Nuestro diligente embajador en Washington, Aníbal de Castro, quien ya anteriormente realizó una excelente labor diplomática en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ha solicitado de las autoridades norteamericanas proveer al país de mayores recursos para enfrentar el narcotráfico.
Mediante el Plan Mérida, los Estados Unidos han entregado cientos de millones de dólares a México y a países de Centroamérica para fortalecer la lucha contra los poderosos carteles que operan en toda la región, tratando de frenar la copiosa entrada de principalmente cocaína, heroína y marihuana en su territorio. Este intenso tráfico se estima que solamente el pasado año, movió en México más de 68 mil millones de dólares.
Desde la puesta en práctica del Plan Mérida, se previó y advirtió que los carteles del narcotráfico pudieran derivar gran parte de sus operaciones hacia el área del Caribe, principalmente Haití y la República Dominicana. Los importantes alijos de sustancias ilegales incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas, siete toneladas y media tan solo en el 2011 más importantes decomisos en apenas las primeras semanas del presente, confirma que ha aumentado la actividad del narcotráfico a nivel local.
Nosotros carecemos de medios suficientes para hacer frente a esta situación. De hecho, de los cuantiosos fondos erogados para la ejecución del Plan Mérida, apenas nos tocó una ínfima parte. Nuestro país tuvo que realizar un gran sacrificio económico para la adquisición de los aviones Tucanos que han venido dando una eficiente cobertura áerea, al punto de que los famosos bombardeos de drogas de que habló el para muchos mal recordado embajador Hans Hertell, son ya historia.
Pero es evidente que en nuestro caso se trata de un enfrentamiento ampliamente disparejo donde trabajando nuestras autoridades prácticamente a manos peladas, llevamos la peor parte. Baste señalar que el presupuesto anual de que dispone la Dirección Nacional de Control de Drogas resulta muy inferior tan solo al último gran alijo ocupado en días recientes por la DEA en Puerto Rico, de 850 kilos de cocaína procedente del territorio dominicano, con un valor estimado de sesenta millones de dólares.
De ahí la fuerte justificación que avala el pedido hecho por el embajador de Castro de mayores recursos para que nuestras autoridades puedan equiparse de un modo más adecuado y realizar un trabajo más eficiente, al tiempo que también entregar un mayor subsidio a las instituciones dedicadas a la prevención y rehabilitación como Casa Abierta, Hogar Crea y otras.
En sus habituales certificaciones, las autoridades norteamericanas incluyen a la República Dominicana entre los países que sirven de trampolín al trasiego de estupefacientes hacia su territorio. Es cierto. Pero también que ello es consecuencia de su voluminoso mercado de consumo. De no existir este, República Dominicana estaría libre de flagelo de las drogas, que hoy por desgracia figura entre los principales males que debemos enfrentar.
Lo que necesitamos por tanto, es menos críticas y más ayuda.
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