio del narcotráfico internacional dejan en nuestras aguas territoriales su venenosa carga. O a través de la frontera por donde junto a ilegales y mercaderías, penetran armas y estupefacientes. Es aquella otra cara de la moneda que pone de relieve el fácil acceso que permite a mafiosos extranjeros de alta peligrosidad encontrar cómodo y por lo general seguro refugio en el país. Jefes de pandillas de asesinos como el de la Camorra napolitana, narcotraficantes como los varios que han sido deportados, sicarios que ejecutan sus víctimas por encargo y contrato, estafadores a gran escala, ladrones de bancos, atracadores, contrabandistas, traficantes de mujeres y niños, lavadores de dinero sucio, en fin la más variada gama de exponentes del crimen organizado que en muchos casos continúan dirigiendo sus sucios negocios desde aquí.

¿Cómo entran? ¿De qué mecanismos de engaño y complicidad se valen? ¿Con qué facilidad pueden obtener una, dos y hasta varias cédulas falsas para arropar su verdadera identidad criminal? ¿Quiénes les sirven de garantes y cómplices locales? ¿Cómo puede pasar desapercibida su presencia entre nosotros cuando realizan grandes inversiones o llevan una ostentosa existencia de lujo y disipación sin que puedan explicar la fuente de recursos para financiar ni las unas ni la otra?

Son interrogantes que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras fronteras, la carencia y deficiencia de mecanismos de control para evitar el ingreso al país de elementos indeseables, antisociales y mafiosos para los cuales al parecer hemos estado siendo por mucho tiempo una especie de seguro y paradísiaco refugio que no contribuye precisamente ni a la paz interna ni a la imagen externa de nuestra sociedad.

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Tribunales especiales para luchar contra el narcotráfico

En una de sus recientes transmisiones televisivas, el doctor Marino Vincho Castillo, quien funge como Asesor Presidencial en materia de Drogas y ahora también como cabeza de la Comisión Gubernamental de Etica, propuso la creación de tribunales especiales para conocer los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

El planteamiento nos parece de todo punto válido. Más aún, así como hay agentes de la Dirección Nacional de Drogas que por razones de seguridad preservan su identidad tras una capucha, consideramos que también pudiera y debiera considerarse proceder de igual modo con los magistrados a cargo de dichos tribunales que tengan la misión de conocer y juzgar los casos sometidos a su decisión. La idea no es ni exagerada ni truculenta, si tomamos en cuenta la gran agresividad que de manera creciente han ido manifestando muchos de los elementos vinculados al narcotráfico.

En tiempos recientes, han sido frecuentes las ocasiones que en el curso de operativos desplegados para desmantelar puntos de ventas de drogas y otros enclaves vinculados a esta actividad criminal, los agentes de la autoridad han sido recibidos a tiros. No hace tanto, en la zona de Barahona, fue bajo las balas que ocuparon un importante alijo de drogas traída por una avioneta, que como en casos anteriores, fue incendiada.

Pero sin ir más lejos y dentro del mismo ámbito del Poder Judicial, la pasada semana en el curso de una vista para conocer el siniestro expediente del crimen múltiple cometido en Paya y que costó la vida a siete presuntos narcotraficantes, mientras un octavo, convertido ahora en testigo de cargo, logró salvar la vida, haciéndose pasar por muerto, se produjo un incidente que demuestra hasta qué punto son de peligrosos, prepotentes y desafiantes quienes se dedican a esta actividad criminal.

Alli, el juez suplente a quien se confió el caso así como los siete fiscales que actúa en el mismo fueron amenazados públicamente de muerte por varios de los imputados en esa causa. La situación creada obligó al reenvío de la vista pero ha hecho que el Procurador General de la República, en un acto de legítima protección a los amenazados, solicite a la Suprema Corte el cambio de jurisdicción de la causa hacia una sala en el Distrito Nacional que reúna las condiciones para que el juicio pueda efectuarse con todos los requisitos y garantías de seguridad, incluyendo la incautación de armas a personas que asistan al mismo. No se hizo en San Cristóbal, cuando se conoció la última petición de libertad condicional de Rolando Florián Féliz, poco antes de que lo mataran en la prisión. En esa oportunidad, el recluso no fue llevado al tribunal, pero en la vista estuvieron presentes sendos alegados espalderos del mismo portando armas y profiriendo amenazas de muerte contra los periodistas que cubrían el evento.

El riesgo para jueces y fiscales es evidente. Como pudieran concretarse en un momento determinado estas amenazas pasando al plano de las agresiones, inclusive contra agentes antinarcóticos y policiales, miembros de las fuerzas armadas, legisladores, funcionarios, periodistas o cuantos entiendan puedan ser un obstáculo para sus planes. Por razones lógicas, los primeros, magistrados y fiscalizadores, son los más expuestos. Protegerlos, preservar su identidad y por consiguiente su integridad, sería una medida saludable que les permitiría superar como seres humanos que son, todo tipo de aprensiones y temores para poder aplicar justicia con todo el rigor que merezca la gravedad de los crímenes que sean sometidos a su conocimiento y fallo. Apostemos por ello.

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Crímenes sin castigo

En días recientes, el matutino Hoy refrescó la memoria sobre algunos crímenes cuyos autores permanecen arropados por el anonimato, o al menos disfrutan de impunidad. En memoria de las víctimas y en reclamo de justicia, vale la pena repasar varios de los casos más conocidos.

Si nos remontamos en el tiempo casi cuatro décadas atrás, está el del periodista Goyito García Castro, a la salida del diario “Ultima Hora”, del que fungía como jefe de redacción. El crimen nunca quedó debidamente esclarecido. Lograrlo es persistente reclamo de su hijo. Años más tarde, pero no demasiados, se produjo el asesinato del banquero Héctor Méndez, a escasa distancia del Palacio de la Policía, también sumido en el misterio.

Más reciente aunque ya no demasiado, el mortal asalto al camión correo de Vimenca, donde varios de los guardianes fueron ametrallados. Al menos un par de jefes de la Policía, durante sus respectivas gestiones, dijeron que el caso estaba casi resuelto pero terminaron sus mandatos sin culminar las investigaciones ni dar solución al mismo.

Luego tenemos la desaparición del profesor Narciso González y el homicidio del senador Darío Gómez por el cual guardan prisión los sindicados autores materiales, entre éstos, uno que al momento del hecho cumplía 30 años de prisión y extrañamente se encontraba en libertad. La familia del legislador nunca ha quedado satisfecha con la forma en que se manejó el caso e insiste en que el o los autores intelectuales jamás aparecieron en el expediente.

Más casos: los ocho jóvenes ejecutados en una casa de Navarrete donde se asegura funcionaba un centro de drogas con el conocimiento, complicidad y cobro de peaje de autoridades locales. El vil asesinato del oficial aeroportuario Angel Christopher quien investigaba vuelos irregulares y al parecer fue víctima de un crimen por contrato a manos de un alegado sicario colombiano. El del joven teniente Tejeda Krawinkel, hijo del periodista Guillermo Tejeda, abatido a tiros en San Cristóbal. El del profesional ultimado en el gimnasio del hotel Jaragua a manos de un presunto y bien entrenado asesino a sueldo.

Hay muchos otros sin resolver. En Santiago, casi una treintena de taxistas en los últimos tres o cuatro años, el del camarógrafo del comentarista Esteban Rosario y bastante más. La situación se repite en la capital y en el resto del país, incluyendo oficiales en activo y retirados y agentes del orden público víctimas de atentados.

Uno de los más grandes autores que ha producido la literatura mundial, el ruso Fiodor Dostoiesky, es autor de una obra llamada “Crimen y Castigo” que al igual que la de su propia cosecha y quizás más conocida “Los Hermanos Karamazov”, figura a juicio de muchos críticos entre las diez mejores novelas que jamás se hayan escrito. En los casos que comentamos y los muchos más que están sin resolver, la historia pudiéramos resumirla en cambio en una larga lista bajo el título de “Crímenes sin Castigo”.

Dicen que justicia demorada, es justicia negada. Pero otros aseguran que la justicia tarda pero llega. En el caso de Orlando Martínez demoró tanto que sus padres fueron a la tumba sin ver a los asesinos de su hijo pagando por el crimen. Pero al final, la tenacidad del entonces juez instructor Juan Miguel Castillo Pantaleón, permitió hacer justicia. Confiemos en que en estos casos, también pueda hacerse aunque sea demorada.

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Un camino peligroso

La libertad de expresión sin ninguna traba de censura encubierta constituye la piedra angular de todas las demás libertades. Lo es también del sistema democrático. En República Dominicana, a partir de la muerte de Trujillo y superando obstáculos y algunos rezagos dictatoriales que dejó como legado la tiranía, esa libertad se ha mantenido como un preciado bien, sirviendo de ejemplo a otros países. Ha sido motivo de orgullo para el periodismo nacional y valioso mecanismo de información, investigación, crítica y defensa de los intereses ciudadanos. Sobre esa libertad se ciernen hoy sin embargo, ominosos amagos de agresión a los que es preciso denunciar y poner enérgico freno.

Comencemos por el proyecto de nueva Constitución que entrará en fase de segunda lectura y a la que una sola palabra de apenas cinco letras, “veraz”, añadida a continuación del término información referida al ejercicio de la prensa, pudiera significar el cambio de un régimen de libertad de expresión a otro de expresión controlada. ¿Quién está en capacidad de decidir a priori la veracidad de una información? ¿Acaso se estaría pensando en crear una especie de Ministerio de la Información, donde todas las noticias sean sometidas a previa evaluación, entiéndase censura, para alambicar las que se consideren “veraces”, entiéndase también “políticamente correctas”? Dicen que el agregado se le hizo de contrabando, ya que la palabra veraz no aparecía en el texto original. Señal de más para entender que pudiera encubrir un propósito ulterior de oscuras manipulaciones.

Perverso por otro lado es el calificativo y no otro, que cabe al infortunado y disparatoso proyecto de ley que como una clara reacción de mezquino resentimiento, resulta de la autoría del diputado puertoplatense Alfonso Crisóstomo, molesto porque la acuciosa colega Alicia Ortega puso en evidencia que en su barrilito o nominilla hace figurar a un hermano, quien trabaja como chofer y a su señor padre. El legislador, quien entiende legítimas dichas inserciones presupuestarias, en vez de justificarlas con argumentos, como correspondería hacer y más si se trata de todo un señor congresista, en un claro intento de retaliación acude al expediente de pretender limitar la Ley de Acceso a la Información Pública, después de criticarla duramente, olvidando que la misma fue de la autoría de José Tomás Pérez, único senador que entonces tenía el PLD y la cual resultó de unánime acogida.

Lo que pretende el Crisóstomo de Puerto Plata, conocido por el apelativo de “Querido”, es nada más y nada menos que exigirle a un comunicador que recabe cualquier información de un funcionario, hacer una declaración jurada informando para qué la quiere, qué uso le piensa dar y otras barbaridades por el estilo, sin precedentes ni siquiera bajo regímenes dictatoriales donde se coarta o resulta inexistente la libertad de expresión. Tal solo puede concebirse en alguien que pretenda desempeñar la función pública de manera subrepticia y arropada de silencio.

Por suerte tal adefesio está cosechando el rechazo vigoroso de sus propios colegas de partido y de los demás legisladores. No obstante, es preciso salirle al paso al igual que a todo intento de limitar la libertad de expresión o someterla a censura, obviando que existe una ley que regula su ejercicio y ampara el derecho a reclamar en los tribunales la consiguiente rectificación e indemnización de quienes puedan sentirse agraviados por el uso indebido, abusivo o falaz que pueda hacerse de la misma.

Pese al rechazo, es oportuno, insistimos, mantenerse alertas para hacer frente a intentonas como ésta que pretenden conducirnos por un peligroso camino de mordaza y silenciamiento,que servirían para encubrir las más arbitrarias y vergonzosas acciones.

DE MEDIADOR A GLADIADOR

¿Hizo bien el Presidente Leonel Fernández en proponer que Honduras fuese excluído temporalmente del DR-CAFTA asegurando que de esa forma Manuel Zelaya no tardaría más de dos o tres semanas en ser reinstalado en el poder? ¿Era preciso que el mandatario dominicano cambiara su reconocida postura de prudente mediador a agresivo gladiador para probar su credo democrático?

Se justifica que el Presidente Leonel Fernández al igual que el resto de los mandatarios de la región, hagan insistencia en el retorno de Zelaya poder, si bien dentro de determinadas condiciones que viabilicen su regreso. No tanto, al menos en nuestra percepción, por el depuesto jefe de estado hondureño víctima en gran parte de sus propios errores, sino porque el país centroamericano pueda recobrar su quebrantado ritmo institucional saliendo al paso de la gorilada y al posible retorno de los golpes militares. Esta una historia amarga que debe quedar sepultada en el pasado. No oponerse al golpe es conspirar contra el avance democrático de los países del Continente.

Pero no tenía que probar en este sentido el Presidente Fernández. Ya desde sus mismos inicios, había expresado con toda claridad y energía el rechazo de su gobierno a la deposición de Zelaya. Esa postura cobró forma institucional con el voto dominicano en la OEA condenando el golpe, rompiendo lazos con el régimen encabezado por Micheletti y recibiendo a Zelaya en el país no ya solo con los honores de Jefe de Estado sino además con una inusual manifestación de respaldo público de todo el personal que labora en la Presidencia reunido en la escalinata de la sede ejecutiva.

Por otro lado, la propuesta del Presidente Fernández de excluir temporalmente a Honduras del DR.-CAFTA, según opiniones de entendidos, entre éstos el Canciller de Costa Rica, tropieza con algunos obstáculos jurídicos. El principal que se ha advertido: que el Tratado no contempla la exclusión de ninguno de los firmantes por razones políticas, como es el caso. El economista Gustavo Volmar por parte, en su interesante columna del Diario Libre, expuso a su vez, las dificultades de orden práctico para la aplicación de esta medida debido al acuerdo y proceso de integración de los países centroamericanos.

Más prudente y seguramente útil nos parece hubiese sido que el Presidente Fernández, cuyas cualidades de hábil negociador han sido probadas y son reconocidas en el ámbito regional, se mantuviese como figura de reserva en caso de que la mediación que llevan a cabo la OEA y el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, no conduzcan a ningún resultado positivo y nuevos acontecimientos conduzcan a una segunda fase de posible conciliación para la cual ya ha quedado invalidado.

Al margen de estas consideraciones, es evidente que la reacción de los organismos empresariales hondureños a la propuesta de nuestro ejecutivo, ha sido totalmente desproporcionada y mezquina. Mucho más, las alegadas notas de protesta de supuestos ciudadanos indignados recibidas y divulgadas por los periódicos de Honduras. De franco y vergonzoso corte racista contra el mandatario dominicano, tiene todas las características de una campaña preparada y orquestada con grosera alevosía por un grupo extremista.

Por lo demás, es preciso mantener la presión sobre el régimen instaurado en Honduras. Porque si Zelaya incurrió en violaciones constitucionales y legales en el ejercicio de la presidencia, el mecanismo utilizado para sacarlo de él y Honduras resultó en una violación mayor, a todas luces condenable e inadmisible, por implicar el retorno a un pasado del cual la mayoría de nuestros países incluyendo el nuestro, registran las más dolorosas experiencias.

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Empoderamiento

Una información de portada aparecida en el matutino Hoy, recogiendo aspectos de la comparecencia en el almuerzo semanal del Grupo Corripio, de varios destacados munícipes santiagueros, da cuenta de que la provincia que tiene como capital a la Ciudad Corazón se prepara a ejecutar su segundo Plan de Desarrollo. Este sumará tanto los esfuerzos de la sociedad civil como de las autoridades locales para acometer toda una serie de obras al tiempo que hacer ajustes en sus metas encaminados a promover una economía de servicios, que contribuirán a impulsar el progreso colectivo y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Especial énfasis pondrán en proyectar a Santiago como eje de una salud de calidad aprovechando el modernísimo hospital HOMS recién inaugurado.

Oportuno recordar que la gente de Santiago es muy emprendedora. Gente que asume responsabilidades y adopta iniciativas por su propia cuenta. Hace décadas se creó la Asociación Pro Desarrollo de Santiago que presidió un empresario farmacéutico de mucho vuelo, don Víctor Espaillat. Gracias a su tesón y espiritu de compromiso y a quienes formaron parte de su directiva, se creó la Zona Franca Industrial y se llevaron a cabo otras realizaciones de gran importancia comunitaria. Esa tradición de empoderamiento se ha mantenido y acrecentado en el tiempo. Los santiagueros ni se duermen, ni se quedan de brazos cruzados ni se sientan a esperar que todo lo resuelva el Gobierno Central. Desde hace mucho tiempo aprendieron a rascarse con sus propias uñas.

En una dimensión más limitada pero igualmente meritoria, destaca el caso de San José de Ocoa. Los ocoeños tuvieron un gran líder en el padre Luis Quinn. Fueron incontables las obras que éste dejó como legado de su increíble tenacidad e iniciativa. Pero la mejor de todas las herencias que regaló en vida a la provincia ocoeña, fue haber descubierto en sus moradores todo un potencial de realización p y haber motorizado en ellos la capacidad y el dinamismo requeridos para acometer la solución de sus problemas. De demostrarles que por propia decisión y esfuerzo podían superar dificultades y limitaciones y acceder a mejores condiciones de vida.

Empoderarse es una palabra que parece estar tomando cada vez más cuerpo. Una tendencia que se está abriendo paso. No hace mucho, las fuerzas vivas de la provincia Espaillat se comprometieron a llevar a cabo un plan de desarrollo a diez años. Otras provincias del país están dando pasos en esa misma dirección. En muchos barrios y sectores, líderes y asociaciones comunitarios, muchas veces con la participación activa de ministros religiosos, llevan a cabo una meritoria labor de mejoramiento colectivo en las condiciones de vida de sus moradores con mínimos recursos y casi siempre en las circunstancias más adversas. Es como un descubrir de habilidades y fuerzas latentes que sólo requieren de una chispa inicial, un detonante que las ponga en movimiento. Es un síntoma saludable, una actitud positiva destinada a desterrar el padrefamilismo y la acomodaticia cultura del dao. Sin que signifique en modo alguno relevarlo de sus responsabilidades, no hay por qué dejarlo todo a la voluntad y decisión del Gobierno Central. Hay muchas cosas que la sociedad civil puede hacer por su cuenta más allá del solo ejercicio, por demás legítimo, de la denuncia, la protesta y el reclamo.

Lo de Santiago es un exitoso y buen ejemplo de ello, digno de ser imitado. Lo es también la capacidad de autogestión de los ocoeños, el plan desarrollista de la provincia Espaillat, las emprendeduras de otras provincias y las instituciones barriales y comunitarias, todo cuanto contribuya a que la gente por sí misma, tomando iniciativas, asumiendo responsabilidades y haciendo empleo de sus habilidades, empoderándose en fin, sea capaz de llevar a cabo en su propio beneficio debe ser recibido con beneplácito, exaltado y respaldado. Porque es así, con el concurso proactivo de todos, que podremos construir una mejor nación.

Delincuencia asesina

DELINCUENCIA ASESINA

No es la primera vez que enfocamos el tema de cómo de unos años a nuestros días han cambiado las modalidades del delito en nuestro país. Hoy tenemos prácticas criminales que eran casi desconocidas tiempos atrás. Una de ellas, los llamados ajustes de cuentas generalmente llevados a cabo por sicarios especializados en este tipo de acciones, actuando bajo contrato y en algunos casos traídos de fuera con ese fin específico. Otro, los secuestros en reclamo de fuertes rescates. Tanto en un caso como en el otro, son acciones casi siempre vinculadas al negocio de las drogas y a los llamados “tumbes”, tan frecuentes entre quienes se dedican a este tipo de actividad ilícita.

Pero lo peor de todo es que la delincuencia común ha ido derivando cada vez más hacia el empleo de la violencia hasta convertirse en una delincuencia asesina a todos los niveles, que no solo roba, asalta o atraca, también mata a sus víctimas, en muchos casos sin siquiera éstas haber hecho resistencia, diríase que tan solo por el simple placer morboso de quitarle la vida a otro ser humano. Así, lo mismo tronchan una existencia joven y llena de promesas como la de Vanesa en Santiago por apoderarse de un celular, que la de una ejecutiva como Kaisha, a medio camino de una carrera que prometía ser todavía más exitosa y brillante que hasta ese momento, para robarle su bolso. Asaltan a la madrugada una gasolinera y dan muerte al infeliz guardián padre de familia, que persiguen a prima noche, como ayer en la transitada Winston Churchill, a los ocupantes de una jipeta con la finalidad de robar el vehículo cuyos ocupantes se salvan gracias a la oportuna llegada de una patrulla policial, como antes a plena luz del día, con la misma finalidad pero trágico final, otro grupo de malhechores da muerte alevosa al joven hijo de un diputado, también en otra traficada vía pública.

Peor y más preocupante aún: desafían de continuo a la autoridad y no muestran el menor temor frente a la Policía. No se rinden ni se entregan. Hacen frente a los agentes de la uniformada batiéndose a tiros, a veces con armas más modernas y con mayor poder de fuego. Les disparan y les matan. Cierto que los consabidos intercambios de disparos arropan ejecuciones. Pero no en todos los casos. Valdría decir cada vez en menor cantidad de ocasiones, si tomamos en cuenta las decenas de oficiales y miembros de la uniformada que han perdido la existencia en los últimos tiempos cumpliendo con su deber, en dramática compensación por aquellos otros que deshonran el uniforme y sus vidas asociándose a los maleantes.

En ocasiones, las autoridades argumentan que en relación a otros países del área la República Dominicana muestra índices de criminalidad más bajos. Una reciente evaluación estableció que Santo Domingo figura entre las tres ciudades más seguras de Latinoamérica. Seguramente es así comparando estadísticas. Pero la ventaja comparativa con respecto a los demás, no alcanza a despejar esa sensación de sentirse desprotegidos e indefensos que prima en la mayoría de los ciudadanos debido a la creciente agresividad, falta de escrúpulos y extrema crueldad de esta delincuencia asesina. Una percepción de inseguridad que se incrementa cada vez que un agente de la autoridad aparece involucrado en las acciones criminales que está supuesto a prevenir y combatir.

Frente a esta situación la sociedad reclama de las autoridades policiales un desempeño mucho más enérgico tanto hacia dentro, limpiando sus filas de elementos indeseables, como hacia fuera poniendo a raya a la delincuencia. Pero el tema de la criminalidad en nuestro país, agravado por el narco y el microtráfico, se ha tornado tan complejo y obedece a causas tan diversas aunque coincidentes, económicas, sociales, culturales, familiares y ambientales, que requiere de un diagnóstico y medidas preventivas y correctivas que rebasan con mucho la simple acción represiva del cuerpo de orden público por más que éste se esfuerce y se muestre más eficiente en su gestión.

¿Cambios en el sistema electoral?

En las Cámaras Legislativas se encuentra pendiente de discusión y aprobación un importante proyecto de ley destinado a introducir significativos cambios favorables en nuestro sistema electoral. El Presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, magistrado Roberto Rosario, quien ha sido uno de sus principales propulsores, ha advertido que si el Congreso le imparte su aprobación antes del próximo 15 de septiembre habrá tiempo de implementar y ejecutar la misma con vistas a las próximas elecciones congresuales y municipales.

Estas como hemos señalado en otras oportunidades, son de mucha más exigencia y complejidad que las presidenciales, donde el número de candidatos que aspiran a la Primera Magistratura pueden contarse con los dedos de una mano. En cambio, en los comicios de medio tiempo, serán puestos a discusión más de tres mil trescientos cargos de senadores, diputados, síndicos, regidores y suplentes. Esto significa un número varias veces mayor de candidatos por los diferentes partidos políticos, lo que da una idea del reto que tiene por delante el organismo electoral. El hecho de que en esta oportunidad los candidatos triunfadores desempeñarán sus funciones por seis años en vez de cuatro, hace la elección más disputada y la tarea de la Junta mucho más laboriosa.

¿Qué elementos novedosos de importancia aportará esta legislación? Son de diversa índole y requieren de un análisis más exhaustivo. Pero vale destacar algunos de los principales.

Uno de ellos es que regulará la afiliación partidaria, de tal modo que el elector aparezca en el padrón de una sola agrupación. Desde el momento que se traslade a otra parcela, automáticamente se registrará el cambio evitando duplicidades. También regulará las convenciones de los partidos políticos, el uso de la publicidad electoral y el gasto de campaña.

Pero lo más importante es que facultará y posibilitará a la Junta Central Electoral regular el uso que hacen los partidos de los fondos del presupuesto nacional que reciben a través del organismo para financiar sus actividades proselitistas, así como también de los aportes provenientes del sector privado y el empleo que den tanto a unos como a los otros. Esto permitirá identificar las fuentes originarias de esos recursos a fin de evitar que dineros sucios del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado puedan fluir hacia las arcas partidarias y de determinados candidatos influyendo en su posible elección. Se trata de un riesgo cierto sobre el que recientemente llamaron la atención el también magistrado electoral Eddy Olivares y poco después el doctor Marino Vincho Castillo, de cuyas manifestaciones nos hicimos eco y constituye un tema sobre el que hemos venido insistiendo.

De esperar que los señores congresistas, una vez terminada la revisión y modificación de la Carta Magna, entiendan y asuman la importancia de esta legislación y le concedan el sentido de prioridad que reclama el Presidente de la Cámara Administrativa para que pueda entrar en aplicación con vistas a los comicios del 2010, que representará un aporte de gran significación a la transparencia de los procesos electorales y al desarrollo democrático del país.

Que la sangre no llegue al río

El estimado de perjuicios económicos varía. FENATRADO los calcula en unos 30 millones de pesos diarios. El Centro de Exportación e Inversión menciona la cifra de 1 millón 600 mil dólares que al cambio vienen a ser casi 57 millones de pesos en números redondos. En tanto, ADOEXPO, hace subir la cantidad a cien millones. Pero cual sea la cifra en definitiva, lo cierto es que las pérdidas por el conflicto entablado entre los camioneros dominicanos y los haitianos son de significación para ambos. De este lado, dejando de exportar a nuestro mercado natural más próximo y del otro, donde hay precariedad de todo género de abastecimientos, dejando de recibir suministros que les resultan tan necesarios.

Hasta ahora todas las negociaciones han fracasado, inclusive los esfuerzos de conciliación de esfuerzos emprendidos en común por nuestro embajador en Haití y el de éste en nuestro país. Pero lo más grave de todo es que los ánimos se encuentran en su punto más alto de agresividad. Los nuestros alegan que sus vehículos han sido atacados al otro lado de la isla por grupos de camioneros haitianos armados. La respuesta de este lado ha sido la línea bajada por Blás Peralta, quien dirige FENATRADO, para armar a su gente y sellar con sus camiones la frontera para que, según palabras textuales, “no pase ni agua”.

Visto desde fuera no parece que las exigencias de los camioneros haitianos tengan asidero. Ellos reclaman reciprocidad pero lo que están planteando al parecer es una especie de despojo. Se entiende que demanden las mismas facilidades para entrar aquí con sus camiones que tengan los nuestros para llevar su carga a destino en territorio haitiano. Donde radica el problema es que en tanto de aquí para allá hay un fuerte envío de artículos producidos localmente que el mercado vecino demanda, en sentido inverso es ahora mismo muy poco lo que Haití produce que nosotros podamos necesitar.

Pero de la gran diferencia que pueda haber no es responsable República Dominicana. Ni el hecho de que los camioneros haitianos dispongan de muchas menos posibilidades de servir nuestro mercado que los nuestros el de ellos, puede pretender ser compensada por aquellos con la exigencia de un peaje ilegal de cuatro mil pesos por cada vehículo y el donarles graciosamente la mitad de la carga que transportan los nuestros. Eso simplemente es intento de extorsión.

Al margen de estas consideraciones, debemos cuidarnos de no convertir esta controversia sindical en tema de Estado, incurriendo en el mismo error en que antes cayeron algunas autoridades haitianas con motivo del linchamiento de uno de sus nacionales que antes había degollado a un dominicano, en lo que fue consecuencia de un incidente particular.

Pero sí es de reclamar que nuestras autoridades intervengan de este lado y las haitianas del suyo para evitar que las pasiones se desborden y la sangre pueda llegar al río, afectando las relaciones bilaterales que el propio embajador vecino aquí, Fritz Cineas, definió en días recientes como “difíciles y frágiles”, en tanto se buscan indispensables fórmulas de solución para desatar el nudo fronterizo que mantiene paralizado el intercambio comercial en perjuicio de ambos.

Cero corrupción

Lo expresó en días pasados en un evento internacional, el Vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y luego, con todo el énfasis que corresponde a su elevada jerarquía, el propio Presidente Leonel Fernández aseguró que su gobierno levanta la consigna de “Cero Corrupción”. Ahora la misma encuentra resonancia en el respetado Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferencia de Episcopado Dominicano Ramón Benito de la Rosa y Carpio en una breve pero muy contundente frase: “Si acabamos con ese flagelo, habrá más dinero para el país. No basta crear más empleos, nuevos impuestos, si la corrupción no termina”. Más claro con menos palabras y en lenguaje más sencillo no puede reflejarse lo que es una realidad palpable y un sentimiento creciente en la ciudadanía.

En semanas recientes, el Director General de Aduanas, Miguel Cocco, auténtico paradigma de honestidad, proclamó la necesidad de erradicar de la Administración a los funcionarios corruptos. Ya anteriormente, había advertido que “la corrupción es la mayor responsable de la pobreza de tantos dominicanos”, afirmación que compartimos. Sus categóricos señalamientos han sido respaldados en el terreno de los hechos por una gestión que es objeto de general reconocimiento en que no ha dado tregua al contrabando, tanto de mercancías como de medicamentos ilegales salvando para el patrimonio fiscal miles de millones de pesos.

Sancionar la corrupción dentro del marco jurídico establecido en los Códigos vigentes es un proceso complejo y una responsabilidad compartida por el Gobierno al que toca ejercer los mecanismos de vigilancia sobre sus propios funcionarios, a los fiscales que tienen a su cargo estructurar los expedientes acusatorios que son sometidos a los tribunales y a los jueces a quienes, con vista a las evidencias aportadas y estricto apego a la ley, corresponde aplicar las sanciones de lugar.

De cierto que no siempre es fácil acopiar los elementos probatorios del dolo que posibiliten al Ministerio Público instrumentar adecuadamente los casos de tal modo que los magistrados puedan dictar fallos condenatorios en el marco de un Código Procesal que apenas deja margen a la íntima convicción. Es de recordar que en días recientes precisamente, el Departamento de Prevención de la Corrupción Pública desestimó decenas de expedientes acusatorios por carecer de los necesarios elementos de prueba.

Pero hay otros en cambio, y hemos tenido pruebas más que suficientes en las últimas semanas, en que los propios funcionarios se autoincriminan de manera pública por ser más que ostensibles las irregularidades de todo tipo en que incurren y los actos ilegales que cometen. Toca en tales casos al gobierno proceder sin excusa ni dilación a tomar las medidas de lugar y disponer las investigaciones correspondientes llevadas a cabo con la mayor rigurosidad y transparencia, sin asomos de complacencia personal ni compromiso político que de lo contrario, puede ser interpretada por muchos como complicidad, para enviar la señal correcta de que “tolerancia cero” es mucho más que una simple consigna coyuntural para consumo público pero carente de sustancia y sustento.

Por lo demás, seguimos insistiendo en que así como el empleo es el mecanismo más eficaz para combatir la pobreza, la inversión del fardo de la prueba en el caso de los funcionarios públicos resulta el arma de mayor contundencia para frenar la corrupción cuando el tren de vida del presunto responsable entre en contraste con sus ingresos declarados, sin que el mismo pueda justificar de manera creíble y transparente todo exceso o dispendio en que incurra. Por esa vía, es difícil burlar la acción de la justicia..

Relaciones con Haití

De todo punto interesante discutir acerca de consideraciones sobre lo provechoso o no de una cumbre entre los Presidentes Leonel Fernàndez y René García Préval tocando temas relacionados como por ejemplo, ¿estaríamos de acuerdo en que la República Dominicana y Haití debe dar todos los pasos necesarios para llevar las relaciones entre ambos al más alto nivel de convivencia y cooperación?

Visitas a las comunidades

¿Considera que es correcta la decisión del Presidente Leonel Fernández de acudir a las comunidades para conocer de manera directa sus reclamos y negociar posibles soluciones?
¿Cree que ese método será eficaz para evitar huelgas y paros populares?

Sobre la industria turística del país

¿Considera que el sector turístico nacional debe recibir mayores facilidades e incentivos para que pueda desarrollarse a plenitud?

La dependencia al petróleo

¿Tiene confianza en que el país pueda desarrollar su capacidad de generación de energía alternativa para lograr reducir su actual dependencia del petróleo?

¿Qué medidas podemos sugerir para enfrentar el auge de la criminalidad en nuestro país?

Para muchos, incluyéndonos, es indudable que ha habido un alza en la criminalidad y sobre todo, en la forma que ésta ha ido adquiriendo, más cruel e inhumana, con más irrespeto hacia la integridad física, además de atacar los bienes, en algunos casos pocos, adquiridos con esfuerzo honrado, con sentido de sacrificio para mejorar la calidad de vida, objetivo por demás normal.

Las fuerzas del orden no son seres extraterrestres, y los gobiernos requieren de la participación ciudadana para guiarse en su labor de conducir las riendas de los países.

Sobre esa base, ¿qué sugerencias se nos pueden ocurrir para darlas a la luz?

¿Dónde empieza la preservación del medio ambiente?

¿Cree que deben reducirse los límites del Parque Nacional del Este para segregar tierras y dedicarlas al desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios?

¿Confianza en las Fuerzas Armadas?

Tiene confianza en que el proceso de depuración de las Fuerzas Armadas permita que limpien y recuperen su imagen a los ojos de la ciudadanía?

¿Cuál es nuestra percepción de las cámaras legislativas en RD?

- Aún cuando el salario básico de los diputados en RD (sin contar el “barrilito”, gastos de representación, dietas y demás), resulte superior al de los senadores, ¿considera debatir el tema en los presentes momentos de crisis?

- En todo caso ¿qué solución debe dársele a esta situación: aumentar el sueldo de los senadores o rebajar el de los diputados para que ambos disfruten del mismo?

- ¿Cuál es su percepción del Congreso actual y cómo lo calificaría: bueno, regular o malo?

El problema de la inmigración ilegal de haitianos en República Dominicana

¿Qué podemos sugerir para frenar la inmigración ilegal de haitianos en la República Dominicana?

¿Qué política debe seguir el gobierno en el caso de cientos de miles de haitianos indocumentados que residen en el país, y no han legalizado su estatus?