Aunque ya
mencionado con anterioridad, vale la pena insistir en el tema por la
importancia que reviste.
Cuando el
nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán, pronunció el tradicional discurso del Día del
Poder Judicial, anunció que una de las principales tareas que acometería sería
la de revisar aquellos fallos judiciales que fueran causa de cuestionamiento
público. Fue, según testimonio de los
asistentes y medios que cubrieron el evento, la parte más aplaudida de su
interesante exposición.
No ha perdido
tiempo en demostrar que hablaba en serio.
Evidencia contundente la acaba de dar con la destitución de una muy
cuestionada jueza de La Romana y otro juez, no menos motivo de reiteradas
críticas, de la jurisdicción de
Higüey. Dado que entre las faltas graves
que se les atribuyen y sirvieron de causa para la drástica decisión figuran
hechos que, como el soborno, califican
como delitos punibles, queda por ver si serán sometidos a la Justicia que no
supieron honrar.
Es un primer
paso. Y es claro que quedan muchos más
por dar, en lo que pudiera ser un largo camino de depuración en los predios
de la judicatura. Basta con apelar a un
par de referencias.
La primera la
ofrece el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) al recrear la denuncia
que en su momento hizo la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes
(ASONAHORES), para llamar la atención sobre la existencia de una especie de
mafia de abogados que contando con la complicidad de funcionarios
judiciales, estaban llevando a cabo
embargos en hoteles y centros turísticos en forma arbitraria en la región Este
con gran aparataje, empleo de grupos que
más parecían de maleantes que auxiliares de la Justicia y el consiguiente daño a ese importante al
tiempo que sensible sector de la economía nacional.
La otra,
reiterativa y tan reciente como que sale reflejada en la prensa de hoy, es la
declaración ofrecida por el mayor general Rolando Rosado Mateo al popular
rotativo portorriqueño El Nuevo Día, con motivo del serial que este ha venido
publicando sobre las actividades del narcotráfico entre la República Dominicana
y Puerto Rico.
En la misma,
el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas se lamenta por
nueva vez de la facilidad con que muchos elementos vinculados al negocio ilegal
de las sustancias ilegales obtienen su libertad en los tribunales, luego de haber sido sometidos por el
organismo. Rosado Mateo expresa
textualmente “La debilidad en la aplicación de la ley aquí es un dolor de
cabeza para nosotros. Vemos como arrestamos personas varias veces y es horrendo
que las dejen en libertad”.
No hay que
decir que tanto en el primer caso, pero sobre todo en el segundo, sobran los
ejemplos de fallos judiciales que han provocado desde asombro hasta
indignación. Hay por consiguiente, mucha
tela por donde cortar.
De esperar que
estos dos primeros casos de destitución en que frente a las pruebas estudiadas
se ha procedido sin paños tibios, sean el inicio de ese necesario proceso de
saneamiento del Poder Judicial de jueces y funcionarios corruptos o incapaces o
ambas cosas a la vez. Para que la noble
función de impartir justicia recupere toda su dignidad y la confianza de la
ciudadanía. Porque un Poder Judicial
eficiente y ético, responsable e invulnerable a la corrupción, el compadrazgo,
el temor y la presión constituye la más sólida garantía para la vida
institucional de toda sociedad civilizada.
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