Originalmente era una exoneración por período congresional, bajo el alegato, hasta cierto punto entendible de que había legisladores que vivían en el interior, carecían de vehículo y necesitaban proveerse de uno para poder trasladarse a la capital los días de sesión. Otros, que sí disponían de vehículo propio, vendían la exoneración a particulares y conseguían un ingreso extra. Era una práctica censurada pero hasta cierto punto tolerada, sobre todo porque la mayoría de los vehículos adquiridos no resultaban excesivamente lujosos.
Con el tiempo, sin embargo, algunos más avispados, le tomaron el pulso y el gusto a la oportunidad de hacerse con mayores ganancias. Y surgió entonces la propuesta de conceder una exoneración cada dos años, en vez de cuatro. O sea, dos por cada período congresional. Así, quienes tenían vehículo propio, vendían dos en vez de una y duplicaban el ingreso extra. Otros, utilizaban una para su propio uso y vendía la otra. Aunque siempre generando denuncias y críticas por lo que se consideraban privilegios irritantes, la situación no pasaba a mayores.
Pero ya más recientemente, la práctica ha adquirido otras dimensiones hasta el punto de escandalizar aún a los más indiferentes. Sobre este aspecto, Participación Ciudadana ha ofrecido un dato de gran interés.
Según la entidad, la importación de 127 vehículos de lujo exonerados por parte de senadores y diputados representaron que el Estado dejara de cobrar 266 millones de pesos en impuestos. En la mayoría de los casos, los precios en fábrica de los vehículos son como para quitar la respiración: en dólares 200 mil, 250 mil y en un caso al menos alrededor de 450 mil. Traducido este último a pesos a la tasa actual, estaríamos hablando de más de 17 millones.
Salvo alguna que otra, todas las restantes exoneraciones fueron vendidas a particulares. Y si cuestionable es el hecho de que señores legisladores, a costa del Estado por cuyos intereses están supuestos a velar, se dediquen a estas prácticas casi dolosas, no menos inmoral es el hecho de que particulares que disponen de recursos suficientes para adquirir un vehículo de varios millones de pesos, le regateen y escamoteen al Estado el pago de los correspondientes derechos.
Ante la situación señalada, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, plantea que en vez de importación libre como ocurre ahora, le sea fijado un límite al precio de los vehículos exonerados a los congresistas.
Apoyamos esa propuesta de tal modo que se ponga fin a la concesión de exoneraciones a los congresistas para traer al país carros de los más costosos que se comercializan a nivel mundial, a favor de terceros que si pueden costear los mismos también están en capacidad de pagar los impuestos correspondientes. Como también sugerimos que en vez de una exoneración cada dos años, se conceda una sola durante el período y que ésta sea intransferible.
Pero ojo y oído. Pared Pérez tiene razón. No son solo los congresistas. Hay quienes arropados en instituciones benéficas o sin fines de lucro o en incentivos especiales otorgados a empresas que se entiendan necesarios para facilitar su desarrollo y contribución al crecimiento económico y creación de empleos, gestionan exoneraciones para uso personal, en no pocos casos también de un innecesario nivel de lujo, lo cual también debe ser prohibido. La ley debe correr pareja.
De esperar que la propuesta del Presidente del Senado sea acogida no solo por sus compañeros de hemiciclo sino respaldada por la Sociedad Civil a través de sus diferentes mecanismos de expresión y presión, más en estos momentos de crisis financiera internacional y local donde se precisa de un mensaje de real austeridad que cuente con el endoso del propio ejemplo, sobre todo de quienes cargan sobre sí la responsabilidad de elaborar el andamiaje jurídico que sirve de soporte institucional al país.
TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. ¨teledebate@hotmail.com”
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