Los santiagueros están preocupados y con sobrada razón por la frecuencia conque se están registrando linchamientos contra delincuentes que son sorprendidos in fraganti. Entre los últimos casos ocurridos se cita el de dos menores de edad que fueron brutalmente golpeados por estar robando…mangos. Quizás una versión un tanto delictiva del popular "maroteo", que seguramente más de uno de los participantes en la paliza practicó de muchacho. Uno de los menores se reporta en grave estado.
Sin que esto sirva de justificación sino todo lo contrario, vale recordar que no es de ahora ni exclusivo de la ciudad de los 30 caballeros que se han venido produciendo actos de esa misma naturaleza en distintos puntos del país, principalmente en la provincia de Santo Domingo. Son varios los que han perdido la vida como consecuencia del ataque de las vengativas turbas.
Pero vale preguntar y debieran preguntarse los autores de estos hechos ¿a quiénes se está linchando? Hasta ahora, que se sepa, todos, absolutamente todos, han sido ladrones de poca monta. Ni un solo sicario, ni un solo capo de la droga, ni un solo jefe de mafias, ni un solo elemento de real peligrosidad ciudadana, de esos que asaltan y matan.
Como causa para este tipo de acciones, se menciona la creciente falta de confianza en las autoridades y en la Justicia. Seguramente hay mucho de razón en ese argumento. En más de una ocasión hemos señalado la progresiva pérdida de credibilidad en los tribunales, aumentada cada vez que se dicta un fallo que a todas luces resulta cuestionable y genera suspicacias, poniendo en libertad a elementos de amplio expediente criminal. Una de las tareas precisamente a que tiene que abocarse la nueva Suprema Corte es a restituir la perdida fe de la ciudadana en la Justicia. Conveniente recordar que ese tema estuvo presente en el discurso del Presidente del alto tribunal, doctor Mariano Germán, durante la celebración del Día del Poder Judicial y resultó la parte más aplaudida de su exposición.
Pero la realidad antes señalada no justifica que grupos de ciudadanos pretendan aplicar justicia por propia mano. Hay que decir por lo claro que el linchamiento no es justicia, es un acto tan criminal como el delito que se quiere castigar. Y en muchos casos, peor cuando la víctima es un simple ratero de menor cuantía.
Positivo que los ciudadanos se agrupen para asumir la defensa de su seguridad y sus bienes. Pero nunca para suplantar la autoridad, sino como complemento y auxiliar de la misma. Bien por consiguiente, que si atrapan a alguien en un acto delictivo procedan a perseguirlo y apresarlo. Pero no para matarlo, lo que convierte una legítima acción cívica en un acto criminal, sino para ponerlo en manos de las autoridades.
Se entiende la necesidad de sanear la Administración de Justicia de tal modo que recobre la confianza de la sociedad. Como también se hace necesario introducir cambios al Código Procesal Penal para que la sociedad no sienta, como ahora, que arropa la criminalidad en detrimento de la seguridad ciudadana. Pero el modo no es sancionar el delito por vía del linchamiento. Por este camino, terminaremos convirtiendo el país en una selva. Y esto es algo que seguramente nadie quiere y a todos perjudica.
Sin que esto sirva de justificación sino todo lo contrario, vale recordar que no es de ahora ni exclusivo de la ciudad de los 30 caballeros que se han venido produciendo actos de esa misma naturaleza en distintos puntos del país, principalmente en la provincia de Santo Domingo. Son varios los que han perdido la vida como consecuencia del ataque de las vengativas turbas.
Pero vale preguntar y debieran preguntarse los autores de estos hechos ¿a quiénes se está linchando? Hasta ahora, que se sepa, todos, absolutamente todos, han sido ladrones de poca monta. Ni un solo sicario, ni un solo capo de la droga, ni un solo jefe de mafias, ni un solo elemento de real peligrosidad ciudadana, de esos que asaltan y matan.
Como causa para este tipo de acciones, se menciona la creciente falta de confianza en las autoridades y en la Justicia. Seguramente hay mucho de razón en ese argumento. En más de una ocasión hemos señalado la progresiva pérdida de credibilidad en los tribunales, aumentada cada vez que se dicta un fallo que a todas luces resulta cuestionable y genera suspicacias, poniendo en libertad a elementos de amplio expediente criminal. Una de las tareas precisamente a que tiene que abocarse la nueva Suprema Corte es a restituir la perdida fe de la ciudadana en la Justicia. Conveniente recordar que ese tema estuvo presente en el discurso del Presidente del alto tribunal, doctor Mariano Germán, durante la celebración del Día del Poder Judicial y resultó la parte más aplaudida de su exposición.
Pero la realidad antes señalada no justifica que grupos de ciudadanos pretendan aplicar justicia por propia mano. Hay que decir por lo claro que el linchamiento no es justicia, es un acto tan criminal como el delito que se quiere castigar. Y en muchos casos, peor cuando la víctima es un simple ratero de menor cuantía.
Positivo que los ciudadanos se agrupen para asumir la defensa de su seguridad y sus bienes. Pero nunca para suplantar la autoridad, sino como complemento y auxiliar de la misma. Bien por consiguiente, que si atrapan a alguien en un acto delictivo procedan a perseguirlo y apresarlo. Pero no para matarlo, lo que convierte una legítima acción cívica en un acto criminal, sino para ponerlo en manos de las autoridades.
Se entiende la necesidad de sanear la Administración de Justicia de tal modo que recobre la confianza de la sociedad. Como también se hace necesario introducir cambios al Código Procesal Penal para que la sociedad no sienta, como ahora, que arropa la criminalidad en detrimento de la seguridad ciudadana. Pero el modo no es sancionar el delito por vía del linchamiento. Por este camino, terminaremos convirtiendo el país en una selva. Y esto es algo que seguramente nadie quiere y a todos perjudica.
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