Desde La Romana se informa que el Procurador Fiscal de ese Distrito, José Polanco, presentará una formal querella contra la jueza Mercedes Rodríguez, a la que correspondió coocer el sometimiento de varios encartados que el pasado 15 de Diciembre fueron apresados cuando trataban de introducir en el país, por el aeropuerto internacional de la localidad, un voluminoso cargamento de cocaína. El alijo, incautado por las autoridades, consistió en 20 maletas conteniendo nada menos que mil 77 kilos de la droga. Su valor en el mercado norteamericano pudiera alcanzar a decenas de millones de dólares.
La operación que permitió impedir el cuantioso contrabando fue consecuencia de una previa y meticulosa labor de inteligencia que involucró a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a la DEA norteamericana, en una operación llevada a cabo de conjunto, realizada en las primeras horas de la madrugada y que comprendió el uso de helicópteros.
Los detenidos por este hecho se encontraban guardando prisión preventiva desde el momento en que fueron apresados. Para ellos, el Fiscal Polanco, encargado de instrumentar el expediente acusatorio, había solicitado como coerción un año de prisión. La petición fue desechada por la magistrada quien, pese a la gravedad del delito imputado, dispuso la libertad provisional de los acusados mediante el pago de una simple fianza de apenas 500 mil pesos, cantidad que no guarda la más remota proporción con el valor de la droga incautada y que, como tantos otros casos, en modo alguno garantiza que los prevenidos no evadirán la acción de la Justicia.
No vamos a prejuzgar la actuación de la jueza, por más que el fallo resulte altamente cuestionable y ponga en duda su integridad o la correcta aplicación del Código Procesal Penal, que según sus críticos, resulta excesivamente vulnerable y protege más a los presuntos delincuentes que a la sociedad, aún en los casos de previos expedientes criminales y reiteradas reincidencias, En algunas ocasiones anteriores, jueces que han dictado fallos igualmente sospechosos, los han justificado amparándose en las disposiciones del mismo.
Pero por más que se pretenda, este tipo de decisiones judiciales, frecuentes sobre todo en los casos de narcotráfico, origina todo género de suspicacias, hace dudar de la honestidfad de quienes las dictan o al menos, de la eficacia de la Justicia para proteger a la sociedad. Esto así, en particular, cuando la presencia de los carteles de la droga y el crimen organizado se vuelve cada vez más notoria, peligrosa y letal.
En días recientes, la Fiscal de Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, declaró que el 86 por ciento de la población no cree en la Justicia Dominicana. Es lo que han dado las mediciones de algunas encuestas que auscultan la credibilidad de las distintas instituciones. Se trata de un resultado muy penoso, pero peor aún, extremadamente preocupante, porque coloca en estado agónico el orden institucional en que se asienta la convivencia social.
Si bien es cierto que los jueces hablan por sentencia, ello no excluye que las mismas queden debidamente justificadas a los ojos de la ciudadanía que contempla con estupor el clima de inseguridad reinante y el crecimiento del crimen y la impunidad.
Fallos como el que comentamos, al margen de juicios precipitados de valor, tienen que ser sin embargo, auditados por la cúpula judicial a la luz del derecho que le asiste a la sociedad a estar debidamente edificada tanto como por la propia imagen, bastante deriorada de nuestra Judicatura, urgida tanto como lo requiere el sosiego público, de recuperar su muy deteriorada credibilidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario