EL
PENSAMIENTO DE HOY:
“El odio es la cólera de los
débiles” (Alphonse Daudet).
ANIVERSARIO
LA FUNDACION DOMINICANA DE CARDIOLOGIA cumple hoy cincuenta años
de haber sido creada. Un nombre es
sinónimo de la misma: su presidente y fundador el prestigioso cardiólogo doctor
Héctor Mateo quien le ha dedicado sus mejores afanes durante ese medio siglo.
Verdadero símbolo de la prevención de los males cardíacos, el doctor Mateo
conjuntamente con el director del Instituto Dominicano de Cardiología, doctor
Ernesto Díaz Alvarez, solicitan el apoyo
del gobierno para poder ampliar sus instalaciones a fin de acoger la gran
cantidad de pacientes que reciben a diario y parte de los cuales deben referir
a otros centros. Sus voces merecen ser
atendidas en la seguridad de que cada chele invertido en la institución será
empleado de la mejor manera, sobre todo a favor de pacientes de escasos
recursos.
LA
ACTUALIDAD EN DISTINTAS CARAS
LA
CARA POSITIVA
LA CONVERSION DEL BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA en un Banco
de Exportaciones anunciada por el Presidente Danilo Medina debe representar un
buen aporte para contribuir al aumento de la venta de nuestros productos en los
mercados internacionales. Cada vez se hace más imperiosa la captación de
divisas y equilibrar nuestra deficitaria balanza de
comercio exterior. En este orden,
hay que saludar el anuncio del Ministro de Agricultura de que en cuatro semanas
estaremos reanudando la venta de pollos y huevos al mercado haitiano. De igual modo, la próxima instalación de una
fábrica de tennis taiwanesa que aumentará las exportaciones de zona franca al
tiempo de generar la nada despreciable cantidad de doce mil empleos directos.
LA
MISMA CARA
OPORTUNA LA ADVERTENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, Carlos Amarante
Baret, para que los padres asuman responsabilidad y se muestren vigilantes del
uso que sus hijos menores hacen de la Internet.
Esta es sin dudas, una herramienta tecnológica de gran importancia y de
útil aplicación en el proceso de adquisición de conocimientos…pero también
tiene un lado oscuro, donde como expresa el funcionario “pervertidos,
degenerados y depravados” hacen uso de ese medio para enviar mensajes negativos
y en no pocos casos saciar sus más bajos apetitos. Ojo con eso.
IGUAL
CARA
CUANDO EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE invadió y se apoderó
del vertedero de Duquesa argumentando que la empresa Lajun, operadora del
mismo, no estaba cumpliendo con los términos de la concesión, señalamos que se
trataba de un craso error ya que el mismo no estaba en capacidad de manejarlo
adecuadamente. Seis meses después de grandes vicisitudes con el problema de la
disposición de la basura, esa autoridad edilicia ha dado marcha atrás y
entregado de nuevo a la Lajun la administración de Duquesa. Dicen que rectificar es de sabios. Lo ha
tenido que hacer bajo imperativo de las circunstancias, esa autoridad edilicia.
De esperar que le sirva de experiencia para en el futuro no dejarse calentar la
cabeza y actuar de manera intempestiva en vez de con la prudencia y serenidad
necesaria que requiere el cargo.
LA
OTRA CARA
NO ES DE EXTRAÑAR QUE QUIENES ESTAMOS VIVOS nos desenvolvamos en
una atmósfera de permanente desasosiego ante la existencia de un delincuencia
cada vez más agresiva, temeraria y desalmada, cuando ni siquiera los muertos
pueden reposar en paz. En su edición de este día, el matutino Hoy recoge la
denuncia de la impune profanación de tumbas en el Cementerio de la Máximo
Gómez, escenario de las más diversas acciones vandálicas. No se trata de una situación singular. Es la misma que prevalece en Cristo Redentor
y otros campos santos en distintos lugares del país donde tienen lugar todo
género de latrocinios. Es deber de los
ayuntamientos mantener los cementerios en buenas condiciones, garantizar la
seguridad de las personas que los visitan para rendir recuerdo a sus muertos y
garantizar que estos descansen en paz.
SIMILAR
CARA
CADA VEZ QUE SE PARALIZAN LOS HOSPITALES PUBLICOS quienes sufren las consecuencias son
los pacientes pobres, del mismo modo que cuando los maestros hacen huelga son
los alumnos los que se ven privados de docencia. Gremios de enfermería tenían anunciado para
hoy un paro de veinticuatro horas en todos los centros asistenciales de la
región Este del país para extenderlo luego al Cibao y continuar con uno más
extenso de setenta y dos horas en todo el país.
La protesta es en reclamo de que se le haga efectivo el aumento del
diez por ciento. Sin cuestionar la
justeza de su reclamo, es injusto que los pacientes tengan que verse privados
de atenciones por un hecho del que no son responsables. Es hora de buscar
mecanismos de solución de conflictos que excluyan las huelgas en los servicios
públicos que además están expresamente prohibidas por la Constitución.
LA
PEOR CARA
NO ES LA MEJOR IMAGEN que proyecta la comunidad criolla asentada
en España y que por extensión empaña el nombre del país, el hecho de que su
Tribunal Supremo haya tenido que declarar ilegal la banda “Domincan don´t play”
integrada por jóvenes dominicanos. El fallo la equipara en peligrosidad con la
Latin King y los Netas, que también se han hecho famosas por sus desmanes. Más aún: la policía española la considera la
banda latina más peligrosa de todas las que operan en el país peninsular. El daño para
la República Dominicana es incalculable.
EL
TIRO RAPIDO
Mario
Rivadulla
Miércoles
12, 02, 14
COMPROMISO
DE TODOS
Por segunda vez en los últimos días, el Procurador General de la
República, Francisco Domínguez Brito, se queja de la facilidad con que
peligrosos delincuentes y narcotraficantes sometidos a la Justicia obtienen su
libertad mediante medidas de coerción que provocan asombro e irritación en la
ciudadanía y generan todo tipo de sospechas sobre la probidad de los jueces que
las dictan.
Ya antes el Jefe de la Policía Nacional había también reiterado su
inconformidad con esta situación, alegando que la mayoría de los detenidos por
los agentes de la institución por la comisión de distintos delitos vuelven de
inmediato a las calles.
Sus declaraciones provocaron una réplica pública de varias
fiscales donde, entre otros argumentos, se le recordaba al mayor general Castro
Castillo que no el cuerpo uniformado sino es el ministerio público el que hace
los sometimientos. En este sentido,
señalaba que alrededor del 80 por ciento eran enviados a prisión.
El problema, sin embargo, no es de cantidad sino de percepción en
el caso de la Policía. Cuando somete el tema de la seguridad ciudadana a
números porcentuales estableciendo que la cantidad de delitos se ha reducido,
parece ignorar que no es con números que la conturbada sociedad recobra el
sosiego y la confianza. La gente tiene
muy arraigado el temor a ser víctima de actos criminales. Es una sensación que no se combate ni
resuelve con cifras estadísticas.
Igual pasa en el caso de las fiscales. El tema de los enviados a prisión no es de
cantidad sino de peligrosidad. Un gran traficante de drogas, a quien le ocupan
mil o mil 500 kilos de cocaína y es dejado en libertad bajo fianza envía una
señal negativa mucho más poderosa, que un centenar de ladrones de poca monta o
escasa peligrosidad contra los que se dicte coerción de prisión a espera de
juicio.
El fallo en el caso de Francina Hungría, le hace más daño a la
imagen de la Justicia que ese ochenta por ciento de colocados tras las
rejas. Como lo es el de la puesta en
libertad por el solo hecho de haber cumplido la mitad de su sanción, lo cual no
constituye un derecho automático a volver a las calles, de ese implicado en
drogas que a los pocos días dio muerte de un balazo a un ganadero y ahorcó a su
menor hijo de apenas seis años. Un
hecho horrendo que aún estremece.
Lo peor de todo es cuando persiste el impacto emocional en la
ciudadanía ante la indolencia y el silencio del propio Poder Judicial para
tratar de explicar en forma convincente
ese tipo de decisiones. Cierto que los
jueces hablan por sentencia. Pero también no lo es menos que se deben a la
sociedad. Nada impide, sino todo lo
contrario, aconseja, que toda sentencia le sea debidamente explicitada al
público con argumentos y elementos que le sirvan de justificación.
A eso es precisamente que se refiere Domínguez Brito. Copiamos sus palabras:
“Los casos que se están conociendo en sentido general es verdad
que hemos obtenido algún tipo de medida de coerción, ahora no es posible que el
caso de un sudamericano al que se le encuentran mil kilos de drogas sea puesto
en libertad mediante una fianza; no es posible que carteles colombianos,
sudamericanos que han sido los más peligrosos que podamos conocer puedan
obtener algún tipo de libertad”.
El Procurador General se abstiene de echar el peso de la culpa
sobre nadie en particular. Y recuerda
con buen juicio que la responsabilidad de garantizar la seguridad y
tranquilidad ciudadana y de una efectiva Administración de Justicia es
compartida por los distintos segmentos que la componen: desde la Policía y
organismos especializados en la función de prevenir y combatir el delito en sus
diferentes formas; los fiscales que tienen a su cargo la misión de investigar,
instrumentar y someter los expedientes hasta llegar a los magistrados a quienes
corresponde actuar con apego a la ley, que no exime el uso del discernimiento y
buen juicio, cualidades indispensables al juzgador.
Hay además, un elemento de suma importancia al que corresponde
también una cuota de responsabilidad. Es
la propia sociedad. Cada ciudadano tiene
el deber de convertirse en un ente activo de la seguridad colectiva y la suya
propia, colaborando estrechamente con las autoridades. Lo hará en la medida en que estas sepan ganar
su confianza. Una tarea nada fácil
tomando en cuenta el deterioro de la credibilidad en la propia Policía, los
fiscales y los tribunales, pero absolutamente necesaria de llevarse a cabo para
hacer de la seguridad y la justicia un compromiso de todos, también para
beneficio de todos.
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