Que la sangre no llegue al río

El estimado de perjuicios económicos varía. FENATRADO los calcula en unos 30 millones de pesos diarios. El Centro de Exportación e Inversión menciona la cifra de 1 millón 600 mil dólares que al cambio vienen a ser casi 57 millones de pesos en números redondos. En tanto, ADOEXPO, hace subir la cantidad a cien millones. Pero cual sea la cifra en definitiva, lo cierto es que las pérdidas por el conflicto entablado entre los camioneros dominicanos y los haitianos son de significación para ambos. De este lado, dejando de exportar a nuestro mercado natural más próximo y del otro, donde hay precariedad de todo género de abastecimientos, dejando de recibir suministros que les resultan tan necesarios.

Hasta ahora todas las negociaciones han fracasado, inclusive los esfuerzos de conciliación de esfuerzos emprendidos en común por nuestro embajador en Haití y el de éste en nuestro país. Pero lo más grave de todo es que los ánimos se encuentran en su punto más alto de agresividad. Los nuestros alegan que sus vehículos han sido atacados al otro lado de la isla por grupos de camioneros haitianos armados. La respuesta de este lado ha sido la línea bajada por Blás Peralta, quien dirige FENATRADO, para armar a su gente y sellar con sus camiones la frontera para que, según palabras textuales, “no pase ni agua”.

Visto desde fuera no parece que las exigencias de los camioneros haitianos tengan asidero. Ellos reclaman reciprocidad pero lo que están planteando al parecer es una especie de despojo. Se entiende que demanden las mismas facilidades para entrar aquí con sus camiones que tengan los nuestros para llevar su carga a destino en territorio haitiano. Donde radica el problema es que en tanto de aquí para allá hay un fuerte envío de artículos producidos localmente que el mercado vecino demanda, en sentido inverso es ahora mismo muy poco lo que Haití produce que nosotros podamos necesitar.

Pero de la gran diferencia que pueda haber no es responsable República Dominicana. Ni el hecho de que los camioneros haitianos dispongan de muchas menos posibilidades de servir nuestro mercado que los nuestros el de ellos, puede pretender ser compensada por aquellos con la exigencia de un peaje ilegal de cuatro mil pesos por cada vehículo y el donarles graciosamente la mitad de la carga que transportan los nuestros. Eso simplemente es intento de extorsión.

Al margen de estas consideraciones, debemos cuidarnos de no convertir esta controversia sindical en tema de Estado, incurriendo en el mismo error en que antes cayeron algunas autoridades haitianas con motivo del linchamiento de uno de sus nacionales que antes había degollado a un dominicano, en lo que fue consecuencia de un incidente particular.

Pero sí es de reclamar que nuestras autoridades intervengan de este lado y las haitianas del suyo para evitar que las pasiones se desborden y la sangre pueda llegar al río, afectando las relaciones bilaterales que el propio embajador vecino aquí, Fritz Cineas, definió en días recientes como “difíciles y frágiles”, en tanto se buscan indispensables fórmulas de solución para desatar el nudo fronterizo que mantiene paralizado el intercambio comercial en perjuicio de ambos.

Cero corrupción

Lo expresó en días pasados en un evento internacional, el Vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y luego, con todo el énfasis que corresponde a su elevada jerarquía, el propio Presidente Leonel Fernández aseguró que su gobierno levanta la consigna de “Cero Corrupción”. Ahora la misma encuentra resonancia en el respetado Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferencia de Episcopado Dominicano Ramón Benito de la Rosa y Carpio en una breve pero muy contundente frase: “Si acabamos con ese flagelo, habrá más dinero para el país. No basta crear más empleos, nuevos impuestos, si la corrupción no termina”. Más claro con menos palabras y en lenguaje más sencillo no puede reflejarse lo que es una realidad palpable y un sentimiento creciente en la ciudadanía.

En semanas recientes, el Director General de Aduanas, Miguel Cocco, auténtico paradigma de honestidad, proclamó la necesidad de erradicar de la Administración a los funcionarios corruptos. Ya anteriormente, había advertido que “la corrupción es la mayor responsable de la pobreza de tantos dominicanos”, afirmación que compartimos. Sus categóricos señalamientos han sido respaldados en el terreno de los hechos por una gestión que es objeto de general reconocimiento en que no ha dado tregua al contrabando, tanto de mercancías como de medicamentos ilegales salvando para el patrimonio fiscal miles de millones de pesos.

Sancionar la corrupción dentro del marco jurídico establecido en los Códigos vigentes es un proceso complejo y una responsabilidad compartida por el Gobierno al que toca ejercer los mecanismos de vigilancia sobre sus propios funcionarios, a los fiscales que tienen a su cargo estructurar los expedientes acusatorios que son sometidos a los tribunales y a los jueces a quienes, con vista a las evidencias aportadas y estricto apego a la ley, corresponde aplicar las sanciones de lugar.

De cierto que no siempre es fácil acopiar los elementos probatorios del dolo que posibiliten al Ministerio Público instrumentar adecuadamente los casos de tal modo que los magistrados puedan dictar fallos condenatorios en el marco de un Código Procesal que apenas deja margen a la íntima convicción. Es de recordar que en días recientes precisamente, el Departamento de Prevención de la Corrupción Pública desestimó decenas de expedientes acusatorios por carecer de los necesarios elementos de prueba.

Pero hay otros en cambio, y hemos tenido pruebas más que suficientes en las últimas semanas, en que los propios funcionarios se autoincriminan de manera pública por ser más que ostensibles las irregularidades de todo tipo en que incurren y los actos ilegales que cometen. Toca en tales casos al gobierno proceder sin excusa ni dilación a tomar las medidas de lugar y disponer las investigaciones correspondientes llevadas a cabo con la mayor rigurosidad y transparencia, sin asomos de complacencia personal ni compromiso político que de lo contrario, puede ser interpretada por muchos como complicidad, para enviar la señal correcta de que “tolerancia cero” es mucho más que una simple consigna coyuntural para consumo público pero carente de sustancia y sustento.

Por lo demás, seguimos insistiendo en que así como el empleo es el mecanismo más eficaz para combatir la pobreza, la inversión del fardo de la prueba en el caso de los funcionarios públicos resulta el arma de mayor contundencia para frenar la corrupción cuando el tren de vida del presunto responsable entre en contraste con sus ingresos declarados, sin que el mismo pueda justificar de manera creíble y transparente todo exceso o dispendio en que incurra. Por esa vía, es difícil burlar la acción de la justicia..