La solicitud del Procurador General de la República a la Suprema Corte de Justicia para dejar sin efecto la decisión del ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, adoptada a escasos días de la toma de posesión del Presidente Danilo Medina, archivando el expediente contra el senador peledeista Félix Bautista, se ha convertido en un tema altamente controversial. En este caso, no solo desde el punto de vista jurídico sino también político…y lo que más llama la atención, en el seno del propio Partido de la Liberación Dominicana.
El tono subido de lo que parece abre la puerta a una polémica pública con el doctor Francisco Domínguez Brito, lo acaba de dar el ex Procurador General de la República y último Consultor Jurídico del gobierno del ex Presidente Leonel Fernández, doctor Abel Rodríguez del Orbe, en esta ocasión actuando como abogado del senador Bautista. El combativo letrado no se ha limitado a cuestionar la decisión del alto funcionario fiscal considerándola improcedente desde el punto de vista legal y constitucional, sino que lo acusa de querer ganar notoriedad pública y obtener capital político personal. Domínguez Brito, por su lado, ha anunciado que este martes dará respuesta a las declaraciones de Rodríguez del Orbe, publicadas además como espacio pagado en la prensa matutina.
Una opinión que no puede ignorarse es la del doctor Marino Vinicio Castillo, en su condición de director de Etica e Integridad Gubernamental. Don Vincho afirma no tener objeción a la solicitud del doctor Domínguez Brito pero le reclama no ser selectivo en este sentido, a fin de que no se perciba que sus motivaciones no son “profundamente honradas, éticas y serias”.
En su programa “La Respuesta”, el doctor Castillo aboga porque el Procurador General disponga una profunda investigación de 34 expedientes de presuntos actos dolosos que obran en el Departamento de Prevención de la Corrupción y que están respaldados por otras tantas auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, sin importar a qué administración pertenezcan. “Caiga quien caiga, no dejemos un altar sin tocar”, reclama.
Entre estos expedientes figuran los que involucran a Amable Aristy Castro, durante su gestión al frente de la Liga Municipal Dominicana; el de José Enrique Sued, en el tiempo de su desempeño como Alcalde de Santiago y el de Héctor Rodríguez Pimentel, cuando fue director del INDHRI, todos los cuales fueron atribuidos por los implicados a alegada persecución política por haber respaldado la candidatura presidencial de Hipólito Mejía.
Al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, anteriormente conocido por las siglas de DEPRECO, siempre se le ha reprochado no haber cumplido con sus objetivos. Se menciona que a lo largo de los años ha acumulado decenas de expedientes por presuntos actos de corrupción. Pero apenas se cuentan con los dedos de las manos los que han ido a la justicia, menos aún los que se han traducido en condenas contra los responsables de actos dolosos. El argumento a que han apelado siempre sus respectivos incumbentes es falta de recursos y personal para realizar las investigaciones de lugar que permitan acopiar pruebas con validez jurídica.
Ahora bien: con independencia de los méritos jurídicos de cada caso en particular, siempre estará presente el factor político. En esta oportunidad no es la excepción, con la diferencia de que ahora las figuras involucradas, Procurador General, senador investigado y abogado defensor son todos destacados dirigentes del mismo Partido de la Liberación Dominicana, lo que torna la situación más compleja y pudiera conllevar un elevado costo político tanto para el mismo como para el gobierno de Danilo Medina.
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