Un camino peligroso

La libertad de expresión sin ninguna traba de censura encubierta constituye la piedra angular de todas las demás libertades. Lo es también del sistema democrático. En República Dominicana, a partir de la muerte de Trujillo y superando obstáculos y algunos rezagos dictatoriales que dejó como legado la tiranía, esa libertad se ha mantenido como un preciado bien, sirviendo de ejemplo a otros países. Ha sido motivo de orgullo para el periodismo nacional y valioso mecanismo de información, investigación, crítica y defensa de los intereses ciudadanos. Sobre esa libertad se ciernen hoy sin embargo, ominosos amagos de agresión a los que es preciso denunciar y poner enérgico freno.

Comencemos por el proyecto de nueva Constitución que entrará en fase de segunda lectura y a la que una sola palabra de apenas cinco letras, “veraz”, añadida a continuación del término información referida al ejercicio de la prensa, pudiera significar el cambio de un régimen de libertad de expresión a otro de expresión controlada. ¿Quién está en capacidad de decidir a priori la veracidad de una información? ¿Acaso se estaría pensando en crear una especie de Ministerio de la Información, donde todas las noticias sean sometidas a previa evaluación, entiéndase censura, para alambicar las que se consideren “veraces”, entiéndase también “políticamente correctas”? Dicen que el agregado se le hizo de contrabando, ya que la palabra veraz no aparecía en el texto original. Señal de más para entender que pudiera encubrir un propósito ulterior de oscuras manipulaciones.

Perverso por otro lado es el calificativo y no otro, que cabe al infortunado y disparatoso proyecto de ley que como una clara reacción de mezquino resentimiento, resulta de la autoría del diputado puertoplatense Alfonso Crisóstomo, molesto porque la acuciosa colega Alicia Ortega puso en evidencia que en su barrilito o nominilla hace figurar a un hermano, quien trabaja como chofer y a su señor padre. El legislador, quien entiende legítimas dichas inserciones presupuestarias, en vez de justificarlas con argumentos, como correspondería hacer y más si se trata de todo un señor congresista, en un claro intento de retaliación acude al expediente de pretender limitar la Ley de Acceso a la Información Pública, después de criticarla duramente, olvidando que la misma fue de la autoría de José Tomás Pérez, único senador que entonces tenía el PLD y la cual resultó de unánime acogida.

Lo que pretende el Crisóstomo de Puerto Plata, conocido por el apelativo de “Querido”, es nada más y nada menos que exigirle a un comunicador que recabe cualquier información de un funcionario, hacer una declaración jurada informando para qué la quiere, qué uso le piensa dar y otras barbaridades por el estilo, sin precedentes ni siquiera bajo regímenes dictatoriales donde se coarta o resulta inexistente la libertad de expresión. Tal solo puede concebirse en alguien que pretenda desempeñar la función pública de manera subrepticia y arropada de silencio.

Por suerte tal adefesio está cosechando el rechazo vigoroso de sus propios colegas de partido y de los demás legisladores. No obstante, es preciso salirle al paso al igual que a todo intento de limitar la libertad de expresión o someterla a censura, obviando que existe una ley que regula su ejercicio y ampara el derecho a reclamar en los tribunales la consiguiente rectificación e indemnización de quienes puedan sentirse agraviados por el uso indebido, abusivo o falaz que pueda hacerse de la misma.

Pese al rechazo, es oportuno, insistimos, mantenerse alertas para hacer frente a intentonas como ésta que pretenden conducirnos por un peligroso camino de mordaza y silenciamiento,que servirían para encubrir las más arbitrarias y vergonzosas acciones.