PENSAMIENTO DE HOY: “Muchas veces en la vida el tiempo resulta el
mejor remedio”
.
LOS
DIFERENTES ROSTROS DE LA ACTUALIDAD
RECURRENTE. La aseguradora
de riesgos de salud de los maestros, ARS SEMMA, se ha convertido en un dolor de
cabeza permanente para los maestros, el sistema de Seguridad Social y el propio
Estado. Después del escándalo que
involucró el déficit de cientos de millones de pesos, la entidad no ha logrado
superar la crisis lo que se refleja en
un pésimo servicio para los 250 mil docentes y sus dependientes. Ahora el
presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, está pidiendo que el Estado intervenga
para la entidad, a la que mensualmente asegura le llegan tanto los aportes
correspondientes al mismo como los descuentos que se le hacen a los
maestros. Cada día gana más cuerpo la
idea de disolver la SEMMA y pasar todos sus afiliados a SENASA.
SERIA ADVERTENCIA. La
siempre vigilante Fundación Institucionalidad y Justicia advierte la grave
situación que está confrontando a lo interno la Jurisdicción Inmobiliaria. La considera tan crítica que la entidad
advierte que de no corregirse pudiera colapsar en un plazo no mayor de dos
años, debido al acumulo excesivo de expedientes, demora en los registros de
títulos, mora judicial, carencia de recursos y otros. El problema es de suma gravedad en tanto
involucra todo el sistema de seguridad jurídica del inventario inmobiliario del
país, con toda las fatales consecuencias que se derivarían de ello. La voz de alerta está dada y es de esperar
que la Suprema Corte de Justicia le preste atención inmediata.
CHUCUNGUYA. La epidemia de
Chucunguya, si bien no conlleva el riesgo de efectos letales que el dengue, es
de mucha mayor dimensión que este. Los
estimados son de que la enfermedad frente a la cual no existe vacuna conocida,
aunque científicos se afanan en los laboratorios de investigación por lograrla,
pudiera afectar entre un 60 y un 70 por ciento de nuestra población. Una simple operación matemática eleva el
número potencial de afectados en alrededor de seis millones más o menos. Todo un verdadero reto de asistencia médica
de graves consecuencias derivadas de orden económico y social. Al parecer ya los casos que se han
registrado están desbordando la capacidad de manejo de las autoridades
sanitarias y haciendo insuficiente el aporte de 20 millones de pesos del
gobierno para enfrentar el problema. Un
informe de la OPS señala, por otra parte, que más de la mitad de los casos
reportados en el Caribe corresponden a nuestro país. En el contexto de las
medidas que se están tomando, luce de urgente atención la petición de doña
Zoila Martínez, Defensora del Pueblo, de que se proceda de urgencia a fumigar
las cárceles por las especiales condiciones de hacinamiento y falta de higiene
que impera en las mismas.
EL
TIRO RAPIDO
Mario
Rivadulla
Martes
27,05,2014.
MAS
QUE SOLO DINERO
Resolver la crisis hospitalaria por la que está atravesando el
sistema de salud pública parece requerir de mucho más que la simple entrega de
mayores recursos a los centros que se han declarado en estado de extrema
emergencia.
En estos últimos días hemos recibido en TELEDEBATE los testimonios
en sendas entrevistas por separado de dos destacados especialistas médicos el
doctor Jesús Feriz Iglesias y el doctor Radhamés Ovalle. Ambos poseen
un largo historial de meritorios servicios en el hospital infantil
doctor Robert Reid Cabral, el primero que dio la voz de alarma sobre sus
precariedades en lo que a partir de ahí, resultó un efecto en cascada que involucra
varios más, tanto de la red de Salud
Pública como del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
Por su lado, aparecieron también en la prensa escrita unas
importantes declaraciones del conocido cardiólogo doctor Bernardo Defilló, quien
ha compartido su carrera profesional con una permanente preocupación por los
problemas generales de la sanidad dominicana y a quien su paso por la
Superintendente de Salud de la Seguridad Social aportó valiosas
experiencias prácticas en este campo.
De las manifestaciones de unos y otros podemos establecer algunas
conclusiones.
La fundamental es que buena parte de la crisis radica en el
incumplimiento de la Ley General de Salud y la de Seguridad Social. Esta dispuso convertir los hospitales públicos
en unidades autogestionables que facturasen sus servicios ya al sistema en
el caso de los asegurados o al Estado, en el de los pacientes que no fuesen.
Tal está ocurriendo solo parcialmente en el caso de los hospitales
del llamado “nuevo modelo” que son los de reciente construcción, no así en los
del “viejo modelo”, formado por los tradicionales. Los primeros no solo han recibido un
equipamiento completo y moderno sino que perciben un subsidio mayor por parte
de Salud Pública y facturan por los servicios que prestan a todos los
pacientes. No ocurre así con los
segundos, cuyo subsidio es menor, insuficiente y a menudo recibido con retraso,
disponen de equipos en muchos casos obsoletos, dañados o simplemente carecen de
ellos, no pueden facturar por los servicios que prestan ni a la Seguridad
Social ni al Estado y en adición, fueron desprovistos del complemento a sus
finanzas que representaba la llamada “cuota de recuperación”.
Otros fallos que según opinan contribuyen a la crisis hospitalaria
son la falta de funcionamiento de las llamadas unidades de atención primaria,
primer tramo obligatorio de asistencia médica y la ausencia del llamado “médico
de familia” llamado a prestar atención a
los enfermos en su propio domicilio, contribuyendo así a descongestionar la
presión sobre los hospitales que se ven desbordados por la cantidad de
pacientes que reciben y que en muchos casos requieren de una atención de menor
cuantía, lo que aumenta notablemente sus gastos.
Hay que enfatizar que la crisis hospitalaria no es de este
gobierno ni de la presente gestión del titular de Salud Pública. Ha sido una situación recurrente bajo todos
los gobiernos en mayor o menor siempre persistente cuantía. Pero el mal no está en la sábana. Ni la solución en la reparación de algunos
equipos dañados y la entrega eventual de mayores recursos a los hospitales,
medicamentos y materiales para cubrir el bache hasta la siguiente crisis. El
problema, por lo que hemos recogido de los testimonios señalados, es de mucha
más envergadura y exige todo un replanteo de la política sanitaria y la
asistencia hospitalaria, incluyendo un mucho mayor presupuesto para Salud
Pública tal como se hizo con Educación.
Y tal también, amerita aunar el compromiso del gobierno y la
participación de los distintos sectores nacionales en un Gran Pacto Nacional
por la Salud, proveer y preservar la cual constituye una de las obligaciones
fundamentales del Estado y una de las necesidades prioritarias que reclama de
toda sociedad organizada.
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