Las sendas grabaciones de conversaciones telefónicas presentadas como elementos de prueba, primero en la denuncia que involucra al coronel y abogado Pedro Julio “Pepe” Goico en un alegado complot contra el gobierno del Presidente de Haití, Michel Martelly y posteriormente, en la hecha por un grupo de diputados perredeístas que sigue las orientaciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado de amenazas de muerte contra este por parte de dos destacados dirigentes de la campaña presidencial de Hipólito Mejía, trae de nuevo a la actualidad el tema de los llamados “pinches” telefónicos. En ambos casos, se reclama esclarecer si las intervenciones fueron previamente autorizadas por autoridad judicial competente.
De hecho, el propio Mejía aprovechó la ocasión para afirmar que su número privado está intervenido por el Departamento Nacional de Investigación (DNI), al tiempo de condenar la citada práctica. Y por su parte, el conocido abogado Francisco “Pancho” Alvarez, quien ahora preside Participación Ciudadana, llama la atención sobre las grabaciones telefónicas que constituyen una flagrante violación a las leyes vigentes, el sagrado derecho a la privacidad de los ciudadanos y el mismo Pacto de Civilidad, promovido por la Iglesia Católica y suscrito recientemente por los aspirantes a la Presidencia de la República, salvo el doctor Guillermo Moreno que lo consideró innecesario.
Lamentablemente las grabaciones telefónicas no constituyen ninguna práctica novedosa. Es un pecado que venimos arrastrando de muy lejos, tan añejo como los apagones y que ha contado y sigue contando con infinidad de cómplices. Ningún gobierno ni partido político, salvo alguno de los emergentes, puede rasgarse las vestiduras en este sentido. Todos, en una u otra forma y en algún que otro momento, han adquirido este tipo de servicio de espionaje que es ofertado por más de un proveedor.
Su utilización alcanza también al sector privado, desde empresarios que ejercen la competencia con ánimo de pirata y la filosofia de que “todo es válido con tal de ganar” hasta maridos y esposas celosos. No falta, inclusive, algún que otro espécimen de parásito que no encuentra mejor cosa que hacer que hurgar en las vidas ajenas. Y naturalmente, los que se dedican al oficio de recolectar información comprometedora sobre vidas privadas con fines de extorsión.
No es por consiguiente de ahora, sino de siempre. Una actividad sucia e ilegal. Si se quiere, hasta indecente. Pero muy lucrativa y que se ha venido desenvolviendo con casi total impunidad, precisamente por la tupida y extensa tela de araña de las muchas complicidades involucradas, donde es difícil encontrar quien tenga moral para arrojar la bíblica primera piedra, menos aún atreverse a destapar la olla donde se cocinan tantos secretos y pecados.
De más señalar que la antigüedad de la práctica, no le da razón ni le otorga legitimidad. Por el contrario, dentro del proceso de institucionalidad del país y de garantía de los derechos ciudadanos, es preciso poner fin a esta actividad deleznable, de tal modo que se respeten estrictamente las normas que garantizan la privacidad de cada ciudadano. Es tiempo ya de que tanto los que prestan este tipo de servicio de espionaje como quienes lo contratan y utilizan, sean llevados a los tribunales y sancionados de manera ejemplar. La ley es clara en este sentido: las únicas intercepciones telefónicas que pueden realizarse son las autorizadas por un juez en base a razones que lo justifiquen. De no ser así, carecen de validez legal. Pero hay que procurar también que carezcan de tolerancia social y más que el morboso interés de enterarse de su contenido, conciten el más enérgico rechazo de la ciudadanía.
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