Agentes de la AMET detuvieron y se incautaron de cientos de vehículos pesados y livianos que transitaban por la Autopista Duarte e incurrieron en diversas violaciones a las normas de tránsito. Es plausible esa acción, pero lo sería más si en vez de un operativo aislado se plantease como una estrategia sostenida que sin dudas contribuiría a que conductores desaprensivos e irresponsables, que en tantas ocasiones provocan accidentes fatales, fuesen más cuidadosos.
Ya antes también fueron igualmente retenidos cientos de vehículos, cuyos conductores no respetaron la luz roja, una de las faltas más graves en que se puede incurrir por el riesgo cierto que comporta de provocar colisiones y costo en vidas, en otro operativo que al parecer duró apenas uno o dos días ya que no se ha mencionado más el mismo.
Algo similar ocurre con las campañas que también de tiempo en tiempo, se montan contra los motoristas ya sea por andar sin casco, conducir sin licencia o hacerlo en forma temeraria. Recuérdese que los motoristas están involucrados en el 75 por ciento de los accidentes vehiculares. Ellos aportan también la mayor cantidad de víctimas fatales y de lesionados. Pero al no mantenerse una campaña sostenida, una vez que la AMET pierde interés o lo focaliza en otra área, se vuelven a cometer las mismas infracciones.
Lo más grave de todo sin embargo, es que la Ley 241 que regula el tránsito carece de mecanismos de real aplicación. En días recientes, se divulgó la información de que bajo la rectoría del general Sanz Jiminián agentes de la AMET han impuesto más de 700 mil multas por diversas infracciones. Sin dudas, un voluminoso expediente de trabajo. Pero la parte mejor es cuando se reconoce que de ese gran total ¡apenas es pagado el 3 por ciento de dichas multas¡ Los infractores simplemente reciben la citación y hacen tabla rasa de la misma, no concurriendo a juicio ni liquidando la penalidad.
El propio general Sanz Jiminián durante su participación con otras autoridades del tránsito en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio en semanas recientes, enfocando este mismo tema mencionó el caso de un infractor a quien se le han impuesto más de 200 multas sin que haya pagado una sola. Para decirlo en palabras llanas: ¡Así no se puede¡
En la comparecencia a que hacemos mención, Sanz Jiminián dio cuenta de un proyecto de ley encaminado a modificar la actual legislación que regula el tránsito vehicular, a fin de actualizarla y agravar las sanciones a los infractores.
Ahora bien…¿contempla ese proyecto establecer mecanismos eficientes y compulsivos para obligar a los infractores a pagar las multas? Porque de no ser así, es evidente que la situación de incumplimiento por parte de los violadores de las normas resultaría mucho más acentuada al ser mayores las penas y estar convencidos de que el no pago de las multas seguiría arropado de total impunidad.
Los accidentes vehiculares constituyen la principal causa de muertes violentas en el país. La cosecha de víctimas es diaria…pero a nadie parece perturbarle el sueño. En las calles proliferan choferes irresponsables, incompetentes, violentos y violadores hasta de las normas más elementales que convierten las vías públicas, autopistas y carreteras en un permanente riesgo de colisión y de muerte. Es una situación a la que tenemos que ponerle remedio. Si no se puede por vía de educación, hay que lograrlo a través de la compulsión de la ley. Porque cuando se habla de la necesidad de incrementar los niveles de seguridad ciudadana, el tema de los accidentes de tránsito no puede echarse a un lado por su elevado costo en vidas, lesionados muchos de ellos de manera permanente y cuantiosos daños materiales que han obligado a aumentar las primas de seguros.
Ya antes también fueron igualmente retenidos cientos de vehículos, cuyos conductores no respetaron la luz roja, una de las faltas más graves en que se puede incurrir por el riesgo cierto que comporta de provocar colisiones y costo en vidas, en otro operativo que al parecer duró apenas uno o dos días ya que no se ha mencionado más el mismo.
Algo similar ocurre con las campañas que también de tiempo en tiempo, se montan contra los motoristas ya sea por andar sin casco, conducir sin licencia o hacerlo en forma temeraria. Recuérdese que los motoristas están involucrados en el 75 por ciento de los accidentes vehiculares. Ellos aportan también la mayor cantidad de víctimas fatales y de lesionados. Pero al no mantenerse una campaña sostenida, una vez que la AMET pierde interés o lo focaliza en otra área, se vuelven a cometer las mismas infracciones.
Lo más grave de todo sin embargo, es que la Ley 241 que regula el tránsito carece de mecanismos de real aplicación. En días recientes, se divulgó la información de que bajo la rectoría del general Sanz Jiminián agentes de la AMET han impuesto más de 700 mil multas por diversas infracciones. Sin dudas, un voluminoso expediente de trabajo. Pero la parte mejor es cuando se reconoce que de ese gran total ¡apenas es pagado el 3 por ciento de dichas multas¡ Los infractores simplemente reciben la citación y hacen tabla rasa de la misma, no concurriendo a juicio ni liquidando la penalidad.
El propio general Sanz Jiminián durante su participación con otras autoridades del tránsito en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio en semanas recientes, enfocando este mismo tema mencionó el caso de un infractor a quien se le han impuesto más de 200 multas sin que haya pagado una sola. Para decirlo en palabras llanas: ¡Así no se puede¡
En la comparecencia a que hacemos mención, Sanz Jiminián dio cuenta de un proyecto de ley encaminado a modificar la actual legislación que regula el tránsito vehicular, a fin de actualizarla y agravar las sanciones a los infractores.
Ahora bien…¿contempla ese proyecto establecer mecanismos eficientes y compulsivos para obligar a los infractores a pagar las multas? Porque de no ser así, es evidente que la situación de incumplimiento por parte de los violadores de las normas resultaría mucho más acentuada al ser mayores las penas y estar convencidos de que el no pago de las multas seguiría arropado de total impunidad.
Los accidentes vehiculares constituyen la principal causa de muertes violentas en el país. La cosecha de víctimas es diaria…pero a nadie parece perturbarle el sueño. En las calles proliferan choferes irresponsables, incompetentes, violentos y violadores hasta de las normas más elementales que convierten las vías públicas, autopistas y carreteras en un permanente riesgo de colisión y de muerte. Es una situación a la que tenemos que ponerle remedio. Si no se puede por vía de educación, hay que lograrlo a través de la compulsión de la ley. Porque cuando se habla de la necesidad de incrementar los niveles de seguridad ciudadana, el tema de los accidentes de tránsito no puede echarse a un lado por su elevado costo en vidas, lesionados muchos de ellos de manera permanente y cuantiosos daños materiales que han obligado a aumentar las primas de seguros.
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